Decisión del Comité Especial de 14 de junio de 2007 relativa a Puerto Rico
El Comité Especial,
Teniendo presente la Declaración sobre la concesión de la independencia de los países y pueblos coloniales, contenida en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1960, así como las resoluciones y decisiones del Comité Especial relativas a Puerto Rico,
Considerando que la Asamblea General, en su resolución 43/47, de 22 de noviembre de 1988, declaró el período 1990-2000 Decenio Internacional para la Eliminación del Colonialismo, y que en virtud de la resolución 55/146, de 8 de diciembre de 2000, declaró el período 2001-2010 Segundo Decenio Internacional para la Eliminación del Colonialismo,
Teniendo presentes las veinticinco resoluciones y decisiones aprobadas por el Comité Especial sobre la cuestión de Puerto Rico, contenidas en los informes del Comité Especial a la Asamblea General, en particular aquellas aprobadas en los últimos años sin votación,
Recordando que el 25 de julio de 2007 se cumplen ciento nueve años de la intervención de los Estados Unidos de América en Puerto Rico,Recordando también las diversas iniciativas emprendidas en años recientes por los representantes políticos de Puerto Rico y los Estados Unidos, sin que se haya logrado hasta el momento poner en marcha un proceso de descolonización para Puerto Rico,
Enfatizando la necesidad de que los Estados Unidos propicien las condiciones necesarias para la plena aplicación de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General y las resoluciones y decisiones del Comité Especial relativas a Puerto Rico,
Tomando nota de que el Grupo Interagencial de Trabajo sobre el Estatus de Puerto Rico designado por el Presidente de los Estados Unidos, el cual presentó su informe el 22 de diciembre de 2005, afirmó que Puerto Rico es un territorio sujeto a la autoridad congresional de los Estados Unidos, y de que en el Congreso de los Estados Unidos se han presentado posteriormente iniciativas con relación al estatus de Puerto Rico,
Tomando nota también de la “Proclama de Panamá”, adoptada en el Congreso Latinoamericano y Caribeño por la Independencia de Puerto Rico, que con la presencia de treinta y tres partidos políticos de veintidós países de la región sesionó del 17 al 19 de noviembre de 2006, en Panamá,
Tomando nota además del debate que existe en Puerto Rico sobre la búsqueda de un procedimiento que permita iniciar el proceso de descolonización de Puerto Rico, y consciente del principio de que toda iniciativa para la solución del estatus político de Puerto Rico debe tomarla originalmente el pueblo de Puerto Rico,
Consciente de que la isla de Vieques, Puerto Rico, fue utilizada durante más de sesenta años por la infantería de marina de los Estados Unidos para llevar a cabo maniobras militares, con las correspondientes consecuencias negativas para la salud de la población, el medio ambiente y el desarrollo económico y social de ese municipio puertorriqueño,
Recordando la decisión del Gobierno de los Estados Unidos de poner fin al bombardeo y las maniobras militares en la isla de Vieques desde el 1ro de mayo de 2003, adoptada como resultado de un largo proceso desarrollado durante años de protestas pacíficas por parte del pueblo puertorriqueño y de una amplia campaña de solidaridad internacional, que ha sido oportunamente reflejada en los trabajos y los documentos del Comité Especial,
Tomando nota del consenso que existe en el pueblo y Gobierno de Puerto Rico sobre la necesidad de que se produzca la limpieza, descontaminación y devolución al pueblo de Puerto Rico de todas la tierras anteriormente utilizadas para maniobras e instalaciones y su utilización para el desarrollo social y económico de Puerto Rico,
Tomando nota también de las denuncias hechas por los habitantes de Vieques sobre la continuación de la detonación de bombas y quema abierta como método de limpieza, agravando así los problemas de salud y contaminación ya existentes y poniendo en riesgo la vida de civiles,
Tomando nota además del consenso que existe en el pueblo de Puerto Rico a favor de que se ponga en libertad a los presos políticos puertorriqueños que por más de veintiséis años han cumplido condenas en prisiones de los Estados Unidos por causas relacionadas con la lucha por la independencia de Puerto Rico, así como a aquéllos que guardan prisión por causas relacionadas con la lucha por la paz en Vieques,
Tomando nota de la preocupación existente en el pueblo de Puerto Rico con relación a las acciones violentas, incluidas la represión e intimidación, contra independentistas puertorriqueños en Puerto Rico, incluyendo las que se han conocido recientemente a partir de documentos desclasificados por agencias federales de los Estados Unidos,
Tomando nota también de que en el Documento Final de la Decimocuarta Conferencia Cumbre del Movimiento de Países No Alineados, celebrada en La Habana, del 11 al 16 de septiembre de 2006, y en otras reuniones del movimiento, se reafirma el derecho del pueblo de Puerto Rico a la libre determinación e independencia, de conformidad con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, se exhorta al Gobierno de los Estados Unidos a asumir su responsabilidad de acelerar un proceso que permita que el pueblo de Puerto Rico ejerza plenamente su derecho inalienable a la libre determinación y la independencia, y se insta al Gobierno de los Estados Unidos a devolver el territorio y las instalaciones ocupados en la isla de Vieques y en la Estación Naval de Roosevelt Roads al pueblo puertorriqueño, que constituye una nación latinoamericana y caribeña, y se insta a la Asamblea General a examinar activamente la cuestión de Puerto Rico en todos sus aspectos,
Habiendo oído declaraciones y testimonios representativos de diversas tendencias del pueblo puertorriqueño y sus instituciones sociales 1,
Habiendo examinado el informe del Relator del Comité Especial sobre la aplicación de las resoluciones relativas a Puerto Rico,
1. Reafirma el derecho inalienable del pueblo puertorriqueño a la libre determinación e independencia, de conformidad con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, y la aplicabilidad de los principios fundamentales de dicha resolución a la cuestión de Puerto Rico;
2. Reitera que el pueblo puertorriqueño constituye una nación latinoamericana y caribeña que tiene su propia e inconfundible identidad nacional;
3. Llama al Gobierno de los Estados Unidos de América a asumir su responsabilidad de propiciar un proceso que permita que el pueblo de Puerto Rico ejerza plenamente su derecho inalienable a la libre determinación y la independencia, de conformidad con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General y las resoluciones y decisiones del Comité Especial relativas a Puerto Rico;
4. Toma nota del amplio apoyo de personalidades, Gobiernos y fuerzas políticas e América Latina y el Caribe a la independencia de Puerto Rico;
5. Toma nota también del debate que existe en Puerto Rico sobre la implementación de un mecanismo que pueda asegurar la plena participación de todos los sectores de opinión puertorriqueños, consciente del principio de que toda iniciativa para la solución del estatus político de Puerto Rico debe tomarla originalmente el pueblo de Puerto Rico;
6. Expresa profunda preocupación en relación con las acciones llevadas a cabo contra luchadores independentistas en los últimos meses y alienta a que se lleven a cabo una investigación sobre esas acciones, con el rigor necesario ya la cooperación de las autoridades pertinentes;
7. Solicita a la Asamblea General que examine de manera amplia y en todos los aspectos la cuestión de Puerto Rico;
8. Insta al Gobierno de los Estados Unidos, en consonancia con la necesidad de garantizar al pueblo puertorriqueño su legítimo derecho para la libre determinación y la protección de sus derechos humanos, a que termine la devolución de toda la tierra antes ocupada y las instalaciones en Vieques y Ceiba al pueblo de Puerto Rico, atienda a los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la salud y al desarrollo económico, y acelere la ejecución y asuma los costos del proceso de limpieza y descontaminación de las áreas de impacto anteriormente utilizadas en las maniobras militares mediante métodos que no continúen agravando las serias consecuencias de su actividad militar para la salud de los habitantes de la isla de Vieques y el medio ambiente;
9. Pide al Presidente de los Estados Unidos que ponga en libertad a todos los presos políticos puertorriqueños que por más de veintiséis años han cumplido condenas en prisiones de los Estados Unidos por causas relacionadas con la lucha por la independencia de Puerto Rico, así como a aquellos que guardan prisión por causas relacionadas con la lucha por la paz en Vieques;
10. Toma nota con satisfacción del informe preparado por el Relator del Comité Especial1, en cumplimiento de lo dispuesto en su resolución de 12 de junio de 2006;
11. Solicita al Relator que informe al Comité Especial en el año 2008 sobre la aplicación de la presente resolución;
12. Decide mantener la cuestión de Puerto Rico bajo examen continuo.
1. A/AC.109/12007/L.3.
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jueves, 21 de junio de 2007
viernes, 15 de junio de 2007
PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE DESCOLONIZACION
Por: Wilma E. Reverón Collazo
Comité Puerto Rico en la ONU
14 de junio 2007
Señora Margaret Hughes Ferrari, Presidente del Comité Especial de Descolonización: le saludo y felicito por dos importantes razones – por la presidencia de San Vicente de este importante Comité y porque es la primera vez que adviene a la presidencia del mismo una mujer.
Señores delegados del Comité:
A nombre del Comité Puerto Rico en la ONU les saludo y agradezco la atención que sé van a dedicar a este tema en que le va la vida a nuestro pueblo.
Desde su creación, la Organización de Naciones Unidas incorporó en sus estatutos el reconocimiento del derecho de los pueblos a la libre determinación[1], a desarrollar el gobierno propio[2]; a establecer libremente su condición política y proveer asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.[3] El derecho a la libre determinación es un derecho fundamental sin el cual no es posible el disfrute pleno de otros derechos[4].
El derecho de descolonización vigente hoy se encuentra plasmado en la Carta de las Naciones Unidas, en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, en múltiples y reiteradas resoluciones de la Asamblea General de la ONU, siendo la ley especializada la Carta Magna de la Descolonización, la Resolución 1514(XV). Todos estos instrumentos reiteran como principio la inadmisibilidad de la intervención de los estados en la soberanía de los pueblos y la protección de los pueblos sometidos al colonialismo para garantizar el ejercicio pleno de su derecho a la libre determinación e independencia.[5]
Gross Espiell señala que para el derecho internacional actual el colonialismo es un crimen, un delito internacional, tipificado como tal. Por lo tanto, debe destacarse que a partir de la aprobación de la Resolución 1514(XV), todos los títulos en los que se fundó o se pretendió fundar la soberanía o el dominio sobre un territorio, han caducado en cuanto violan el principio de la libre determinación de los pueblos sometidos a la dominación colonial y extranjera. En virtud del nuevo decreto internacional aplicable, todos los antiguos títulos coloniales resultantes del viejo y caducado derecho internacional, han dejado de existir.
En el caso de Puerto Rico la “legalidad” la cual invoca la potencia interventora, Estados Unidos de América, para justificar su sujeción del territorio y el pueblo puertorriqueño, se ampara en la Resolución 748(VIII) de la Asamblea General de la ONU, adoptada el 27 de noviembre de 1953. La posición de Estados Unidos es que el pueblo de Puerto Rico ya ejerció su derecho a la libre determinación, mediante la adopción de una constitución propia y la organización de un gobierno propio. Sin embargo, según surge del Informe del Grupo Interagencial Sobre Puerto Rico, adoptado en abril de 2007 por la Casa Blanca del Presidente George W. Bush como política oficial, Estados Unidos reitera que Puerto Rico es un territorio que pertenece a, pero no forma parte de Estados Unidos, que como tal está sujeto a los poderes plenarios del Congreso de Estados Unidos, y que podrían disponer de él inclusive cediéndolo a otro estado. Dicha declaración política del Presidente de Estados Unidos demuestra, que lo acontecido en 1953 con la adopción de la Resolución 748(VIII), fue meramente una acción de relaciones públicas internacionales sin ningún propósito de cumplimiento con el derecho internacional sobre descolonización, situación que los puertorriqueños hemos denunciados año tras año ante este Comité de Descolonización.
El Grupo Interagencial fue constituido por una Orden Ejecutiva del entonces Presidente de Estados Unidos, William J. Clinton, en diciembre de 2000. En dicha Orden Ejecutiva Clinton estableció, como política pública de la Rama Ejecutiva, cito del inglés: “to help answer the question that the people of Puerto Rico have asked for years regarding the options for the Islands’ future status and the process of realizing an option.” La Orden Ejecutiva del presidente Clinton, le dá un mandato al Grupo Interagencial de implantar dicha política de la siguiente forma: “to consider and develop position on proposals, without preference among the options, for the Commonwealth’s future status.” Pero según señaló el señor Kevin Marshall el pasado 25 de abril de 2007 ante el Subcomité de Asuntos Insulares de la Cámara de Representantes de Estados Unidos[6], dichas recomendaciones quedan limitadas a opciones que no sean incompatibles con la Constitución, las leyes y la política de Estados Unidos.
Dicha declaración política del Presidente de Estados Unidos evidencia una vez más que lo acontecido en 1953 con la adopción de la Resolución 748(VIII) fue meramente una acción de relaciones públicas internacionales sin ningún propósito de cumplimiento con el derecho internacional sobre descolonización entonces vigente.
El 28 de agosto de 1972[7] se logra por primera vez que el Comité se exprese mediante una resolución sobre la aplicación de la Resolución 1514(XV) al caso de Puerto Rico, “Reconociendo el derecho inalienable del pueblo de Puerto Rico a la libre determinación y a la independencia de conformidad con la resolución 1514(XV) de la Asamblea General de 14 de diciembre de 1960.” Han pasado treinta y cinco (35) años y veinte cinco (25) resoluciones sin que Estados Unidos sin que Estados Unidos haya cumplido con sus obligaciones con la comunidad internacional ni con el pueblo de Puerto Rico.
El Comité Especial se expresó en su resolución[8] de 2006 sobre lo que espera de Estados Unidos en términos del derecho aplicable al caso colonial de Puerto Rico: “Tomando Nota de que el Grupo Interagencial de Trabajo sobre el Estatuto de Puerto Rico designado por el Presidente de Estados Unidos, afirmó que Puerto Rico es un territorio sujeto a la autoridad congresional de los Estados Unidos; Tomando nota del debate que existe en Puerto Rico sobre la búsqueda de un procedimiento que permita iniciar el proceso de descolonización de Puerto Rico y consciente de que toda iniciativa para la solución del status político de Puerto Rico debe tomarla originalmente el pueblo de Puerto Rico; 1.Reafirma el derecho inalienable del pueblo puertorriqueño a la libre determinación e independencia, de conformidad con la resolución 1514(XV) de la Asamblea General, y la aplicabilidad de los principios fundamentales de dicha resolución a la cuestión de Puerto Rico” y “2. Llama al gobierno de Estados Unidos de América a asumir su responsabilidad de propiciar un proceso que permita que el pueblo de Puerto Rico ejerza plenamente su derecho inalienable a su libre determinación e independencia, de conformidad con la resolución 1514(XV) de la asamblea general y las resoluciones y decisiones del Comité Especial relativas a Puerto Rico”
El Comité de Descolonización ha reconocido los esfuerzos que realiza el pueblo de Puerto Rico para identificar mecanismos que aseguren la plena participación de todos los puertorriqueños, como lo sería a través de una asamblea constitucional de status[9]. Estamos hablando de una asamblea constitucional de status, que tiene que cumplir con el requisito de que la iniciativa nazca del pueblo de Puerto Rico; que en esa deliberación de los puertorriqueños, haya una política de mano fuera por parte de Estados Unidos; que tiene que haber un compromiso del gobierno de Estados Unidos de que van a respetar el resultado de esa deliberación; que tiene que garantizarse que el pueblo de Puerto Rico va a estar libre de las presiones económicas y políticas de parte de Estados Unidos en ese proceso; y que lo que se decida en Puerto Rico sobre su soberanía no esté sujeto a la aprobación de Estados Unidos.
Resulta necesario llevar la discusión sobre el caso de Puerto Rico al pleno de la Asamblea General, donde están plenamente representados los países en desarrollo, que saben por experiencia propia, que la lucha en estos momentos por la soberanía política es importante para lograr también la soberanía económica y el control de su medio ambiente y sus recursos naturales, que es uno de los grandes problemas que Puerto Rico y los pueblos pobres del mundo confrontan en la actualidad.
El Comité Puerto Rico en la ONU se une a las denuncias que aquí se escucharán sobre los actos de expropiación y control que ejerce Estados Unidos sobre nuestro medio ambiente y recursos naturales, sobre todo los recursos de agua. Apoyamos los reclamos del heroico pueblo de Vieques para que se limpie y descontamine sus tierras y cese la detonación a cielo abierto de las bombas dejadas atrás por la Marina de Guerra de Estados Unidos. Apoyamos la solicitud por la excarcelación de los patriotas puertorriqueños, Oscar López Rivera, Carlos Alberto Torres y Haydée Beltrán, que cumplen condenas de cárcel por sus luchas por nuestra independencia por más de veinte seis (26) años.
Mientras nuestros patriotas cumplen cárcel por luchar contra el colonialismo, los criminales colonialista, Estados Unidos de América, gozan de impunidad en la comunidad internacional. Pregunto yo, hasta cuándo haremos un llamado para que la comunidad internacional exija enérgicamente que Estados Unidos respete el derecho del pueblo de Puerto Rico a su libre determinación e independencia antes que concluya el segundo decenio contra el colonialismo o de lo contrario se le juzgue por el crimen de 109 años de colonialismo del Pueblo de Puerto Rico.
Muchas gracias.
[1] Artículo I, párrafo 2, Carta de las Naciones Unidas
[2] Artículo 73b, Carta de las Naciones Unidas, Capítulo XI
[3] Artículo I, Convención Internacional de Derechos Humanos y Artículo I Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
[4] Mills, supra, citando de la obra de Aureliu Cristecu, “The Rigth to Self Determination: Historical and Current Development on the Basis of United nations Instruments”, Special Rapporteur of the Sub-Commission on Prevention on discrimination ans protection of Minorities, (New York: United Nations, 1981):pp. 8-9, 119.
[5] Gross Espiell, Hector: “El Derecho a la Libre Determinación de la Naciones Unidas” (New York: ONU 1979)
[6] Statement of Kevin C. Marhall, Deputy Assistant Attorney General, Office of Legal Counsel, U.S. Department of Justice, Before the Subcommittee on Insular Affairs of the Committee on Natural Resources, United States House of Representatives, Hearing on H.R. 900, “The Puerto Rico Democracy Act of 2007”, and H.R. 1230, “The Puerto Rico Self Determination Act of 2007”, April 25, 2007.
[7] A/AC.109/419
[8] A/AC.109/2006/L.7
[9] A/AC.109/2000/24, A/AC.109/2001/22, , A/AC.109/2002/22, A, A/AC.109/2003/22/AC.109/2004/22,
Comité Puerto Rico en la ONU
14 de junio 2007
Señora Margaret Hughes Ferrari, Presidente del Comité Especial de Descolonización: le saludo y felicito por dos importantes razones – por la presidencia de San Vicente de este importante Comité y porque es la primera vez que adviene a la presidencia del mismo una mujer.
Señores delegados del Comité:
A nombre del Comité Puerto Rico en la ONU les saludo y agradezco la atención que sé van a dedicar a este tema en que le va la vida a nuestro pueblo.
Desde su creación, la Organización de Naciones Unidas incorporó en sus estatutos el reconocimiento del derecho de los pueblos a la libre determinación[1], a desarrollar el gobierno propio[2]; a establecer libremente su condición política y proveer asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.[3] El derecho a la libre determinación es un derecho fundamental sin el cual no es posible el disfrute pleno de otros derechos[4].
El derecho de descolonización vigente hoy se encuentra plasmado en la Carta de las Naciones Unidas, en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, en múltiples y reiteradas resoluciones de la Asamblea General de la ONU, siendo la ley especializada la Carta Magna de la Descolonización, la Resolución 1514(XV). Todos estos instrumentos reiteran como principio la inadmisibilidad de la intervención de los estados en la soberanía de los pueblos y la protección de los pueblos sometidos al colonialismo para garantizar el ejercicio pleno de su derecho a la libre determinación e independencia.[5]
Gross Espiell señala que para el derecho internacional actual el colonialismo es un crimen, un delito internacional, tipificado como tal. Por lo tanto, debe destacarse que a partir de la aprobación de la Resolución 1514(XV), todos los títulos en los que se fundó o se pretendió fundar la soberanía o el dominio sobre un territorio, han caducado en cuanto violan el principio de la libre determinación de los pueblos sometidos a la dominación colonial y extranjera. En virtud del nuevo decreto internacional aplicable, todos los antiguos títulos coloniales resultantes del viejo y caducado derecho internacional, han dejado de existir.
En el caso de Puerto Rico la “legalidad” la cual invoca la potencia interventora, Estados Unidos de América, para justificar su sujeción del territorio y el pueblo puertorriqueño, se ampara en la Resolución 748(VIII) de la Asamblea General de la ONU, adoptada el 27 de noviembre de 1953. La posición de Estados Unidos es que el pueblo de Puerto Rico ya ejerció su derecho a la libre determinación, mediante la adopción de una constitución propia y la organización de un gobierno propio. Sin embargo, según surge del Informe del Grupo Interagencial Sobre Puerto Rico, adoptado en abril de 2007 por la Casa Blanca del Presidente George W. Bush como política oficial, Estados Unidos reitera que Puerto Rico es un territorio que pertenece a, pero no forma parte de Estados Unidos, que como tal está sujeto a los poderes plenarios del Congreso de Estados Unidos, y que podrían disponer de él inclusive cediéndolo a otro estado. Dicha declaración política del Presidente de Estados Unidos demuestra, que lo acontecido en 1953 con la adopción de la Resolución 748(VIII), fue meramente una acción de relaciones públicas internacionales sin ningún propósito de cumplimiento con el derecho internacional sobre descolonización, situación que los puertorriqueños hemos denunciados año tras año ante este Comité de Descolonización.
El Grupo Interagencial fue constituido por una Orden Ejecutiva del entonces Presidente de Estados Unidos, William J. Clinton, en diciembre de 2000. En dicha Orden Ejecutiva Clinton estableció, como política pública de la Rama Ejecutiva, cito del inglés: “to help answer the question that the people of Puerto Rico have asked for years regarding the options for the Islands’ future status and the process of realizing an option.” La Orden Ejecutiva del presidente Clinton, le dá un mandato al Grupo Interagencial de implantar dicha política de la siguiente forma: “to consider and develop position on proposals, without preference among the options, for the Commonwealth’s future status.” Pero según señaló el señor Kevin Marshall el pasado 25 de abril de 2007 ante el Subcomité de Asuntos Insulares de la Cámara de Representantes de Estados Unidos[6], dichas recomendaciones quedan limitadas a opciones que no sean incompatibles con la Constitución, las leyes y la política de Estados Unidos.
Dicha declaración política del Presidente de Estados Unidos evidencia una vez más que lo acontecido en 1953 con la adopción de la Resolución 748(VIII) fue meramente una acción de relaciones públicas internacionales sin ningún propósito de cumplimiento con el derecho internacional sobre descolonización entonces vigente.
El 28 de agosto de 1972[7] se logra por primera vez que el Comité se exprese mediante una resolución sobre la aplicación de la Resolución 1514(XV) al caso de Puerto Rico, “Reconociendo el derecho inalienable del pueblo de Puerto Rico a la libre determinación y a la independencia de conformidad con la resolución 1514(XV) de la Asamblea General de 14 de diciembre de 1960.” Han pasado treinta y cinco (35) años y veinte cinco (25) resoluciones sin que Estados Unidos sin que Estados Unidos haya cumplido con sus obligaciones con la comunidad internacional ni con el pueblo de Puerto Rico.
El Comité Especial se expresó en su resolución[8] de 2006 sobre lo que espera de Estados Unidos en términos del derecho aplicable al caso colonial de Puerto Rico: “Tomando Nota de que el Grupo Interagencial de Trabajo sobre el Estatuto de Puerto Rico designado por el Presidente de Estados Unidos, afirmó que Puerto Rico es un territorio sujeto a la autoridad congresional de los Estados Unidos; Tomando nota del debate que existe en Puerto Rico sobre la búsqueda de un procedimiento que permita iniciar el proceso de descolonización de Puerto Rico y consciente de que toda iniciativa para la solución del status político de Puerto Rico debe tomarla originalmente el pueblo de Puerto Rico; 1.Reafirma el derecho inalienable del pueblo puertorriqueño a la libre determinación e independencia, de conformidad con la resolución 1514(XV) de la Asamblea General, y la aplicabilidad de los principios fundamentales de dicha resolución a la cuestión de Puerto Rico” y “2. Llama al gobierno de Estados Unidos de América a asumir su responsabilidad de propiciar un proceso que permita que el pueblo de Puerto Rico ejerza plenamente su derecho inalienable a su libre determinación e independencia, de conformidad con la resolución 1514(XV) de la asamblea general y las resoluciones y decisiones del Comité Especial relativas a Puerto Rico”
El Comité de Descolonización ha reconocido los esfuerzos que realiza el pueblo de Puerto Rico para identificar mecanismos que aseguren la plena participación de todos los puertorriqueños, como lo sería a través de una asamblea constitucional de status[9]. Estamos hablando de una asamblea constitucional de status, que tiene que cumplir con el requisito de que la iniciativa nazca del pueblo de Puerto Rico; que en esa deliberación de los puertorriqueños, haya una política de mano fuera por parte de Estados Unidos; que tiene que haber un compromiso del gobierno de Estados Unidos de que van a respetar el resultado de esa deliberación; que tiene que garantizarse que el pueblo de Puerto Rico va a estar libre de las presiones económicas y políticas de parte de Estados Unidos en ese proceso; y que lo que se decida en Puerto Rico sobre su soberanía no esté sujeto a la aprobación de Estados Unidos.
Resulta necesario llevar la discusión sobre el caso de Puerto Rico al pleno de la Asamblea General, donde están plenamente representados los países en desarrollo, que saben por experiencia propia, que la lucha en estos momentos por la soberanía política es importante para lograr también la soberanía económica y el control de su medio ambiente y sus recursos naturales, que es uno de los grandes problemas que Puerto Rico y los pueblos pobres del mundo confrontan en la actualidad.
El Comité Puerto Rico en la ONU se une a las denuncias que aquí se escucharán sobre los actos de expropiación y control que ejerce Estados Unidos sobre nuestro medio ambiente y recursos naturales, sobre todo los recursos de agua. Apoyamos los reclamos del heroico pueblo de Vieques para que se limpie y descontamine sus tierras y cese la detonación a cielo abierto de las bombas dejadas atrás por la Marina de Guerra de Estados Unidos. Apoyamos la solicitud por la excarcelación de los patriotas puertorriqueños, Oscar López Rivera, Carlos Alberto Torres y Haydée Beltrán, que cumplen condenas de cárcel por sus luchas por nuestra independencia por más de veinte seis (26) años.
Mientras nuestros patriotas cumplen cárcel por luchar contra el colonialismo, los criminales colonialista, Estados Unidos de América, gozan de impunidad en la comunidad internacional. Pregunto yo, hasta cuándo haremos un llamado para que la comunidad internacional exija enérgicamente que Estados Unidos respete el derecho del pueblo de Puerto Rico a su libre determinación e independencia antes que concluya el segundo decenio contra el colonialismo o de lo contrario se le juzgue por el crimen de 109 años de colonialismo del Pueblo de Puerto Rico.
Muchas gracias.
[1] Artículo I, párrafo 2, Carta de las Naciones Unidas
[2] Artículo 73b, Carta de las Naciones Unidas, Capítulo XI
[3] Artículo I, Convención Internacional de Derechos Humanos y Artículo I Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
[4] Mills, supra, citando de la obra de Aureliu Cristecu, “The Rigth to Self Determination: Historical and Current Development on the Basis of United nations Instruments”, Special Rapporteur of the Sub-Commission on Prevention on discrimination ans protection of Minorities, (New York: United Nations, 1981):pp. 8-9, 119.
[5] Gross Espiell, Hector: “El Derecho a la Libre Determinación de la Naciones Unidas” (New York: ONU 1979)
[6] Statement of Kevin C. Marhall, Deputy Assistant Attorney General, Office of Legal Counsel, U.S. Department of Justice, Before the Subcommittee on Insular Affairs of the Committee on Natural Resources, United States House of Representatives, Hearing on H.R. 900, “The Puerto Rico Democracy Act of 2007”, and H.R. 1230, “The Puerto Rico Self Determination Act of 2007”, April 25, 2007.
[7] A/AC.109/419
[8] A/AC.109/2006/L.7
[9] A/AC.109/2000/24, A/AC.109/2001/22, , A/AC.109/2002/22, A, A/AC.109/2003/22/AC.109/2004/22,
sábado, 14 de abril de 2007
¿Y quién podría creer esto?
El peligro del calentamiento global y sus efectos adversos a la naturaleza y a la humanidad no es un problema que se verá en años venideros. Las consecuencias se están observando hoy en todo el mundo. En nuestra Latinoamérica los glaciales de los Andes están desapareciendo. En Centroamérica, los bosques tropicales están perdiendo su biodiversidad a una velocidad preocupante y en Puerto Rico tanto el gobierno como la población (exceptuando algunos valientes grupos ambientalistas) pareciera olvidarse que vivimos en una isla y que la estamos destruyendo con una rapidez vertiginosa.
La revista británica The Economist se ha preocupado por la destrucción del ambiente porque ya no le quedaba más remedio. Pero lo ha hecho muy inteligentemente, siempre argumentando que hacer algo por el ambiente hoy replicaría en ganancias económicas posteriores. Tal razonamiento ha llevado a sus editorialistas ha darle la razón al presidente cubano Fidel Castro en un artículo que él escribiera la semana pasada en la prensa cubana. ¿Alguien lo puede creer?
Aquí está el artículo íntegro:
La revista británica The Economist se ha preocupado por la destrucción del ambiente porque ya no le quedaba más remedio. Pero lo ha hecho muy inteligentemente, siempre argumentando que hacer algo por el ambiente hoy replicaría en ganancias económicas posteriores. Tal razonamiento ha llevado a sus editorialistas ha darle la razón al presidente cubano Fidel Castro en un artículo que él escribiera la semana pasada en la prensa cubana. ¿Alguien lo puede creer?
Aquí está el artículo íntegro:
Ethanol
Castro was right
Apr 4th 2007
From The Economist print edition
As a green fuel, ethanol is a good idea, but the sort that America produces is bad
FLPA
IT IS not often that this newspaper finds itself in agreement with Fidel Castro, Cuba's tottering Communist dictator. But when he roused himself from his sickbed last week to write an article criticising George Bush's unhealthy enthusiasm for ethanol, he had a point. Along with other critics of America's ethanol drive, Mr Castro warned against the “sinister idea of converting food into fuel”. America's use of corn (maize) to make ethanol biofuel, which can then be blended with petrol to reduce the country's dependence on foreign oil, has already driven up the price of corn. As more land is used to grow corn rather than other food crops, such as soy, their prices also rise. And since corn is used as animal feed, the price of meat goes up, too. The food supply, in other words, is being diverted to feed America's hungry cars.
Ethanol is not much used in Europe, but it is a fuel additive in America, and a growing number of cars can use either gasoline or ethanol. It accounted for only around 3.5% of American fuel consumption last year, but production is growing by 25% a year. That's because the government both subsidises domestic production and penalises imports. As a result, refineries are popping up like mushrooms all over the midwest, which now sees itself as the Texas of green fuel.
Why is the government so generous? Because ethanol is just about the only alternative-energy initiative that has broad political support. Farmers love it because it provides a new source of subsidy. Hawks love it because it offers the possibility that America may wean itself off Middle Eastern oil. The automotive industry loves it, because it reckons that switching to a green fuel will take the global-warming heat off cars. The oil industry loves it because the use of ethanol as a fuel additive means it is business as usual, at least for the time being. Politicians love it because by subsidising it they can please all those constituencies. Taxpayers seem not to have noticed that they are footing the bill.Bad, good and best
But corn-based ethanol, the sort produced in America, is neither cheap nor green. It requires almost as much energy to produce (more, say some studies) as it releases when it is burned. And the subsidies on it cost taxpayers, according to the International Institute for Sustainable Development, somewhere between $5.5 billion and $7.3 billion a year.
Ethanol made from sugar cane, by contrast, is good. It produces far more energy than is needed to grow it, and Brazil—the main producer of sugar ethanol—has plenty of land available on which to grow sugar without necessarily reducing food production or encroaching on rainforests. Other developing countries with tropical climates, such as India, the Philippines and even Cuba, could prosper by producing sugar ethanol and selling it to rich Americans to fuel their cars.
There is a brighter prospect still out there: cellulosic ethanol. It is made from feedstocks rich in cellulose, such as wood, various grasses and shrubs, and agricultural wastes. Turning it into ethanol requires expensive enzymes, but much research is under way to make the process cheaper. Cellulosic ethanol would be even more energy-efficient to produce than sugar ethanol and would not impinge at all upon food production. Eventually, it might even allow countries with lots of trees and relatively few people, such as Sweden and New Zealand, to grow their own fuel rather than import oil.
That is still some way off. In the meantime, America should bin its silly policy. If it stopped taxing good ethanol and subsidising bad ethanol, the former would flourish, the latter would wither, the world would be greener and the American taxpayer would be richer.
Ethanol is not going to solve the world's energy problems on its own. But its proponents do not claim that it would. Ethanol is just one of a portfolio of new energy technologies that will be needed over the coming years. Good ethanol, that is—not the bad stuff America is so keen on.
jueves, 15 de marzo de 2007
Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países
Cuba: proyecto de resolución
Decisión del Comité Especial de 13 de junio de 2005 relativa a Puerto Rico
El Comité Especial,
Teniendo presente la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, contenida en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1960, así como las resoluciones y decisiones del Comité Especial relativas a Puerto Rico,
Considerando que la Asamblea General, en su resolución 43/47, de 22 de noviembre de 1988, declaró el período 1990-2000 Decenio Internacional para la Eliminación del Colonialismo, y que en virtud de la resolución 55/146, de 8 de diciembre de 2000, declaró el período 2001-2010 Segundo Decenio Internacional para la Eliminación del Colonialismo,
Teniendo presentes las veinticuatro resoluciones y decisiones aprobadas por el Comité Especial sobre la cuestión de Puerto Rico, contenidas en los informes del Comité Especial a la Asamblea General, en particular aquellas aprobadas en los últimos años sin votación,
Recordando que el 25 de julio de 2006 se cumplen ciento ocho años de la intervención de los Estados Unidos de América en Puerto Rico,
Recordando también las diversas iniciativas emprendidas en años recientes por los representantes políticos de Puerto Rico y los Estados Unidos, sin que se haya logrado hasta el momento poner en marcha un proceso de descolonización para Puerto Rico,
Enfatizando la necesidad de que los Estados Unidos propicien las condiciones necesarias para la plena aplicación de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General y las resoluciones y decisiones del Comité Especial relativas a Puerto Rico,
Tomando nota de que el Grupo Interagencial de Trabajo sobre el Estatus de Puerto Rico designado por el Presidente de los Estados Unidos, el cual presentó su informe el 22 de diciembre de 2005, afirmó que Puerto Rico es un territorio sujeto a la autoridad congresional de los Estados Unidos,
Tomando nota también del debate que existe en Puerto Rico sobre la búsqueda de un procedimiento que permita iniciar el proceso de descolonización de Puerto Rico, y consciente del principio de que toda iniciativa para la solución del estatus político de Puerto Rico debe tomarla originalmente el pueblo de Puerto Rico,
Consciente de que la isla de Vieques, Puerto Rico, fue utilizada durante más de sesenta años por la infantería de marina de los Estados Unidos para llevar a cabo maniobras militares, con las correspondientes consecuencias negativas para la salud de la población, el medio ambiente y el desarrollo económico y social de ese municipio puertorriqueño,
Recordando la decisión del Gobierno de los Estados Unidos de poner fin al bombardeo y las maniobras militares en la isla de Vieques desde el 1° de mayo de 2003, adoptada como resultado de un largo proceso desarrollado durante años de protestas pacíficas por parte del pueblo puertorriqueño y de una amplia campaña de solidaridad internacional, que ha sido oportunamente reflejada en los trabajos y los documentos del Comité Especial,
Tomando nota del consenso que existe en el pueblo y Gobierno de Puerto Rico sobre la necesidad de que se produzca la limpieza, descontaminación y devolución al pueblo de Puerto Rico de todas las tierras anteriormente utilizadas para maniobras e instalaciones y su utilización para el desarrollo social y económico de Puerto Rico,
Recordando la liberación de algunos presos políticos puertorriqueños en los últimos años,
Tomando nota del consenso que existe en el pueblo de Puerto Rico a favor de que se ponga en libertad a los presos políticos puertorriqueños que por más de veinticinco años han cumplido condenas en prisiones de los Estados Unidos por causas relacionadas con la lucha por la independencia de Puerto Rico, así como a aquellos que guardan prisión por causas relacionadas con la lucha por la paz en Vieques,
Tomando nota también de la preocupación existente en el pueblo de Puerto Rico con relación a las acciones violentas, incluidas la represión e intimidación, llevadas a cabo en los últimos meses contra independentistas puertorriqueños en Puerto Rico,
Tomando nota además de que en el Documento Final de la Reunión Ministerial del Buró de Coordinación del Movimiento de Países No Alineados, celebrada en Putrajaya, Malasia, del 27 al 30 mayo de 2006, se reafirma el derecho del pueblo de Puerto Rico a la libre determinación e independencia, de conformidad con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, se llama al Gobierno de los Estados Unidos a asumir su responsabilidad de propiciar un proceso que permita que el pueblo de Puerto Rico ejerza plenamente su derecho inalienable a la libre determinación y la independencia, y se insta al Gobierno de los Estados Unidos a devolver toda la tierra ocupada y las instalaciones en la isla de Vieques y en la Estación Naval de Roosevelt Roads al pueblo puertorriqueño, que constituye una nación latinoamericana y caribeña,
Habiendo oído declaraciones y testimonios representativos de diversas tendencias del pueblo puertorriqueño y sus instituciones sociales,
Habiendo examinado el informe del Relator del Comité Especial sobre la aplicación de las resoluciones relativas a Puerto Rico[1],
1. Reafirma el derecho inalienable del pueblo puertorriqueño a la libre determinación e independencia, de conformidad con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, y la aplicabilidad de los principios fundamentales de dicha resolución a la cuestión de Puerto Rico;
2. Reitera que el pueblo puertorriqueño constituye una nación latinoamericana y caribeña que tiene su propia e inconfundible identidad nacional;
3. Llama al Gobierno de los Estados Unidos de América a asumir su responsabilidad de propiciar un proceso que permita que el pueblo de Puerto Rico ejerza plenamente su derecho inalienable a la libre determinación y la independencia, de conformidad con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General y las resoluciones y decisiones del Comité Especial relativas a Puerto Rico;
4. Toma nota del debate que existe en Puerto Rico sobre la implementación de un mecanismo que pueda asegurar la plena participación de todos los sectores de opinión puertorriqueños, consciente del principio de que toda iniciativa para la solución del estatus político de Puerto Rico debe tomarla originalmente el pueblo de Puerto Rico;
5. Expresa profunda preocupación en relación con las acciones llevadas a cabo contra luchadores independentistas en los últimos meses y alienta a que se lleve a cabo una investigación sobre esas acciones;
6. Reitera una vez más la esperanza de que la Asamblea General examine de manera amplia y en todos los aspectos la cuestión de Puerto Rico;
7. Insta al Gobierno de los Estados Unidos, en consonancia con la necesidad de garantizar al pueblo puertorriqueño su legítimo derecho para la libre determinación y la protección de sus derechos humanos, a que devuelva toda la tierra antes ocupada y las instalaciones en Vieques y Ceiba al pueblo de Puerto Rico, atienda a los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la salud y al desarrollo económico, asuma la ejecución y los costos del proceso de limpieza y descontaminación de las áreas de impacto anteriormente utilizadas en las maniobras militares y atienda a las serias consecuencias de su actividad militar para la salud de los habitantes de la isla de Vieques y el medio ambiente;
8. Pide al Presidente de los Estados Unidos que ponga en libertad a todos los presos políticos puertorriqueños que por más de veinticinco años han cumplido condenas en prisiones de los Estados Unidos por causas relacionadas con la lucha por la independencia de Puerto Rico, así como a aquellos que guardan prisión por causas relacionadas con la lucha por la paz en Vieques;
9. Toma nota con satisfacción del informe preparado por el Relator del Comité Especial, en cumplimiento de lo dispuesto en su resolución de 14 de junio de 2005;
10. Solicita al Relator que informe al Comité Especial en el año 2007 sobre la aplicación de la presente resolución;
11. Decide mantener la cuestión de Puerto Rico bajo examen continuo.
[1] A/AC.109/2006/L.3.
Decisión del Comité Especial de 13 de junio de 2005 relativa a Puerto Rico
El Comité Especial,
Teniendo presente la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, contenida en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1960, así como las resoluciones y decisiones del Comité Especial relativas a Puerto Rico,
Considerando que la Asamblea General, en su resolución 43/47, de 22 de noviembre de 1988, declaró el período 1990-2000 Decenio Internacional para la Eliminación del Colonialismo, y que en virtud de la resolución 55/146, de 8 de diciembre de 2000, declaró el período 2001-2010 Segundo Decenio Internacional para la Eliminación del Colonialismo,
Teniendo presentes las veinticuatro resoluciones y decisiones aprobadas por el Comité Especial sobre la cuestión de Puerto Rico, contenidas en los informes del Comité Especial a la Asamblea General, en particular aquellas aprobadas en los últimos años sin votación,
Recordando que el 25 de julio de 2006 se cumplen ciento ocho años de la intervención de los Estados Unidos de América en Puerto Rico,
Recordando también las diversas iniciativas emprendidas en años recientes por los representantes políticos de Puerto Rico y los Estados Unidos, sin que se haya logrado hasta el momento poner en marcha un proceso de descolonización para Puerto Rico,
Enfatizando la necesidad de que los Estados Unidos propicien las condiciones necesarias para la plena aplicación de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General y las resoluciones y decisiones del Comité Especial relativas a Puerto Rico,
Tomando nota de que el Grupo Interagencial de Trabajo sobre el Estatus de Puerto Rico designado por el Presidente de los Estados Unidos, el cual presentó su informe el 22 de diciembre de 2005, afirmó que Puerto Rico es un territorio sujeto a la autoridad congresional de los Estados Unidos,
Tomando nota también del debate que existe en Puerto Rico sobre la búsqueda de un procedimiento que permita iniciar el proceso de descolonización de Puerto Rico, y consciente del principio de que toda iniciativa para la solución del estatus político de Puerto Rico debe tomarla originalmente el pueblo de Puerto Rico,
Consciente de que la isla de Vieques, Puerto Rico, fue utilizada durante más de sesenta años por la infantería de marina de los Estados Unidos para llevar a cabo maniobras militares, con las correspondientes consecuencias negativas para la salud de la población, el medio ambiente y el desarrollo económico y social de ese municipio puertorriqueño,
Recordando la decisión del Gobierno de los Estados Unidos de poner fin al bombardeo y las maniobras militares en la isla de Vieques desde el 1° de mayo de 2003, adoptada como resultado de un largo proceso desarrollado durante años de protestas pacíficas por parte del pueblo puertorriqueño y de una amplia campaña de solidaridad internacional, que ha sido oportunamente reflejada en los trabajos y los documentos del Comité Especial,
Tomando nota del consenso que existe en el pueblo y Gobierno de Puerto Rico sobre la necesidad de que se produzca la limpieza, descontaminación y devolución al pueblo de Puerto Rico de todas las tierras anteriormente utilizadas para maniobras e instalaciones y su utilización para el desarrollo social y económico de Puerto Rico,
Recordando la liberación de algunos presos políticos puertorriqueños en los últimos años,
Tomando nota del consenso que existe en el pueblo de Puerto Rico a favor de que se ponga en libertad a los presos políticos puertorriqueños que por más de veinticinco años han cumplido condenas en prisiones de los Estados Unidos por causas relacionadas con la lucha por la independencia de Puerto Rico, así como a aquellos que guardan prisión por causas relacionadas con la lucha por la paz en Vieques,
Tomando nota también de la preocupación existente en el pueblo de Puerto Rico con relación a las acciones violentas, incluidas la represión e intimidación, llevadas a cabo en los últimos meses contra independentistas puertorriqueños en Puerto Rico,
Tomando nota además de que en el Documento Final de la Reunión Ministerial del Buró de Coordinación del Movimiento de Países No Alineados, celebrada en Putrajaya, Malasia, del 27 al 30 mayo de 2006, se reafirma el derecho del pueblo de Puerto Rico a la libre determinación e independencia, de conformidad con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, se llama al Gobierno de los Estados Unidos a asumir su responsabilidad de propiciar un proceso que permita que el pueblo de Puerto Rico ejerza plenamente su derecho inalienable a la libre determinación y la independencia, y se insta al Gobierno de los Estados Unidos a devolver toda la tierra ocupada y las instalaciones en la isla de Vieques y en la Estación Naval de Roosevelt Roads al pueblo puertorriqueño, que constituye una nación latinoamericana y caribeña,
Habiendo oído declaraciones y testimonios representativos de diversas tendencias del pueblo puertorriqueño y sus instituciones sociales,
Habiendo examinado el informe del Relator del Comité Especial sobre la aplicación de las resoluciones relativas a Puerto Rico[1],
1. Reafirma el derecho inalienable del pueblo puertorriqueño a la libre determinación e independencia, de conformidad con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, y la aplicabilidad de los principios fundamentales de dicha resolución a la cuestión de Puerto Rico;
2. Reitera que el pueblo puertorriqueño constituye una nación latinoamericana y caribeña que tiene su propia e inconfundible identidad nacional;
3. Llama al Gobierno de los Estados Unidos de América a asumir su responsabilidad de propiciar un proceso que permita que el pueblo de Puerto Rico ejerza plenamente su derecho inalienable a la libre determinación y la independencia, de conformidad con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General y las resoluciones y decisiones del Comité Especial relativas a Puerto Rico;
4. Toma nota del debate que existe en Puerto Rico sobre la implementación de un mecanismo que pueda asegurar la plena participación de todos los sectores de opinión puertorriqueños, consciente del principio de que toda iniciativa para la solución del estatus político de Puerto Rico debe tomarla originalmente el pueblo de Puerto Rico;
5. Expresa profunda preocupación en relación con las acciones llevadas a cabo contra luchadores independentistas en los últimos meses y alienta a que se lleve a cabo una investigación sobre esas acciones;
6. Reitera una vez más la esperanza de que la Asamblea General examine de manera amplia y en todos los aspectos la cuestión de Puerto Rico;
7. Insta al Gobierno de los Estados Unidos, en consonancia con la necesidad de garantizar al pueblo puertorriqueño su legítimo derecho para la libre determinación y la protección de sus derechos humanos, a que devuelva toda la tierra antes ocupada y las instalaciones en Vieques y Ceiba al pueblo de Puerto Rico, atienda a los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la salud y al desarrollo económico, asuma la ejecución y los costos del proceso de limpieza y descontaminación de las áreas de impacto anteriormente utilizadas en las maniobras militares y atienda a las serias consecuencias de su actividad militar para la salud de los habitantes de la isla de Vieques y el medio ambiente;
8. Pide al Presidente de los Estados Unidos que ponga en libertad a todos los presos políticos puertorriqueños que por más de veinticinco años han cumplido condenas en prisiones de los Estados Unidos por causas relacionadas con la lucha por la independencia de Puerto Rico, así como a aquellos que guardan prisión por causas relacionadas con la lucha por la paz en Vieques;
9. Toma nota con satisfacción del informe preparado por el Relator del Comité Especial, en cumplimiento de lo dispuesto en su resolución de 14 de junio de 2005;
10. Solicita al Relator que informe al Comité Especial en el año 2007 sobre la aplicación de la presente resolución;
11. Decide mantener la cuestión de Puerto Rico bajo examen continuo.
[1] A/AC.109/2006/L.3.
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