Puerto Rico al día - Diciembre 2006 - I

I. Certificado de la ciudadanía puertorriqueña
Por Luis Ponce Ruiz
COPRONU

La emisión en octubre de 2006 de un certificado temporero de ciudadanía puertorriqueña al Lcdo. Juan Mari Brás por el Departamento de Estado del ELA, rescató del olvido a la ciudadanía natural y singular de los puertorriqueños. Esta decisión tomada por el Secretario de Estado, Fernando Bonilla, reconoce la ciudadanía puertorriqueña cuya existencia se remonta al Tratado de París de 1898, documento que sella el traspaso de los derechos políticos y condición jurídica de los “habitantes de Puerto Rico” al Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica. Posteriormente este reconocimiento, de lo que se llegó a interpretar como “nacionales puertorriqueños”, fue clarificado en la Ley Foraker de 1900 cuando se utilizó la frase “ciudadanos de Puerto Rico”, ley que fue luego incorporada --y no abrogada como muchos erróneamente han creído-- en la Ley Jones de 1917.

Aunque la creación del ELA ayudó a perpetuar el régimen colonial, la misma no abolió la ciudadanía puertorriqueña. El único cambio que sufrió en los documentos constitutivos del ELA fue en el nombre al establecer a los ciudadanos de Puerto Rico como “ciudadanos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. Por tanto, el reciente reconocimiento por parte del ELA de la existencia ininterrumpida de esta ciudadanía, separada y distinta a la norteamericana, representa un importante triunfo en pro de la independencia.

Ante esta nueva página de afirmación nacional que se escribe, no se puede perder de perspectiva que esto es un experimento jurídico. Según Mari Brás, esta ciudadanía certificada por el ELA no es la ciudadanía puertorriqueña a la que todos debemos aspirar por estar “menguada” de sus derechos y responsabilidades y emanar de una entidad no soberana.
Las repercusiones de la certificación han generado un debate y cuestionamiento amplio en Puerto Rico añadiéndole así presión al problema del estatus. En la metrópoli, estos eventos generaron una petición a la administración popular por parte del Departamento de Estado para indagar los detalles en torno a la emisión del certificado.

En momentos que hay un reclamo del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, en su resolución de junio de 2006, y del Movimiento de Países No Alineados en su XIV Cumbre, para la elevación del caso de Puerto Rico a la Asamblea General de la ONU en 2007, este experimento cobra importancia y servirá de plataforma para ver qué obstáculos internacionales esta recién rescatada ciudadanía puertorriqueña podrá desafiar, como el llamado a viajar sin el pasaporte estadounidense utilizando este certificado o un documento alternativo “laissez-passer” (“deje pasar”) que el Departamento de Estado del ELA pueda emitir.

II. Audiencia de estatus en el Congreso – 15 de noviembre de 2006
Por Luis Ponce Ruiz
COPRONU

Ante el ocaso del Congreso 105 de Estados Unidos, se celebró la vista en torno al estatus de Puerto Rico en la capital de la metrópoli, Wáshington, DC. La resolución del coloniaje en Puerto Rico, la audiencia sirvió para auscultar dónde están parados los senadores estadounidenses y cómo los sectores ideológicos puertorriqueños se presentan ante las autoridades congresionales.

Cabe destacar la intervención del senador demócrata por Nuevo México, Jeff Bingaman, ya que a partir de enero se convertirá en el presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales el cual tiene jurisdicción sobre Puerto Rico desde la perspectiva de Estados Unidos. Bingaman coincidió con el Informe Interagencial de la Casa Blanca de diciembre de 2005 en el aspecto de que el ELA continúa siendo una entidad territorial, subordinada a los poderes plenarios del Congreso. Además, y lo revelador de su intervención, fue que propuso como alternativa la libre asociación, apoyando así una solución soberana y no colonial para la Isla. Será interesante seguir la labor de este senador para ver si mantiene su posición y se esfuerza a trabajar con el sector soberanista puertorriqueño.

En cuanto a las ponencias de los líderes puertorriqueños, el turno del Gobernador Aníbal Acevedo Vilá se limitó esencialmente a defender lo indefendible citando memorandos, estudios y columnas de opinión comisionados a cabilderos pagos por el Partido Popular Democrático (PPD), que argumentan a favor del supuesto “pacto” suscrito entre los puertorriqueños y Wáshington en 1952. Nuevamente el Gobernador se dedicó a promover el proyecto del Senado 2304, que busca convocar a una Asamblea Constituyente autorizada por el Congreso. Este proyecto, al partir de la Ley 600, no representaría bajo el derecho internacional un ejercicio pleno de soberanía.

El Comisionado Residente, Luis G. Fortuño, cuestionó la actitud del Congreso en no disponer del territorio de Puerto Rico según la “práctica histórica y precedentes constitucionales” de los Estados Unidos. Igualmente debatió lo que a su juicio es el “error fatal” en la jurisprudencia estadounidense con respecto a los “ciudadanos americanos” de Puerto Rico partiendo de la decisión del caso Balzac v. Puerto Rico. Es en este punto que la visión estadoísta de Fortuño simplifica el problema colonial de Puerto Rico. El Comisionado Residente ve la cuestión de la autodeterminación boricua como un dilema de unos ciudadanos estadounidenses y no de nacionales puertorriqueños. Fortuño tergiversó la realidad sociológica, histórica y ahora jurídica, gracias al reconocimiento de la ciudadanía puertorriqueña al Lcdo. Juan Mari Brás, y negó la existencia de la nacionalidad puertorriqueña para no alarmar a los senadores estadounidenses. Esta actitud dejó entrever la estrategia anexionista de negar la nación puertorriqueña como condición indispensable para que la opción de la estadidad sea viable y deje de ser una quimera mientras los EE.UU. continúen conformándose en “one Nation, under God, indivisible”.

El Lcdo. Rubén Berríos Martínez, representando al PIP en su calidad de presidente, fue mucho más directo que el Gobernador y menos académico que el Comisionado Residente, e internacionalizó el problema colonial de Puerto Rico al referirse al Congreso Latinoamericano y Caribeño por la Independencia de Puerto Rico que se celebraría en Panamá. Berríos no se limitó a promover una “guía de ruta sencilla” para potenciar la resolución del dilema colonial puertorriqueño, sino que reseñó la “bancarrota y fracaso” del experimento del ELA y lanzó una serie de advertencias a Wáshington.

Erigiéndose ante el Congreso como facilitador de una solución al centenario problema del estatus, Berríos fusionó los dos proyectos de ley presentados tanto en la Cámara como en el Senado y propuso que primero se celebre un referendo en el que se pueda “descartar” la opción del ELA para luego convocar a una convención constituyente “soberana” que decida entre “alternativas reconocidas por el derecho internacional”.

Atacó a la contradicción de una “colonia democrática” y la comparó con una “jaula de oropel” y advirtió los peligros que se desprenderían de la inacción congresional ante el problema de estatus de Puerto Rico. Entre las advertencias figuraron la amenaza de que la cuestión en torno a Puerto Rico pueda convertirse en algo inmanejable para los Estados Unidos y en “dejar la puerta abierta a la estadidad” que atentaría contra los intereses nacionales estadounidenses y puertorriqueños. Además dejó muy claro que la independencia es un derecho inalienable y los independentistas “nunca renunciarán a ese derecho bajo ninguna circunstancia”.

El comunicado que presentó el Lcdo. Néstor Duprey Salgado, a nombre del Movimiento Autonomista Socialdemócrata (MAS), defendió a la libre asociación como alternativa de estatus no colonial y se quejó de que se trate a su fórmula como una vertiente de la independencia. Duprey Salgado partió del hecho de que las Naciones Unidas diferencia a la libre asociación de la independencia y que en el pasado, miembros del Senado y la Cámara así lo han sostenido.

Duprey retomó el ataque que tanto Fortuño y Berríos hacen en sus ponencias contra el Congreso y proveyó un discurso requiriendo la clarificación de que la relación se da a nivel internacional entre dos entes políticos soberanos, y que la independencia nacional es una precondición para la obtención de un estatuto de libre asociación.

Dejando las pequeñas diferencias a un lado, hay que encomiar y aprovechar la valentía de los miembros del MAS y de ProELA por alejarse de las posturas colonialistas del PPD, ya que provee una excelente oportunidad para aunar fuerzas y afianzar el trabajo entre todos los sectores que afirman y reclaman la soberanía para los puertorriqueños. Si se actúa ante esta coyuntura se podrá crear un frente soberanista y de afirmación nacional más sólido, que indudablemente ayudará en las gestiones de recabar apoyo local e internacional.

III. Congreso Latinoamericano y Caribeño por la Independencia de Puerto Rico – Ciudad de Panamá, 17-19 de noviembre de 2006
Por Luis Ponce Ruiz
COPRONU

Como colonia y entidad no soberana, la alternativa que tiene Puerto Rico a la diplomacia es la paradiplomacia. La participación de una delegación del MINH en la XIV Cumbre del Movimiento de Países No Alineados celebrada en La Habana los días 11 al 16 de septiembre y la convocatoria continental del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) al Congreso Latinoamericano y Caribeño por la Independencia de Puerto Rico en Panamá la semana pasada, se enmarcan no sólo en la más rica tradición betancina, hostosiana y albizuista, sino que se nutre de los vientos modernos y favorables de la globalización, interdependencia y solidaridad internacional.

El Congreso organizado en Panamá se reviste de una importancia particular por dos grandes razones. Primero, que 23 delegaciones de estados y naciones latinoamericanas y caribeñas se reunieron para tratar única y exclusivamente la independencia de Puerto Rico. Esto, sin la protesta de Wáshington que tan común era durante la Guerra Fría. Y segundo, que la diversidad ideológica de toda Latinoamérica, es decir, partidos desde la extrema izquierda hasta la centro-derecha, se dio cita a dicho evento e impulsaron la Proclama de Panamá (ver archivo adjunto) en que las delegaciones se comprometieron, entre otras cosas, a organizar un “Comité Permanente de Trabajo por la Independencia de Puerto Rico”, establecer “Comités de Apoyo y Solidaridad” en sus respectivos países y a difundir “por todos los medios posibles” la causa independentista puertorriqueña. La diversidad de los partidos representados es, sin duda, el mayor acierto del Congreso y le da una refrescante perspectiva al movimiento independentista ante los ojos del pueblo puertorriqueño.

Es de notar que todos los sectores a favor de la descolonización e independencia de Puerto Rico coinciden en llevar el caso a la Asamblea General de la ONU en 2007. Es en este punto neurálgico que todo el independentismo, además del autonomismo soberanista, coinciden abiertamente y sin recriminaciones. Esta unidad en la esfera internacional es fundamental para la obtención de mayores logros.