martes, 29 de mayo de 2007

Asociación Americana de Juristas

Capítulo de Puerto Rico, Inc.

José “abi” lugo

CONFERENCIA DE PRENSA

DE LA ASOCIACIÓN AMERICANA DE JURISTAS

CAPÍTULO DE PUERTO RICO

Lunes, 28 de mayo de 2007, 11:00 a.m.

En la Unión de Empleados No Docentes, Pto. Nuevo.

JURISTAS AMERICANOS RATIFICAN RESOLUCIONES SOBRE AUTODETERMINACIÓN Y SOBERANÍA DE LOS RECURSOS NATURALES DEL PUEBLO DE PUERTO RICO

La Asociación Americana de Juristas (AAJ), Capitulo de Puerto Rico, José “Abi” Lugo, participó de la XIVta. Conferencia Intercontinental de dicha Asociación, celebrada en La Paz, Bolivia del 17 al 19 de mayo de 2007. Como parte de esta Conferencia, el Capítulo de Puerto Rico tuvo una participación activa mediante 3 delegados y delegadas. Aclaramos que el término “americanos” incluye a juristas, no sólo de los Estados Unidos, así como también de Norte, Centro y Sur América, quienes estuvieron presentes.

La Asociación Americana de Juristas, es una organización no gubernamental- fundada en 1975- dedicada a velar por la protección de los derechos humanos en cualquier lugar del mundo. Dentro de ese marco y a tenor con sus Principios y Objetivos se manifestó institucionalmente a favor del derecho inalienable del Pueblo puertorriqueño a su autodeterminación y a defender la soberanía de sus recursos naturales.

Los licenciados Hiram Lozada Pérez, Livia Rosado Bermúdez y Aleida Centeno Rodríguez, miembros del Capítulo de Puerto Rico, participaron con ponencias bajo los temarios de Militarismo y Soberanía de los Recursos Naturales en esta XIVta. Conferencia.

El Lcdo. Lozada Pérez hizo un análisis sobre la importancia de la Isla como bastión militar estratégico y la participación de los puertorriqueños en las guerras de los Estados Unidos. Por su parte, la Lcda. Centeno Rodríguez, con un lleno total, disertó sobre los recursos naturales y las leyes estadounidenses, específicamente, las consecuencias que tiene esta legislación sobre el agua, la madera, los minerales, el gas, el petróleo, y la posibilidad de que la legislación congresional autorice la ubicación en Puerto Rico de una facilidad para producir armas nucleares.

Los juristas participantes de Norte, Centro y Sur América, así como del Caribe y de España, aprobaron 2 Resoluciones, presentadas por los delegados de Puerto Rico. Con esta aprobación se logró un mandato para incluir a Puerto Rico como tema principalísimo en la agenda de la AAJ. Los delegados participantes en la Conferencia se comprometieron a solicitar a sus gobiernos, cancillerías y congresos la aprobación de resoluciones y declaraciones en apoyo al Pueblo de Puerto Rico y a su derecho a la autodeterminación, según lo dispone la Resolución de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, 1514 (XV), y a trabajar en conjunto con el Capítulo de Puerto Rico para lograr que el caso de Puerto Rico se incluya en la agenda de la Asamblea General de la ONU.

En Bolivia se obtuvieron también otros logros significativos: el nombramiento de una presidenta puertorriqueña quien es abogada practicante en Nueva York, la Lcda. Vanessa Ramos, además del reconocimiento del trabajo del Capítulo de Puerto Rico. Se reconoció, además, el trabajo internacional de la presidenta de dicho Capítulo, la Profra. Dinorah La Luz Feliciano, con un nombramiento para que forme parte del Comité Consultivo de la AAJ Continental. Por primera vez, estos 2 nombramientos recaen, en abogadas puertorriqueñas, quienes han sobresalido por su trabajo internacional a favor de los derechos humanos.

Como metas futuras inmediatas, el 14 de junio, la Asociación Americana de Juristas se propone presentar una ponencia, relativa al caso de Puerto Rico, como parte de su función consultiva y de organización acreditada ante la ONU, esta vez ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas en Nueva York.

La AAJ es una organización no gubernamental con estatuto consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y con representación permanente ante la ONU

en Ginebra y en Nueva York

Página Web AAJ Continental: http://www.aaj.org.br

Presidencia, AAJ Continental, Vanessa Ramos: Vramos1565@aol.com

Presidencia, AAJ Puerto Rico: <aajuristaspr@gmail.com>

RESOLUCIÓN DEL CAPÍTULO DE PUERTO RICO A LA XIVta. CONFERENCIA CONTINENTAL DE LA ASOCIACIÓN AMERICANA DE JURISTAS SOBRE LA SOBERANÍA DE LOS RECURSOS NATURALES

CONSIDERANDO: Que la nación de Puerto Rico se mantiene como una colonia de los Estados Unidos de América en contra de la Resolución 1514(XV) de la Organización de las Naciones Unidas, sin personalidad internacional ni poderes soberanos.

CONSIDERANDO: Que los Estados Unidos de América mantiene una política de legislar sobre el territorio nacional de Puerto Rico a espaldas del pueblo puertorriqueño.

CONSIDERANDO: Que parte de esa legislación ya aprobada le confiere a los Estados Unidos derechos sobre las aguas, los minerales, la madera, el petróleo, el gas natural y la realización de experimentos en la Reserva Forestal “El Yunque”, en contravención del derecho natural a la libertad, al desarrollo y al disfrute pleno de los recursos naturales de los puertorriqueños.

CONSIDERANDO: La existencia de legislación adicional propuesta, y pendiente de aprobarse, la cual le conferirá derechos adicionales sobre otras áreas geográficas que incluyen, sin limitarse a, la explotación de minerales, petróleo, gas, agua, madera y en el caso de la región del carso de Puerto Rico, la facultad de utilizar el área para producir armas nucleares.

CONSIDERANDO: Que una autorización para producir armas nucleares está en contravención con los Tratados internacionales, especialmente el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares del 5 de marzo de 1970 y de otras autoridades que tienen ingerencia en la producción de energía nuclear, en específico la producción de armas nucleares para fines militares, como lo es el Organismo Internacional de Energía Atómica (O. I. E. A.)

EXIGIMOS:

Del Gobierno de los Estados Unidos de América a reconocer el derecho de Puerto Rico al disfrute soberano de sus recursos naturales y a cesar inmediatamente su política de legislar sobre los recursos naturales de otra nación.

De la Asamblea General de las Naciones Unidas a intervenir y discutir el caso de Puerto Rico haciendo hincapié en las autorizaciones que se están incorporando que tienen el efecto presente y futuro de arrebatar de forma perpetua, irrevocable y exclusiva los recursos naturales de Puerto Rico.

De la Asamblea General de las Naciones Unidas a intervenir sobre las autorizaciones que tengan el efecto de permitir que operen en Puerto Rico entidades encargadas de la producción de armas nucleares en violación al Tratado de No Proliferación, Artículos I, II, III(1), III(2), III(3), IV y, especialmente, el Artículo VI que exige que los Estados Unidos, como miembro de dicho Tratado, cumpla con las medidas necesarias para cesar la carrera armamentista.

De la O. I. E. A., que exija la información pertinente para investigar, analizar y adjudicar responsabilidades a los Estados Unidos de América por intentar imponer en Puerto Rico una estructura legal que le permite violar el Tratado de No Proliferación sin tener que dar cuentas internacionalmente.

SOLICITAMOS:

A la Asamblea de la XIVta. Conferencia de la Asociación Americana de Juristas:

1. Notificar al Presidente de los Estados Unidos de América, con copia al Comité de Descolonización de la ONU sobre esta Resolución, con la exigencia de cesar inmediatamente la legislación pendiente, así como derogar la existente.

2. Que los representantes permanentes de la AAJ ante la ONU en Ginebra y Nueva York presenten esta Resolución ante la Asamblea General, así como al organismo encargado ante la O. I. E. A.

3. Que los representantes de la AAJ den seguimiento de su ejecución por parte del organismo encargado, informando periódicamente del estado del trámite ante la AAJ Intercontinental y al Capítulo de Puerto Rico.

19 de mayo de 2007.

RESOLUCIÓN DEL CAPÍTULO DE PUERTO RICO A LA XIVta. CONFERENCIA CONTINENTAL DE LA ASOCIACIÓN AMERICANA DE JURISTAS

CONSIDERANDO:

La Resolución de la Asamblea General de la ONU 1514(XV) de 1960 sobre la autodeterminación de los Pueblos, la Res. 1205(XX) del 1965 y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en las cuales se prohíbe la continuación del colonialismo y el racismo, clasificándolos como amenazas contra la paz.

La Res. 41/128 de 1986 sobre el Derecho al Desarrollo en su artículo primero, el cual señala que el desarrollo es un derecho inalienable del ser humano, reafirmando el derecho de autodeterminación de los Pueblos y la soberanía sobre sus riquezas y recursos naturales, según lo dispone el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en sus artículos 1 y 2 sobre el derecho a la autodeterminación de los Pueblos, la prohibición del discrimen racial y las creencias políticas.

Los derechos humanos contenidos en la Declaración Universal, en el Convenio contra la Tortura y Otros Tratos o Castigos Crueles, Inhumanos o Degradantes, y los enumerados en el artículo 4(2) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos sobre la vida e integridad del ser humano, los cuales no permiten derogación.

EXIGIMOS:

A la comunidad internacional que se intensifique el apoyo y se mantenga bajo observación el caso de Puerto Rico, para que la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas lo incluya en su agenda.

Al gobierno de los EE.UU., cese de intervenir en las decisiones básicas del Pueblo de Puerto Rico, a saber, que no insista en imponer la pena de muerte prohibida por la Constitución de Puerto Rico, ni siga “federalizando” desde el ambiente hasta la seguridad del Pueblo otorgándolas a agencias federales como el FBI, el cual ha sido responsable de la persecución de independentistas en la Isla.

A la Marina de Guerra y al gobierno de EE.UU., descontamine y devuelva las tierras en Vieques, Culebra y Ceiba, y divulgue la información sobre la contaminación por tóxicos y metales pesados que se depositaron en el ecosistema de Vieques y en el resto de las bases militares en Puerto Rico y aguas del Caribe.

Se otorgue una compensación y reparación adecuadas para las víctimas de la contaminación por los tóxicos depositados en Vieques.

Se libere a los presos políticos puertorriqueños quienes cumplen condenas desproporcionadas por más de 25 años, en cárceles de los EE.UU., debido a sus creencias políticas.

Se divulgue, se juzgue o extradite a los culpables de la muerte del luchador independentista, Filiberto Ojeda Ríos, por haber sido una ejecución sumaria y arbitraria, contraria a los Principios para la Prevención e Investigación de Ejecuciones Ilegales, Sumarias y Arbitrarias, adoptados por el Comité de Prevención y Control de la Criminalidad (Res. 1989/65), y reafirmados en la Resolución de la Comisión (Consejo) de Derechos Humanos 2005/34 sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias (E/CN.4/2005/L.10/Add.11).

SOLICITAMOS:

A la Asamblea de la XIVta. Conferencia de la Asociación Americana de Juristas que recomiende a los representantes permanentes de la AAJ ante la ONU en Ginebra y Nueva York la presentación de esta Resolución, y el seguimiento de su tratamiento por parte del organismo encargado, informando periódicamente del estado del trámite ante la AAJ Intercontinental y al Capítulo de Puerto Rico.

19 de mayo de 2007.

martes, 22 de mayo de 2007

Puerto Rico Al Día - No. 2, abril 2007

Iniciativas sobre Puerto Rico en Congreso de EU

Al presente, el Proyecto de Ley 1230 sobre el status políticos de Puerto Rico, radicado por los Congresistas Nydia Velásquez y Luis Gutiérrez, está ante el Sub-comité de Asuntos Insulares del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de E.U. El mismo plantea reconocer el derecho de libre determinación e independencia de Puerto Rico al igual que la celebración de una Asamblea Constitucional.

Por su parte, el sector independentista ha abogado por que la iniciativa para la solución del caso colonial de Puerto Rico, incluyendo la Asamblea Constitucional de Status, debe surgir originariamente del pueblo puertorriqueño. Al respecto, la resolución sobre Puerto Rico adoptada por el Comité de Descolonización de Naciones Unidas el pasado 12 de junio de 2006 plantea su conciencia “del principio de que toda iniciativa para la solución del estatus político de Puerto Rico debe tomarla originalmente el pueblo de Puerto Rico.

No obstante, sectores independentistas han reconocido el proyecto como un paso por parte del gobernante Partido Popular Democrático, favorecedor del Estado Libre Asociado no colonial ni territorial y principal promotor del proyecto. Es de notar que al presente, otro proyecto de ley, de corte anexionista, está también ante la consideración de dicho sub comité de la Cámara de Representante de E.U.) Por su parte Estados Unidos ha sostenido históricamente, y recientemente lo reafirmó en el Informe Comité de Trabajo Interagencial del Presidente, que Puerto Rico pertenece a, pero no es parte de, Estados Unidos.

Es de notar que los ocasionales informes, estudios y análisis sobre Puerto Rico realizados por instancias de su gobierno, como fueron los recientes Informe de Comité de Trabajo Interagencial y del G.A.O., y la legislación sobre el caso radicada por congresistas de Washington con sus correspondientes vistas públicas, en el pasado no han brindado resultados.

Hay Puertorriqueños muriendo en Irak

Yull Estrada Rodríguez, Jesús Montalvo Ortega, Carlos Díaz, y Ángel Mercado Velásquez, y otros 55 puertorriqueños miembros de la Guardia Nacional de Puerto Rico y del ejército estadounidense, todos fallecieron en la guerra de Irak. Esto sin contar los puertorriqueños provenientes de Estados Unidos que también han fallecido en Irak. Además, mil 200 soldados boricuas de la Reserva Nacional de Puerto Rico siguen destacados en Irak y mil 700 están en otras misiones militares de Estados Unidos alrededor del mundo.

A las alturas del siglo XXI en que los conceptos jurídicos universales en materia de autodeterminación, integridad territorial y derechos humanos han alcanzado nuevos niveles de reclamo, la presencia en Puerto Rico de agencias de reclutamiento de las fuerzas armadas de Estados Unidos responde a que la llamada “defensa común” es uno de los pilares del llamado Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Tal atadura constitucional convierte a la Guardia Nacional de Puerto Rico en un cuerpo militar adscrito al ejército estadounidense de la misma manera que las Guardias Nacionales de los 50 estados. A la vez que el Gobierno de Puerto Rico no puede adherirse a convenciones globales, firmar tratados internacionales o tener comercio libre con los países que le convenga, está obligado por el “pacto” con los Estados Unidos a la presencia de las fuerzas armadas de EU en Puerto Rico y al reclutamiento de los puertorriqueños a las mismas. En el siglo XX los boricuas han combatido en numerosas guerras de Estados Unidos contra otros países, incluso intervenciones en países vecinos han partido desde Puerto Rico.

Ante esa realidad en Puerto Rico se han realizado marchas y campañas de denuncia contra el reclutamiento militar. Entre otras organizaciones al presente se ha destacado la organización Madres Contra la Guerra la cual ha lanzado demostraciones y ofensivas en los medios de comunicación masiva y las escuelas publicas del país (con autorización del Departamento de Educación) para ampliar la base de resistencia contra el reclutamiento militar.

Los estudiantes de la Escuela de Derecho Eugenio María de Hostos y las Madres Contra la Guerra llevan a cabo protestas mensuales frente a las oficinas de reclutamiento del ejército norteamericano en Puerto Rico. El gobernador Aníbal Acevedo Vila, como administrador colonial, en algunas ocasiones se ha mostrado en contra de la guerra en Irak y en otras ha reaccionado ambivalente ante los pedidos de la Sociedad Civil y Madres Contra la Guerra a efectos de que no autorice la salida del país de las tropas de la Guardia Nacional y que le ordene a las restantes regresar. Las actividades de la Sociedad Civil han reafirmado la vigencia de la lucha contra el envío de boricuas a guerras ajenas y de la militarización en Puerto Rico.

La lucha en contra de la Marina de Guerra de los Estados Unidos en las islas de Culebra y Vieques que expulsó sus prácticas militares y todo su aparato militar del este de la Isla (considerado la segunda instalación militar más grande en el hemisferio) es una de las gestas de la Sociedad Civil. Igualmente, durante la guerra de Estados Unidos en Viet Nam el pueblo puertorriqueño luchó victoriosamente contra el servicio militar obligatorio de los puertorriqueños en el ejército de los Estados Unidos. Es decir, que la historia de Puerto Rico a favor de la paz y la desmilitarización es una extensa y con grandes logros.

Una nueva movida represiva del FBI en Puerto Rico

La realidad colonial de Puerto Rico incluye la presencia en su suelo de las agencias de gobierno de EU incluyendo el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés). En días recientes el gobernador de Puerto Rico, Aníbal Acevedo Vilá, del pro Estado Libre Asociado de Puerto Rico Partido Popular Democrático, reunió un grupo de trabajo inter-agencial con el fin de que elabore e implemente estrategias para combatir el vertiginoso aumento de asesinatos en la Isla. El director del FBI en Puerto Rico, Luis Fraticelli, presente en la reunión, le comunicó al Superintendente de la Policía de Puerto Rico, Pedro Toledo, que el FBI está dispuesto a intervenir las llamadas telefónicas de la ciudadanía con el propósito de combatir la criminalidad.

Inmediatamente, el Colegio de Abogados de Puerto Rico mostró su preocupación ante tales expresiones a través de su presidenta, Celina Romany Siaca, y de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de dicha institución, Nora Vargas Acosta. Ambas catalogaron las expresiones de Fraticelli como “un intento del FBI de rebasar los límites del ámbito jurisdiccional que le imponen a esa agencia las leyes federales”. Es de notar que dicha actividad está prohibida por la Constitución de Puerto Rico, en la Sección 10 del Artículo II.

Las declaraciones del FBI se tornan ominosas dado el historial de persecución política e ideológica que dicha agencia estadounidense ha protagonizado en Puerto Rico. Su reciente asesinato del líder independentista puertorriqueño, Filiberto Ojeda Ríos, en septiembre de 2005, aún no se ha esclarecido. El FBI también agredió con gas pimienta a varios periodistas puertorriqueños mientras reportaban el allanamiento de una residencia de activistas independentistas en febrero del año pasado.

Según Nora Acosta, estos hechos recientes “arrojan dudas sobre la capacidad del FBI para conducir investigaciones legítimas.” Por su parte, Romany Siaca expresó que, “el gobierno de Puerto Rico debe rechazar toda propuesta o medida que constituya una violación a los derechos constitucionales de nuestro pueblo. No hay seguridad real si a la ciudadanía no se le garantiza la protección de sus derechos civiles”. Hasta el momento, el Gobierno de Puerto Rico no ha reaccionado al particular.

Literatos se unen a causa independentista puertorriqueña

¿Qué tienen en común Ernesto Sábato, Gabriel García Márquez y Thiago de Mello? Que los tres, eminencias de las letras latinoamericanas y universales, firmaron la Proclama de Panamá aprobada por el Congreso Latinoamericano y Caribeño por la Independencia de Puerto Rico, un evento histórico celebrado en noviembre de 2006 en la Ciudad de Panamá a partir de la convocatoria del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

La lista de firmantes del ambiente artístico latinoamericano también incluye a los puertorriqueños Luis Rafael Sánchez, Mayra Montero y Ana Lydia Vega; a los cubanos Pablo Milanés y Pablo Armando Fernández; al periodista y ensayista mexicano Carlos Monsiváis; a los uruguayos Mario Benedetti y Eduardo Galeano; y al novelista y diplomático ecuatoriano Jorge Enrique Adoum.

La vicepresidenta del PIP, María de Lourdes Santiago, se refirió a este acontecimiento como un paso importante para sacar “del entorno estrictamente político el apoyo a la independencia de Puerto Rico para llevarlo al campo de la intelectualidad, de la cultura, del arte.”

En comentarios a Radio Universidad de Puerto Rico el Dr. Héctor Pesquera, co-presidente del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH), dio la bienvenida a la firma de los artistas e intelectuales a la Proclama de Panamá, comentando a su vez que “es necesaria más educación a nivel nacional e internacional” y que “es de suma importancia que todos estos países, que son miembros de la ONU, endosen la petición para que se incluya la discusión del caso de Puerto Rico en la próxima agenda”.

Representación colonial y de segunda clase

Los demócratas, actualmente en control del Congreso estadounidense, aprobaron recientemente una medida para que el voto de los representantes de territorios y posesiones norteamericanas en la Cámara Baja estadounidense, el Comisionado Residente, Luis Fortuño en el caso de Puerto Rico, se utilice solo en votaciones no decisivas. Es decir, el voto está condicionado.

En la Cámara, demócratas y republicanos permanecieron divididos a la hora de apoyar el proyecto, presentado recientemente por el Rep. Steny Hoyer de Maryland. El mismo fue aprobado en votación 226-191 y sirvió para que se avivara la discusión sobre el estatus político de la Isla en Washington, D.C., según Fortuño, quien en dos intervenciones ante la Cámara pidió a los congresistas que habilitaran un proceso de libre determinación para Puerto Rico.

Por su parte, el Secretario General del Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Dalmau dijo que “la única utilidad de todo esto es que generó un debate sobre el tema de los territorios estadounidenses” El debate, añadió, “sirvió de recordatorio de que seguir posponiendo atender el problema colonial de Puerto Rico fomenta un ambiente anexionista que es contrario a los intereses de los Estados Unidos y de Puerto Rico. Sólo la independencia detiene la anexión.”

El coloniaje y la falta de voluntad política

En un reciente artículo sobre la adicción a las drogas y la criminalidad, el humanista Ángel Collado Schwarz nos recuerda que “durante casi sesenta años, Puerto Rico ha tenido ocho gobernadores electos. Todos han fracasado en controlar efectivamente el problema del crimen y la droga. ¿No nos debe dar esto un indicio de que las estrategias utilizadas para combatir el crimen y la droga no han sido las correctas?”

Muchas de las estrategias utilizadas son las que imponen a los cuerpos del orden público puertorriqueño las agencias estadounidenses como el FBI, la Agencia del Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Seguridad Nacional, mejor conocido como “Homeland Security”. Las mismas se caracterizan por la reticencia política de proponer nuevas e innovadoras medidas para combatir el tráfico de drogas.

“Cada vez que la Policía incauta un cargamento de drogas”, continúa Collado Schwarz, “disminuye la oferta, lo cual sube el precio de la droga. El aumento obliga al adicto a aumentar la comisión de actos delictivos para costear el precio mayor de la droga. Es el principio económico de demanda y oferta: mientras menor es la oferta, mayor es el precio.”

Lo que se vive en Puerto Rico es, en efecto, una guerra no declarada. A tres días de acabar el primer mes del año se habían registrado 64 asesinatos, 24 más que el año 2006 para esta misma fecha. La Policía de Puerto Rico ha asociado a la mayor parte de estas muertes (el 68% según las cifras oficiales) al tráfico ilegal de drogas.

Para atajar el problema del tráfico de drogas y la violencia que esta engendra, en Puerto Rico el independentismo tradicionalmente ha propuesto el tratamiento al adicto como enfermo y la medicación de la droga. Los demás sectores públicos electos nunca han tenido la voluntad política para contravenir las erradas políticas norteamericanas y buscar nuevas alternativas para combatir el problema de la droga.

martes, 15 de mayo de 2007

Asociación Americana de Juristas, Cáp. de PR, rumbo a La Paz

ASOCIACIÓN AMERICANA DE JURISTAS
Capítulo de Puerto Rico, José "Abi" Lugo
COMUNICADO DE PRENSA
Tres juristas puertorriqueños asistirán a la XIV Conferencia Continental Americana de Juristas, que se celebrará en La Paz, Bolivia, del 17 al 19 de mayo de 2007.
Las licenciadas Aleida Centeno y Livia Rosado y el Licenciado Hiram Lozada Pérez representarán a Puerto Rico en dicho encuentro de juristas de Norte, Centro y Sur América.
La Lcda. Centeno presentará su ponencia sobre los intentos del Congreso federal de asumir el control exclusivo y perpetuo de la zona cársica de Puerto Rico que comprende más de 100,000 acres de bosques, playas y cuerpos de agua.
El Lcdo. Lozada disertará sobre la nueva situación política del país ante la salida de la Marina de Ceiba y Vieques, que sugiere que Puerto Rico ya no es necesario como base militar estratégica y puede significar que haya cambios en el status político.
Los tres juristas, además, cabildearán ante el gobierno bolivariano para confirmar su apoyo a la campaña por incluir el caso colonial de Puerto Rico ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El encuentro de juristas en Bolivia tiene como objetivo general un análisis profundo de la función de los juristas en la defensa de los derechos humanos, en su plenitud e interrelación, en el momento en que ocurren y se debaten transformaciones importantes en el país sede y otros del continente americano, en medio de la problemática creada por la globalización económica mundial y los diversos y complejos procesos de integración regional. "Además, será una gran oportunidad para intercambiar experiencias, desarrollar contactos y establecer relaciones fraternales y de colaboración", expresó el abogado Lozada.
El temario de la XIV Conferencia Continental es:
1. Los Derechos Humanos. Su protección en el Derecho nacional e internacional. Acciones contra la discriminación y la xenofobia. Proyecto de convención sobre desaparición forzada.
2. Democracia y participación popular. El derecho de resistencia a la opresión. Contenido y alcance en la actualidad.
3. Soberanía del Estado sobre las riquezas y recursos naturales.
4. Derechos de los pueblos originarios. Análisis del proyecto de convención internacional.
5. La propiedad de la tierra. Reforma agraria.
6. Democratización de las Naciones Unidas. La doctrina de las intervenciones humanitarias, las guerras preventivas y la soberanía limitada, como expresión del dominio imperial.
7. El Sistema Interamericano. Crisis y Alternativas.
8. La lucha contra el terrorismo y la protección de los derechos y garantías constitucionales.
9. Experiencias y perspectivas de los procesos de integración en América Latina y el Caribe. La Unión Sudamericana. El Proyecto de la Alternativa Bolivariana para la América (ALBA) frente al Tratado de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
10. El Derecho Laboral y la Seguridad Social frente a la Globalización Neoliberal.
11. El papel de los juristas frente a la corrupción.
Para más información, puede llamar al Lcdo. Hiram Lozada (Comité Consultivo) al (787)640-8867; o mediante este correo electrónico: aajuristaspr@gmail.com (Att. Presidencia, Profra. Dinorah La Luz).

La AAJ es una ONG con estatuto consultivo ante el Consejo Económico y Social de la ONU que, además, cuenta con representación permanente ante la ONU en Ginebra y Nueva York.
La AAJ tiene ramas en casi todos los países de Norte, Centro y Sur América, cuyos miembros son juristas y estudiantes de Derecho comprometidos(as) con la defensa y protección de los derechos humanos.