Ayer en la prensa del país publicaron dos excelentes artículos sobre el estatus de Puerto Rico y las huellas que dejaron dos grandes puertorriqueños en dos capitales europeas.
Uno escrito por el compañero Noel Colón Martínez en Claridad sobre las recientes audiencias celebradas en Wáshington, DC en torno a los dos proyectos de status sometidos en el Congreso de la metrópoli.
El segundo fue escrito por Ángel Collado Schwarz en El Nuevo Día. El mismo provee datos interesantes sobre el rol de Ramón Emeterio Betances como embajador por la causa indpendentista de Puerto Rico en París y el reconocimiento por parte del gobierno francés. También habla sobre el homenaje que la ciudad de Madrid da a la Carta Autonómica y el gobierno inaugurado por Luis Muñoz Rivera en la Isla a través de una tarja en la calle Mayor.
viernes, 30 de marzo de 2007
lunes, 26 de marzo de 2007
¡No Faltes! - Seminario de COPRONU - sábado, 31 de marzo
A : MIEMBROS DE COPRONU
DE : WILMA E REVERÓN COLLAZO - Presidenta
ASUNTO: RECORDATORIO SEMINARIO 31 DE MARZO
FECHA: DOMINGO 25 DE MARZO
Sólo quiero recordarles que el sábado, 31 de marzo se llevará a cabo el seminario sobre Puerto Rico hacia la Asamblea General 2007. El mismo se llevará a cabo de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. en el local del MINH.
En el transcurso de la semana les enviaré el programa. Los materiales estarán disponibles para los que les interese recogerlos en mi oficina. No se pueden enviar por correo por el tiempo y el costo. Son muchas páginas.
Saludos,
Wilma
DE : WILMA E REVERÓN COLLAZO - Presidenta
ASUNTO: RECORDATORIO SEMINARIO 31 DE MARZO
FECHA: DOMINGO 25 DE MARZO
Sólo quiero recordarles que el sábado, 31 de marzo se llevará a cabo el seminario sobre Puerto Rico hacia la Asamblea General 2007. El mismo se llevará a cabo de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. en el local del MINH.
En el transcurso de la semana les enviaré el programa. Los materiales estarán disponibles para los que les interese recogerlos en mi oficina. No se pueden enviar por correo por el tiempo y el costo. Son muchas páginas.
Saludos,
Wilma
jueves, 22 de marzo de 2007
El caso colonial de Puerto Rico en la ONU [1]
Por José R. Bas – 28 de enero de 2005
(Tomado del Portal del PIP, www.independencia.net)
[Hagan click en los enlaces que aparecen en el texto para que accedan a los documentos en formato PDF].
La Organización de las Naciones Unidas se fundó en 1945. Fue un importante esfuerzo de los países para organizarse. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos quedó en una posición ventajosa frente a los países europeos, que habían sido destruidos en la guerra, y frente a la Unión Soviética, que también se vio afectada. Fue esta la época en que dio comienzo el bipolarismo internacional y lo que se conoce como la “guerra fría” entre los bloques de países capitalistas y los comunistas.
Durante los años iniciales de la ONU, Estados Unidos tenía preponderancia en las decisiones que tomaba esa organización. Es por eso que, entre otras tantas medidas, la ONU aprobó por 26 votos, contra 16 y 18 abstenidos, la Resolución 748 (VIII) que reconoció “la condición de gobierno propio del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” a pesar de las dudas y reservas de los representantes de muchos países importantes.
Luego de la admisión de 24 nuevos países miembros de la ONU en 1955 y la de 16 países africanos en 1960, la situación de control absoluto de EEUU disminuyó. Estos países pobres y subdesarrollados tenían empeño en lograr mejoras económicas y políticas. Por tanto, impulsaron los procesos de descolonización en todo el mundo. Es así como se lograron resoluciones tan importantes como la 1514 XV y la 1541 XV en el 1960.
En este lugar usted podrá descargar algunos de los documentos más importantes de la ONU relacionados con el caso colonial de Puerto Rico. La Resolución 1514 XV es la “Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales”. Esta resolución es la que declara el coloniaje como una violación de derechos humanos y, además, establece que todos los pueblos tienen el derecho inalienable a la libertad absoluta, al ejercicio de la soberanía y a la libre determinación.
En la Resolución 1541 XV se establecen los “Principios que deben servir de guía a los Estados miembros para determinar si existe o no la obligación de transmitir la información que pide en el inciso E del Artículo 73 de la Carta” de la ONU. Esta establece tres condiciones bajo las cuales se entiende que un territorio ha alcanzado un grado de gobierno propio que amerita que el país administrador suspenda o no tenga que informar sobre el estado de progreso de su colonia.
Estas tres condiciones son: cuando el territorio se convierte en un estado independiente; cuando se establece una Libre Asociación; o cuando se integra a un estado independiente.
La Resolución 742 VIII de 1953 contiene y declara los “Factores que deben ser tenido en cuenta para decidir si un territorio es o no es un territorio cuyo pueblo no ha alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio”. Esta resolución toma como base otra similar que se había aprobado en el año anterior, 1952. Tal como su título sugiere, describe las condiciones que deben cumplirse para que se pueda considerar que un territorio ha dejado de ser una colonia y se ha convertido en un territorio libre o con un sistema separado de gobierno propio. Debe señalarse aquí que las resoluciones 742 VIII y la 748 VIII fueron aprobadas el mismo día. Sin embargo, se aprobó primero la 748, que afirma que Puerto Rico había obtenido un grado de gobierno propio. Luego se procedió a aprobar la 742, que hemos descrito. La razón para aprobar en este orden es que ya se sabía que el establecimiento del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en el 1952 no cumplía con ninguno de los criterios que establece la Resolución 742 VIII, ni la 648 VII, que sí estaba vigente. Había que aprobar primero la resolución del ELA para no caer en la contradicción de aprobar algo contrario a disposiciones de la misma Asamblea General de la ONU.
Finalmente, hemos publicado un documento preparado y presentado en la ONU en agosto de 1972 conjuntamente por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Partido Socialista Puertorriqueño (PSP). Este extenso documento analiza toda la situación de la relación de Puerto Rico y los Estados Unidos hasta esa fecha. Demuestra detalladamente y concluye que el reconocimiento dado a Puerto Rico por la Resolución 748 VIII fue un error ya que la isla continuó siendo una colonia de Estados Unidos.
Ya desde mucho antes, el Partido Independentista Puertorriqueño había dejado sentir su voz de protesta por el sin igual engaño al pueblo de Puerto Rico y al mundo. En agosto de 1952 el entonces presidente del PIP, Dr. Gilberto Concepción de Gracia le escribió a la delegación de Estados Unidos en la ONU diciendo:
“Que una aplicación de los factores enumerados por el Comité Ad Hoc de la Organización de Naciones Unidas como indicativo de que un territorio ha alcanzado la independencia o sistema separado de gobierno propio, o de una libre asociación del territorio con los Estados Unidos, demostrará que Puerto Rico no ha alcanzado una plena medida de gobierno propio”[2].
Hemos incorporado estos documentos al Portal del PIP por entender que son vitales para comprender la naturaleza de la relación colonial de Puerto Rico con Estados Unidos, porque explican la razón de ser de la lucha por la independencia y porque dan un trasfondo histórico de la participación y aportación del Partido Independentista Puertorriqueño a esta lucha. Los factores y razones que se esbozan en estos documentos aún están vigentes. Puerto Rico sigue siendo una colonia de Estados Unidos. Esta vez, en el 1996, fue el Congreso de ese país quien lo confirmó cuando declaró que en el 1953 pudo haber un “mal entendido” en la ONU con respecto a Puerto Rico. La lucha para que se nos reconozca y se nos permita ejercer nuestro derecho a la plena soberanía e independencia continúa.
Esperamos que puedan aprovechar el valor incalculable de estos documentos.
[1] Estas notas están basadas en la obra de Carmen Gautier Mayoral y María del Pilar Argüelles, Puerto Rico y la ONU (Editorial Edil, Río Piedras:1978)
[2] Según citado en Ibid., pág. 53
(Tomado del Portal del PIP, www.independencia.net)
[Hagan click en los enlaces que aparecen en el texto para que accedan a los documentos en formato PDF].
La Organización de las Naciones Unidas se fundó en 1945. Fue un importante esfuerzo de los países para organizarse. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos quedó en una posición ventajosa frente a los países europeos, que habían sido destruidos en la guerra, y frente a la Unión Soviética, que también se vio afectada. Fue esta la época en que dio comienzo el bipolarismo internacional y lo que se conoce como la “guerra fría” entre los bloques de países capitalistas y los comunistas.
Durante los años iniciales de la ONU, Estados Unidos tenía preponderancia en las decisiones que tomaba esa organización. Es por eso que, entre otras tantas medidas, la ONU aprobó por 26 votos, contra 16 y 18 abstenidos, la Resolución 748 (VIII) que reconoció “la condición de gobierno propio del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” a pesar de las dudas y reservas de los representantes de muchos países importantes.
Luego de la admisión de 24 nuevos países miembros de la ONU en 1955 y la de 16 países africanos en 1960, la situación de control absoluto de EEUU disminuyó. Estos países pobres y subdesarrollados tenían empeño en lograr mejoras económicas y políticas. Por tanto, impulsaron los procesos de descolonización en todo el mundo. Es así como se lograron resoluciones tan importantes como la 1514 XV y la 1541 XV en el 1960.
En este lugar usted podrá descargar algunos de los documentos más importantes de la ONU relacionados con el caso colonial de Puerto Rico. La Resolución 1514 XV es la “Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales”. Esta resolución es la que declara el coloniaje como una violación de derechos humanos y, además, establece que todos los pueblos tienen el derecho inalienable a la libertad absoluta, al ejercicio de la soberanía y a la libre determinación.
En la Resolución 1541 XV se establecen los “Principios que deben servir de guía a los Estados miembros para determinar si existe o no la obligación de transmitir la información que pide en el inciso E del Artículo 73 de la Carta” de la ONU. Esta establece tres condiciones bajo las cuales se entiende que un territorio ha alcanzado un grado de gobierno propio que amerita que el país administrador suspenda o no tenga que informar sobre el estado de progreso de su colonia.
Estas tres condiciones son: cuando el territorio se convierte en un estado independiente; cuando se establece una Libre Asociación; o cuando se integra a un estado independiente.
La Resolución 742 VIII de 1953 contiene y declara los “Factores que deben ser tenido en cuenta para decidir si un territorio es o no es un territorio cuyo pueblo no ha alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio”. Esta resolución toma como base otra similar que se había aprobado en el año anterior, 1952. Tal como su título sugiere, describe las condiciones que deben cumplirse para que se pueda considerar que un territorio ha dejado de ser una colonia y se ha convertido en un territorio libre o con un sistema separado de gobierno propio. Debe señalarse aquí que las resoluciones 742 VIII y la 748 VIII fueron aprobadas el mismo día. Sin embargo, se aprobó primero la 748, que afirma que Puerto Rico había obtenido un grado de gobierno propio. Luego se procedió a aprobar la 742, que hemos descrito. La razón para aprobar en este orden es que ya se sabía que el establecimiento del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en el 1952 no cumplía con ninguno de los criterios que establece la Resolución 742 VIII, ni la 648 VII, que sí estaba vigente. Había que aprobar primero la resolución del ELA para no caer en la contradicción de aprobar algo contrario a disposiciones de la misma Asamblea General de la ONU.
Finalmente, hemos publicado un documento preparado y presentado en la ONU en agosto de 1972 conjuntamente por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Partido Socialista Puertorriqueño (PSP). Este extenso documento analiza toda la situación de la relación de Puerto Rico y los Estados Unidos hasta esa fecha. Demuestra detalladamente y concluye que el reconocimiento dado a Puerto Rico por la Resolución 748 VIII fue un error ya que la isla continuó siendo una colonia de Estados Unidos.
Ya desde mucho antes, el Partido Independentista Puertorriqueño había dejado sentir su voz de protesta por el sin igual engaño al pueblo de Puerto Rico y al mundo. En agosto de 1952 el entonces presidente del PIP, Dr. Gilberto Concepción de Gracia le escribió a la delegación de Estados Unidos en la ONU diciendo:
“Que una aplicación de los factores enumerados por el Comité Ad Hoc de la Organización de Naciones Unidas como indicativo de que un territorio ha alcanzado la independencia o sistema separado de gobierno propio, o de una libre asociación del territorio con los Estados Unidos, demostrará que Puerto Rico no ha alcanzado una plena medida de gobierno propio”[2].
Hemos incorporado estos documentos al Portal del PIP por entender que son vitales para comprender la naturaleza de la relación colonial de Puerto Rico con Estados Unidos, porque explican la razón de ser de la lucha por la independencia y porque dan un trasfondo histórico de la participación y aportación del Partido Independentista Puertorriqueño a esta lucha. Los factores y razones que se esbozan en estos documentos aún están vigentes. Puerto Rico sigue siendo una colonia de Estados Unidos. Esta vez, en el 1996, fue el Congreso de ese país quien lo confirmó cuando declaró que en el 1953 pudo haber un “mal entendido” en la ONU con respecto a Puerto Rico. La lucha para que se nos reconozca y se nos permita ejercer nuestro derecho a la plena soberanía e independencia continúa.
Esperamos que puedan aprovechar el valor incalculable de estos documentos.
[1] Estas notas están basadas en la obra de Carmen Gautier Mayoral y María del Pilar Argüelles, Puerto Rico y la ONU (Editorial Edil, Río Piedras:1978)
[2] Según citado en Ibid., pág. 53
jueves, 15 de marzo de 2007
Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países
Cuba: proyecto de resolución
Decisión del Comité Especial de 13 de junio de 2005 relativa a Puerto Rico
El Comité Especial,
Teniendo presente la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, contenida en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1960, así como las resoluciones y decisiones del Comité Especial relativas a Puerto Rico,
Considerando que la Asamblea General, en su resolución 43/47, de 22 de noviembre de 1988, declaró el período 1990-2000 Decenio Internacional para la Eliminación del Colonialismo, y que en virtud de la resolución 55/146, de 8 de diciembre de 2000, declaró el período 2001-2010 Segundo Decenio Internacional para la Eliminación del Colonialismo,
Teniendo presentes las veinticuatro resoluciones y decisiones aprobadas por el Comité Especial sobre la cuestión de Puerto Rico, contenidas en los informes del Comité Especial a la Asamblea General, en particular aquellas aprobadas en los últimos años sin votación,
Recordando que el 25 de julio de 2006 se cumplen ciento ocho años de la intervención de los Estados Unidos de América en Puerto Rico,
Recordando también las diversas iniciativas emprendidas en años recientes por los representantes políticos de Puerto Rico y los Estados Unidos, sin que se haya logrado hasta el momento poner en marcha un proceso de descolonización para Puerto Rico,
Enfatizando la necesidad de que los Estados Unidos propicien las condiciones necesarias para la plena aplicación de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General y las resoluciones y decisiones del Comité Especial relativas a Puerto Rico,
Tomando nota de que el Grupo Interagencial de Trabajo sobre el Estatus de Puerto Rico designado por el Presidente de los Estados Unidos, el cual presentó su informe el 22 de diciembre de 2005, afirmó que Puerto Rico es un territorio sujeto a la autoridad congresional de los Estados Unidos,
Tomando nota también del debate que existe en Puerto Rico sobre la búsqueda de un procedimiento que permita iniciar el proceso de descolonización de Puerto Rico, y consciente del principio de que toda iniciativa para la solución del estatus político de Puerto Rico debe tomarla originalmente el pueblo de Puerto Rico,
Consciente de que la isla de Vieques, Puerto Rico, fue utilizada durante más de sesenta años por la infantería de marina de los Estados Unidos para llevar a cabo maniobras militares, con las correspondientes consecuencias negativas para la salud de la población, el medio ambiente y el desarrollo económico y social de ese municipio puertorriqueño,
Recordando la decisión del Gobierno de los Estados Unidos de poner fin al bombardeo y las maniobras militares en la isla de Vieques desde el 1° de mayo de 2003, adoptada como resultado de un largo proceso desarrollado durante años de protestas pacíficas por parte del pueblo puertorriqueño y de una amplia campaña de solidaridad internacional, que ha sido oportunamente reflejada en los trabajos y los documentos del Comité Especial,
Tomando nota del consenso que existe en el pueblo y Gobierno de Puerto Rico sobre la necesidad de que se produzca la limpieza, descontaminación y devolución al pueblo de Puerto Rico de todas las tierras anteriormente utilizadas para maniobras e instalaciones y su utilización para el desarrollo social y económico de Puerto Rico,
Recordando la liberación de algunos presos políticos puertorriqueños en los últimos años,
Tomando nota del consenso que existe en el pueblo de Puerto Rico a favor de que se ponga en libertad a los presos políticos puertorriqueños que por más de veinticinco años han cumplido condenas en prisiones de los Estados Unidos por causas relacionadas con la lucha por la independencia de Puerto Rico, así como a aquellos que guardan prisión por causas relacionadas con la lucha por la paz en Vieques,
Tomando nota también de la preocupación existente en el pueblo de Puerto Rico con relación a las acciones violentas, incluidas la represión e intimidación, llevadas a cabo en los últimos meses contra independentistas puertorriqueños en Puerto Rico,
Tomando nota además de que en el Documento Final de la Reunión Ministerial del Buró de Coordinación del Movimiento de Países No Alineados, celebrada en Putrajaya, Malasia, del 27 al 30 mayo de 2006, se reafirma el derecho del pueblo de Puerto Rico a la libre determinación e independencia, de conformidad con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, se llama al Gobierno de los Estados Unidos a asumir su responsabilidad de propiciar un proceso que permita que el pueblo de Puerto Rico ejerza plenamente su derecho inalienable a la libre determinación y la independencia, y se insta al Gobierno de los Estados Unidos a devolver toda la tierra ocupada y las instalaciones en la isla de Vieques y en la Estación Naval de Roosevelt Roads al pueblo puertorriqueño, que constituye una nación latinoamericana y caribeña,
Habiendo oído declaraciones y testimonios representativos de diversas tendencias del pueblo puertorriqueño y sus instituciones sociales,
Habiendo examinado el informe del Relator del Comité Especial sobre la aplicación de las resoluciones relativas a Puerto Rico[1],
1. Reafirma el derecho inalienable del pueblo puertorriqueño a la libre determinación e independencia, de conformidad con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, y la aplicabilidad de los principios fundamentales de dicha resolución a la cuestión de Puerto Rico;
2. Reitera que el pueblo puertorriqueño constituye una nación latinoamericana y caribeña que tiene su propia e inconfundible identidad nacional;
3. Llama al Gobierno de los Estados Unidos de América a asumir su responsabilidad de propiciar un proceso que permita que el pueblo de Puerto Rico ejerza plenamente su derecho inalienable a la libre determinación y la independencia, de conformidad con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General y las resoluciones y decisiones del Comité Especial relativas a Puerto Rico;
4. Toma nota del debate que existe en Puerto Rico sobre la implementación de un mecanismo que pueda asegurar la plena participación de todos los sectores de opinión puertorriqueños, consciente del principio de que toda iniciativa para la solución del estatus político de Puerto Rico debe tomarla originalmente el pueblo de Puerto Rico;
5. Expresa profunda preocupación en relación con las acciones llevadas a cabo contra luchadores independentistas en los últimos meses y alienta a que se lleve a cabo una investigación sobre esas acciones;
6. Reitera una vez más la esperanza de que la Asamblea General examine de manera amplia y en todos los aspectos la cuestión de Puerto Rico;
7. Insta al Gobierno de los Estados Unidos, en consonancia con la necesidad de garantizar al pueblo puertorriqueño su legítimo derecho para la libre determinación y la protección de sus derechos humanos, a que devuelva toda la tierra antes ocupada y las instalaciones en Vieques y Ceiba al pueblo de Puerto Rico, atienda a los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la salud y al desarrollo económico, asuma la ejecución y los costos del proceso de limpieza y descontaminación de las áreas de impacto anteriormente utilizadas en las maniobras militares y atienda a las serias consecuencias de su actividad militar para la salud de los habitantes de la isla de Vieques y el medio ambiente;
8. Pide al Presidente de los Estados Unidos que ponga en libertad a todos los presos políticos puertorriqueños que por más de veinticinco años han cumplido condenas en prisiones de los Estados Unidos por causas relacionadas con la lucha por la independencia de Puerto Rico, así como a aquellos que guardan prisión por causas relacionadas con la lucha por la paz en Vieques;
9. Toma nota con satisfacción del informe preparado por el Relator del Comité Especial, en cumplimiento de lo dispuesto en su resolución de 14 de junio de 2005;
10. Solicita al Relator que informe al Comité Especial en el año 2007 sobre la aplicación de la presente resolución;
11. Decide mantener la cuestión de Puerto Rico bajo examen continuo.
[1] A/AC.109/2006/L.3.
Decisión del Comité Especial de 13 de junio de 2005 relativa a Puerto Rico
El Comité Especial,
Teniendo presente la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, contenida en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1960, así como las resoluciones y decisiones del Comité Especial relativas a Puerto Rico,
Considerando que la Asamblea General, en su resolución 43/47, de 22 de noviembre de 1988, declaró el período 1990-2000 Decenio Internacional para la Eliminación del Colonialismo, y que en virtud de la resolución 55/146, de 8 de diciembre de 2000, declaró el período 2001-2010 Segundo Decenio Internacional para la Eliminación del Colonialismo,
Teniendo presentes las veinticuatro resoluciones y decisiones aprobadas por el Comité Especial sobre la cuestión de Puerto Rico, contenidas en los informes del Comité Especial a la Asamblea General, en particular aquellas aprobadas en los últimos años sin votación,
Recordando que el 25 de julio de 2006 se cumplen ciento ocho años de la intervención de los Estados Unidos de América en Puerto Rico,
Recordando también las diversas iniciativas emprendidas en años recientes por los representantes políticos de Puerto Rico y los Estados Unidos, sin que se haya logrado hasta el momento poner en marcha un proceso de descolonización para Puerto Rico,
Enfatizando la necesidad de que los Estados Unidos propicien las condiciones necesarias para la plena aplicación de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General y las resoluciones y decisiones del Comité Especial relativas a Puerto Rico,
Tomando nota de que el Grupo Interagencial de Trabajo sobre el Estatus de Puerto Rico designado por el Presidente de los Estados Unidos, el cual presentó su informe el 22 de diciembre de 2005, afirmó que Puerto Rico es un territorio sujeto a la autoridad congresional de los Estados Unidos,
Tomando nota también del debate que existe en Puerto Rico sobre la búsqueda de un procedimiento que permita iniciar el proceso de descolonización de Puerto Rico, y consciente del principio de que toda iniciativa para la solución del estatus político de Puerto Rico debe tomarla originalmente el pueblo de Puerto Rico,
Consciente de que la isla de Vieques, Puerto Rico, fue utilizada durante más de sesenta años por la infantería de marina de los Estados Unidos para llevar a cabo maniobras militares, con las correspondientes consecuencias negativas para la salud de la población, el medio ambiente y el desarrollo económico y social de ese municipio puertorriqueño,
Recordando la decisión del Gobierno de los Estados Unidos de poner fin al bombardeo y las maniobras militares en la isla de Vieques desde el 1° de mayo de 2003, adoptada como resultado de un largo proceso desarrollado durante años de protestas pacíficas por parte del pueblo puertorriqueño y de una amplia campaña de solidaridad internacional, que ha sido oportunamente reflejada en los trabajos y los documentos del Comité Especial,
Tomando nota del consenso que existe en el pueblo y Gobierno de Puerto Rico sobre la necesidad de que se produzca la limpieza, descontaminación y devolución al pueblo de Puerto Rico de todas las tierras anteriormente utilizadas para maniobras e instalaciones y su utilización para el desarrollo social y económico de Puerto Rico,
Recordando la liberación de algunos presos políticos puertorriqueños en los últimos años,
Tomando nota del consenso que existe en el pueblo de Puerto Rico a favor de que se ponga en libertad a los presos políticos puertorriqueños que por más de veinticinco años han cumplido condenas en prisiones de los Estados Unidos por causas relacionadas con la lucha por la independencia de Puerto Rico, así como a aquellos que guardan prisión por causas relacionadas con la lucha por la paz en Vieques,
Tomando nota también de la preocupación existente en el pueblo de Puerto Rico con relación a las acciones violentas, incluidas la represión e intimidación, llevadas a cabo en los últimos meses contra independentistas puertorriqueños en Puerto Rico,
Tomando nota además de que en el Documento Final de la Reunión Ministerial del Buró de Coordinación del Movimiento de Países No Alineados, celebrada en Putrajaya, Malasia, del 27 al 30 mayo de 2006, se reafirma el derecho del pueblo de Puerto Rico a la libre determinación e independencia, de conformidad con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, se llama al Gobierno de los Estados Unidos a asumir su responsabilidad de propiciar un proceso que permita que el pueblo de Puerto Rico ejerza plenamente su derecho inalienable a la libre determinación y la independencia, y se insta al Gobierno de los Estados Unidos a devolver toda la tierra ocupada y las instalaciones en la isla de Vieques y en la Estación Naval de Roosevelt Roads al pueblo puertorriqueño, que constituye una nación latinoamericana y caribeña,
Habiendo oído declaraciones y testimonios representativos de diversas tendencias del pueblo puertorriqueño y sus instituciones sociales,
Habiendo examinado el informe del Relator del Comité Especial sobre la aplicación de las resoluciones relativas a Puerto Rico[1],
1. Reafirma el derecho inalienable del pueblo puertorriqueño a la libre determinación e independencia, de conformidad con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, y la aplicabilidad de los principios fundamentales de dicha resolución a la cuestión de Puerto Rico;
2. Reitera que el pueblo puertorriqueño constituye una nación latinoamericana y caribeña que tiene su propia e inconfundible identidad nacional;
3. Llama al Gobierno de los Estados Unidos de América a asumir su responsabilidad de propiciar un proceso que permita que el pueblo de Puerto Rico ejerza plenamente su derecho inalienable a la libre determinación y la independencia, de conformidad con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General y las resoluciones y decisiones del Comité Especial relativas a Puerto Rico;
4. Toma nota del debate que existe en Puerto Rico sobre la implementación de un mecanismo que pueda asegurar la plena participación de todos los sectores de opinión puertorriqueños, consciente del principio de que toda iniciativa para la solución del estatus político de Puerto Rico debe tomarla originalmente el pueblo de Puerto Rico;
5. Expresa profunda preocupación en relación con las acciones llevadas a cabo contra luchadores independentistas en los últimos meses y alienta a que se lleve a cabo una investigación sobre esas acciones;
6. Reitera una vez más la esperanza de que la Asamblea General examine de manera amplia y en todos los aspectos la cuestión de Puerto Rico;
7. Insta al Gobierno de los Estados Unidos, en consonancia con la necesidad de garantizar al pueblo puertorriqueño su legítimo derecho para la libre determinación y la protección de sus derechos humanos, a que devuelva toda la tierra antes ocupada y las instalaciones en Vieques y Ceiba al pueblo de Puerto Rico, atienda a los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la salud y al desarrollo económico, asuma la ejecución y los costos del proceso de limpieza y descontaminación de las áreas de impacto anteriormente utilizadas en las maniobras militares y atienda a las serias consecuencias de su actividad militar para la salud de los habitantes de la isla de Vieques y el medio ambiente;
8. Pide al Presidente de los Estados Unidos que ponga en libertad a todos los presos políticos puertorriqueños que por más de veinticinco años han cumplido condenas en prisiones de los Estados Unidos por causas relacionadas con la lucha por la independencia de Puerto Rico, así como a aquellos que guardan prisión por causas relacionadas con la lucha por la paz en Vieques;
9. Toma nota con satisfacción del informe preparado por el Relator del Comité Especial, en cumplimiento de lo dispuesto en su resolución de 14 de junio de 2005;
10. Solicita al Relator que informe al Comité Especial en el año 2007 sobre la aplicación de la presente resolución;
11. Decide mantener la cuestión de Puerto Rico bajo examen continuo.
[1] A/AC.109/2006/L.3.
domingo, 11 de marzo de 2007
Puerto Rico al día - Diciembre 2006 - I
I. Certificado de la ciudadanía puertorriqueña
Por Luis Ponce Ruiz
COPRONU
La emisión en octubre de 2006 de un certificado temporero de ciudadanía puertorriqueña al Lcdo. Juan Mari Brás por el Departamento de Estado del ELA, rescató del olvido a la ciudadanía natural y singular de los puertorriqueños. Esta decisión tomada por el Secretario de Estado, Fernando Bonilla, reconoce la ciudadanía puertorriqueña cuya existencia se remonta al Tratado de París de 1898, documento que sella el traspaso de los derechos políticos y condición jurídica de los “habitantes de Puerto Rico” al Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica. Posteriormente este reconocimiento, de lo que se llegó a interpretar como “nacionales puertorriqueños”, fue clarificado en la Ley Foraker de 1900 cuando se utilizó la frase “ciudadanos de Puerto Rico”, ley que fue luego incorporada --y no abrogada como muchos erróneamente han creído-- en la Ley Jones de 1917.
Aunque la creación del ELA ayudó a perpetuar el régimen colonial, la misma no abolió la ciudadanía puertorriqueña. El único cambio que sufrió en los documentos constitutivos del ELA fue en el nombre al establecer a los ciudadanos de Puerto Rico como “ciudadanos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. Por tanto, el reciente reconocimiento por parte del ELA de la existencia ininterrumpida de esta ciudadanía, separada y distinta a la norteamericana, representa un importante triunfo en pro de la independencia.
Ante esta nueva página de afirmación nacional que se escribe, no se puede perder de perspectiva que esto es un experimento jurídico. Según Mari Brás, esta ciudadanía certificada por el ELA no es la ciudadanía puertorriqueña a la que todos debemos aspirar por estar “menguada” de sus derechos y responsabilidades y emanar de una entidad no soberana.
Las repercusiones de la certificación han generado un debate y cuestionamiento amplio en Puerto Rico añadiéndole así presión al problema del estatus. En la metrópoli, estos eventos generaron una petición a la administración popular por parte del Departamento de Estado para indagar los detalles en torno a la emisión del certificado.
En momentos que hay un reclamo del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, en su resolución de junio de 2006, y del Movimiento de Países No Alineados en su XIV Cumbre, para la elevación del caso de Puerto Rico a la Asamblea General de la ONU en 2007, este experimento cobra importancia y servirá de plataforma para ver qué obstáculos internacionales esta recién rescatada ciudadanía puertorriqueña podrá desafiar, como el llamado a viajar sin el pasaporte estadounidense utilizando este certificado o un documento alternativo “laissez-passer” (“deje pasar”) que el Departamento de Estado del ELA pueda emitir.
II. Audiencia de estatus en el Congreso – 15 de noviembre de 2006
Por Luis Ponce Ruiz
COPRONU
Ante el ocaso del Congreso 105 de Estados Unidos, se celebró la vista en torno al estatus de Puerto Rico en la capital de la metrópoli, Wáshington, DC. La resolución del coloniaje en Puerto Rico, la audiencia sirvió para auscultar dónde están parados los senadores estadounidenses y cómo los sectores ideológicos puertorriqueños se presentan ante las autoridades congresionales.
Cabe destacar la intervención del senador demócrata por Nuevo México, Jeff Bingaman, ya que a partir de enero se convertirá en el presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales el cual tiene jurisdicción sobre Puerto Rico desde la perspectiva de Estados Unidos. Bingaman coincidió con el Informe Interagencial de la Casa Blanca de diciembre de 2005 en el aspecto de que el ELA continúa siendo una entidad territorial, subordinada a los poderes plenarios del Congreso. Además, y lo revelador de su intervención, fue que propuso como alternativa la libre asociación, apoyando así una solución soberana y no colonial para la Isla. Será interesante seguir la labor de este senador para ver si mantiene su posición y se esfuerza a trabajar con el sector soberanista puertorriqueño.
En cuanto a las ponencias de los líderes puertorriqueños, el turno del Gobernador Aníbal Acevedo Vilá se limitó esencialmente a defender lo indefendible citando memorandos, estudios y columnas de opinión comisionados a cabilderos pagos por el Partido Popular Democrático (PPD), que argumentan a favor del supuesto “pacto” suscrito entre los puertorriqueños y Wáshington en 1952. Nuevamente el Gobernador se dedicó a promover el proyecto del Senado 2304, que busca convocar a una Asamblea Constituyente autorizada por el Congreso. Este proyecto, al partir de la Ley 600, no representaría bajo el derecho internacional un ejercicio pleno de soberanía.
El Comisionado Residente, Luis G. Fortuño, cuestionó la actitud del Congreso en no disponer del territorio de Puerto Rico según la “práctica histórica y precedentes constitucionales” de los Estados Unidos. Igualmente debatió lo que a su juicio es el “error fatal” en la jurisprudencia estadounidense con respecto a los “ciudadanos americanos” de Puerto Rico partiendo de la decisión del caso Balzac v. Puerto Rico. Es en este punto que la visión estadoísta de Fortuño simplifica el problema colonial de Puerto Rico. El Comisionado Residente ve la cuestión de la autodeterminación boricua como un dilema de unos ciudadanos estadounidenses y no de nacionales puertorriqueños. Fortuño tergiversó la realidad sociológica, histórica y ahora jurídica, gracias al reconocimiento de la ciudadanía puertorriqueña al Lcdo. Juan Mari Brás, y negó la existencia de la nacionalidad puertorriqueña para no alarmar a los senadores estadounidenses. Esta actitud dejó entrever la estrategia anexionista de negar la nación puertorriqueña como condición indispensable para que la opción de la estadidad sea viable y deje de ser una quimera mientras los EE.UU. continúen conformándose en “one Nation, under God, indivisible”.
El Lcdo. Rubén Berríos Martínez, representando al PIP en su calidad de presidente, fue mucho más directo que el Gobernador y menos académico que el Comisionado Residente, e internacionalizó el problema colonial de Puerto Rico al referirse al Congreso Latinoamericano y Caribeño por la Independencia de Puerto Rico que se celebraría en Panamá. Berríos no se limitó a promover una “guía de ruta sencilla” para potenciar la resolución del dilema colonial puertorriqueño, sino que reseñó la “bancarrota y fracaso” del experimento del ELA y lanzó una serie de advertencias a Wáshington.
Erigiéndose ante el Congreso como facilitador de una solución al centenario problema del estatus, Berríos fusionó los dos proyectos de ley presentados tanto en la Cámara como en el Senado y propuso que primero se celebre un referendo en el que se pueda “descartar” la opción del ELA para luego convocar a una convención constituyente “soberana” que decida entre “alternativas reconocidas por el derecho internacional”.
Atacó a la contradicción de una “colonia democrática” y la comparó con una “jaula de oropel” y advirtió los peligros que se desprenderían de la inacción congresional ante el problema de estatus de Puerto Rico. Entre las advertencias figuraron la amenaza de que la cuestión en torno a Puerto Rico pueda convertirse en algo inmanejable para los Estados Unidos y en “dejar la puerta abierta a la estadidad” que atentaría contra los intereses nacionales estadounidenses y puertorriqueños. Además dejó muy claro que la independencia es un derecho inalienable y los independentistas “nunca renunciarán a ese derecho bajo ninguna circunstancia”.
El comunicado que presentó el Lcdo. Néstor Duprey Salgado, a nombre del Movimiento Autonomista Socialdemócrata (MAS), defendió a la libre asociación como alternativa de estatus no colonial y se quejó de que se trate a su fórmula como una vertiente de la independencia. Duprey Salgado partió del hecho de que las Naciones Unidas diferencia a la libre asociación de la independencia y que en el pasado, miembros del Senado y la Cámara así lo han sostenido.
Duprey retomó el ataque que tanto Fortuño y Berríos hacen en sus ponencias contra el Congreso y proveyó un discurso requiriendo la clarificación de que la relación se da a nivel internacional entre dos entes políticos soberanos, y que la independencia nacional es una precondición para la obtención de un estatuto de libre asociación.
Dejando las pequeñas diferencias a un lado, hay que encomiar y aprovechar la valentía de los miembros del MAS y de ProELA por alejarse de las posturas colonialistas del PPD, ya que provee una excelente oportunidad para aunar fuerzas y afianzar el trabajo entre todos los sectores que afirman y reclaman la soberanía para los puertorriqueños. Si se actúa ante esta coyuntura se podrá crear un frente soberanista y de afirmación nacional más sólido, que indudablemente ayudará en las gestiones de recabar apoyo local e internacional.
III. Congreso Latinoamericano y Caribeño por la Independencia de Puerto Rico – Ciudad de Panamá, 17-19 de noviembre de 2006
Por Luis Ponce Ruiz
COPRONU
Como colonia y entidad no soberana, la alternativa que tiene Puerto Rico a la diplomacia es la paradiplomacia. La participación de una delegación del MINH en la XIV Cumbre del Movimiento de Países No Alineados celebrada en La Habana los días 11 al 16 de septiembre y la convocatoria continental del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) al Congreso Latinoamericano y Caribeño por la Independencia de Puerto Rico en Panamá la semana pasada, se enmarcan no sólo en la más rica tradición betancina, hostosiana y albizuista, sino que se nutre de los vientos modernos y favorables de la globalización, interdependencia y solidaridad internacional.
El Congreso organizado en Panamá se reviste de una importancia particular por dos grandes razones. Primero, que 23 delegaciones de estados y naciones latinoamericanas y caribeñas se reunieron para tratar única y exclusivamente la independencia de Puerto Rico. Esto, sin la protesta de Wáshington que tan común era durante la Guerra Fría. Y segundo, que la diversidad ideológica de toda Latinoamérica, es decir, partidos desde la extrema izquierda hasta la centro-derecha, se dio cita a dicho evento e impulsaron la Proclama de Panamá (ver archivo adjunto) en que las delegaciones se comprometieron, entre otras cosas, a organizar un “Comité Permanente de Trabajo por la Independencia de Puerto Rico”, establecer “Comités de Apoyo y Solidaridad” en sus respectivos países y a difundir “por todos los medios posibles” la causa independentista puertorriqueña. La diversidad de los partidos representados es, sin duda, el mayor acierto del Congreso y le da una refrescante perspectiva al movimiento independentista ante los ojos del pueblo puertorriqueño.
Es de notar que todos los sectores a favor de la descolonización e independencia de Puerto Rico coinciden en llevar el caso a la Asamblea General de la ONU en 2007. Es en este punto neurálgico que todo el independentismo, además del autonomismo soberanista, coinciden abiertamente y sin recriminaciones. Esta unidad en la esfera internacional es fundamental para la obtención de mayores logros.
Puerto Rico al día - Diciembre 2006 - II
IV. La represión en Puerto Rico: el Buró Federal de Investigaciones
Por Julio Ortiz
COPRONU
No se puede explicar cómo ha permanecido el colonialismo en Puerto Rico por los últimos 108 años sin mencionar las acciones represivas del FBI en la Isla desde la década de los treinta. El Buró Federal de Investigaciones trabajó mano a mano durante más de cuarenta años con la Policía de Puerto Rico dejando un bochornoso historial de persecución, muertes y represión. Con la eliminación de la división de inteligencia de la Policía de Puerto Rico en la década del ochenta, el FBI ha tenido que incursionar directamente en asuntos domésticos puertorriqueños revelando de esta manera la funesta cara que escondía mientras la Policía de Puerto Rico ejecutaba sus intervenciones cuasi militares. El trabajo paramilitar ejecutado por el FBI en la Isla pone a flor de piel el carácter colonial, represor e intervencionista de la presencia estadounidense en las Islas de Puerto Rico. La mano perversa del FBI ha estado presente desde el 1935 en aquellos momentos en que el pueblo puertorriqueño ha sido hostigado y masacrado, también ha estado directamente implicados en atentados terroristas y en asesinatos de líderes políticos. Todas estas acciones han tenido como propósito el debilitamiento y el desbande de las fuerzas políticas que históricamente han exigido la libre determinación e independencia de esta nación caribeña y latinoamericana.
La reciente manifestación de esta represión directa a la altura del Siglo XXI fue el asesinato de Filiberto Ojeda Ríos el 23 de septiembre 2005 en el municipio de Hormigueros. Durante dos días se mantuvo un país de 3.8 millones de habitantes en vilo y confundido por medio de la desinformación respecto a lo que estaba sucediendo en este operativo totalmente ejecutado por mas de 200 agentes federales del Estado de la Florida. Durante todo el 2006 el pueblo puertorriqueño, su gobierno, y sus fuerzas de seguridad pública han tenido que presenciar como simples espectadores el asalto y la intervención indiscriminada del FBI en hogares, en edificios públicos e instituciones gubernamentales (en los municipios de San Juan, Aguadilla, Hormigueros, Mayagüez). La represión abierta del FBI a partir del año pasado, junto al hecho de que los grupos armados han estado ausentes de la vida publica durante la década del noventa, han levantado el disgusto popular que se expresa en todas las esferas de la sociedad puertorriqueña. Ejemplo de esto es la investigación sobre el asesinato de Ojeda Ríos y la demanda incoada por el Departamento de Justicia de Puerto Rico en contra del Departamento de Justicia de los Estados Unidos por su negativa a colaborar con la investigación independiente del Gobierno de Puerto Rico.
Frente al rechazo y el descrédito que sufre el FBI ante la opinión publica y el gobierno de Puerto Rico, el Buró diseñó nuevas y osadas formas de represión e intervención. La oficina del FBI en San Juan ha comenzado una campaña de entrenamiento de civiles que busca preparar empresarios, empleados públicos, escolares y ciudadanos en general en técnicas antiterroristas y de inteligencia. Al igual que en los últimos setenta años, el FBI esta recurriendo al fanatismo y al sectarismo político de algunos puertorriqueños para frustrar e intervenir en transformaciones políticas de la Isla.
La incursión del FBI en la vida política y pública de Puerto Rico tuvo su primer resultado un 24 de octubre 1935, fecha en que asesinan cuatro jóvenes universitarios independentistas cerca de la Universidad de Puerto Rico en un acontecimiento conocido en la historia de Puerto Rico como “ La masacre de Río Piedras”. Se conoce que el plan fue diseñado por el Gobernador Winship, el Coronel Riggs, y el “Attorney General” Lic. Benigno Fernández García. Estos mismos personajes también estuvieron involucrados en la masacre de 19 puertorriqueños nacionalistas en medio de una manifestación política pacifica en la ciudad de Ponce. Este episodio triste para la memoria colectiva puertorriqueña es conocida como “La Masacre de Ponce”.
El movimiento independentista puertorriqueño fue el segundo gran objetivo de la iniciativa del FBI llamada “Counter Intelligence Program” (COINTELPRO) durante la Guerra Fría. Esta campaña se dedicó a perseguir y desarticular organizaciones políticas que buscaban provocar cambios políticos dentro de territorio estadounidense por medio del activismo comunitario. Los documentos desclasificados conocidos demuestran que en 1960 se iniciaron operativos contra el Movimiento Pro Independencia y organizaciones puertorriqueñas en Nueva York y Chicago. Estos operativos, según se desprende de fuentes oficiales del Buró, buscaban interferir con las actividades normales de las organizaciones puertorriqueñas independentistas y soberanistas y desarticular sus funciones y actividades.
En 1967 el FBI intervino en el referendo sobre el estatus político de Puerto Rico, que no solo fue promovido por la clase política isleña si no también por las recién independizadas naciones africanas dentro del seno de la Asamblea General. Las intervenciones indebidas siguieron hasta las elecciones del 1968, en que un partido soberanista (el Partido del Pueblo) intentó conciliar las demandas del independentismo y el autonomismo dentro de su agenda política.
En esa misma década el FBI interviene en los medios de comunicación colocando artículos y editoriales por medio de escritores o suministrando el borrador de ciertos artículos a los medios de comunicación masiva. Ciertos medios publicaban estos artículos enviados por el FBI para tergiversar informaciones sobre ciertos temas decisivos o conflictivos para el País, para desinformar maliciosamente y para desacreditar organizaciones y personas afiliadas a organización o partidos políticos que demandaban la soberanía de la Isla. Una actividad bastante conocida por los puertorriqueños era la infiltración de agentes federales en organizaciones independentista o la creación de seudo grupos independentistas.
Actividades que buscaban aterrorizar la población y causar daños a la propiedad pública y privada fueron comunes durante la década del setenta. Ejemplo de esto fueron las siguientes acciones: la explosión de bombas en periódicos, comercios y en comités políticos de grupos que impulsaban la independencia de Puerto Rico, atentados armados contra residencia de independentistas y preparación de carpetas a personas independentistas o que de alguna manera buscaban cambiar el status quo.
El asesinato de Santiago "Chagui" Mari Pesquera, hijo del líder independentista Juan Mari Brás, del empresario cubano Carlos Muñiz Varela y de los jóvenes independentistas Arnaldo Darío Rosado y Carlos Soto Arrivi levanta desconfianza y sospecha sobre las acciones y operaciones del FBI y sobre el alcance de las acciones de COINTELPRO durante la década del setenta y el ochenta. Grupos del exilio cubano activos políticamente en Puerto Rico y el FBI son los señalados constantemente por la opinión pública como los responsables de estos crímenes políticos. En el caso de Darío Rosado y Soto Arrivi, agentes de la policía de Puerto Rico y de su división de Inteligencia fueron procesados y juzgados por estos crímenes. La repugna popular a este ultimo caso obligó al gobierno de Puerto Rico a desmantelar la División de Inteligencia de la Policía. Actualmente el Departamento de Justicia lleva a cabo una investigación que busca encontrar los culpables del asesinato de Mari Pesquera y Muñiz Varela.
El arresto masivo en 1985 de alegados miembros de grupos armados por parte de 300 agentes del FBI. En este episodio el FBI entró a casa de familiares de los arrestados y de vecinos buscando evidencia y destruyendo propiedad privada.
Esta agencia federal históricamente ha tenido la función de hostigar y amedrentar el pueblo puertorriqueño con la única intención de obstruir su natural derecho a la libre autodeterminación tal y como lo ha reconocido las Naciones Unidas en 24 ocasiones desde 1973 de acorde a la Resolución 1514(XV) de su Asamblea General. La última resolución aprobada por el Comité de Descolonización en junio del 2006 afirma que los Estados Unidos debe honrar un proceso que permita al pueblo de Puerto Rico ejercitar sus derechos inalienables. La continuación de esta oleada represiva intervencionista que se extiende intermitentemente por más de 40 años, no abona, si no más bien frustra y enajena este pueblo caribeño del ejercicio de sus derechos naturales.
V. La Pena de Muerte en Puerto Rico
Por Julio Ortiz
COPRONU
El debate de la pena de muerte pone de relieve la condición colonial del Estado Libre Asociado y las divergencias entre el sistema legal puertorriqueño y el estadounidense. La Corte Suprema de Puerto Rico determinó en el 2000 que la pena de muerte violaba la Constitución de Puerto Rico ya que va en contra de la Ley de Relaciones Federales y la Constitución del Estado Libre Asociado. Un año después el Tribunal Federal de Apelaciones de Estados Unidos en Boston revocó la sentencia aduciendo que Puerto Rico esta sujeto a la imposición de leyes federales como territorio de los EE.UU. Esta decisión de la Corte de Boston fue ratificada tiempo después.
Puerto Rico abolió la pena de muerte en 1929 y la Constitución de Puerto Rico en 1952 prohibió la aplicación de la pena capital. El articulo II, sección VII de la Carta de Derechos de la Constitución afirma: “Se reconoce como derecho fundamental del ser humano el derecho a la vida, a la libertad y al disfrute de la propiedad. No existirá la pena de muerte”.
Este punto contencioso es efecto directo del “Pacto” que se estableció en 1952 por medio del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En el año 1950 el Congreso de los EE.UU. aprobó la Ley 600 que autorizaba al pueblo de Puerto Rico para constituir un gobierno constitucional. Tal ley fue aceptada por el pueblo por medio de un referendo, acto seguido se eligieron los delegados y estos redactaron la Constitución. Una vez redactada la Constitución fue editada, alterada y aprobada por el Congreso como parte de un proceso de aprobación que duró meses. La enmienda que es clave para entender todo este entuerto es la que determina que cualquier cambio, revisión o enmienda de la Constitución tenía y tiene que pasar por el cedazo del Congreso estadounidense. El Congreso, sin embargo, no eliminó la prohibición de la pena de muerte de la Carta Magna puertorriqueña. La imposición de la pena de muerte es un conflicto entre el gobierno de Puerto Rico y los Estados Unidos que pone en entredicho la legalidad de esta relación en cuanto y en tanto una constitución soberana de un país esta supeditada a las prerrogativas soberanas de un segundo estado.
Si la Corta Suprema de los Estados Unidos logra imponer la pena de muerte a los ciudadanos puertorriqueños no solo se violaría su Carta Magna, si no también la validez de su llamado “autogobierno”, la dignidad el pueblo boricua y todas las convenciones internacionales que ilegalizan internacionalmente tal barbarie. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, Art.3, garantiza el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal. La penal capital es prohibida como garantía de los derechos humanos y la dignidad del individuo por el Protocolo Num.2 del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles aprobado por la A.G. de la ONU en su resolución 44/128 del 15 de diciembre de 1989. El artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce el derecho a la vida y restringe la aplicación de la pena de muerte.
En la justicia estadounidense existen 38 delitos que acarrean pena de muerte.
Entre ellos están los delitos de traición, espionaje, tráfico de drogas, aconsejar o autorizar el asesinato de un funcionario publico, jurado o testigo en ciertos casos. El caso contra el joven Carlos Ayala López por asesinato de un guardia federal fue decidido el 18 de septiembre 2006 por medio de una sentencia de cárcel perpetua impuesta por un jurado puertorriqueño. La Coalición en Contra de la Pena de Muerte es la organización no gubernamental en Puerto Rico que lidera la ofensiva en contra de que esta imposición imperial tenga éxito en esta isla caribeña. Nuestro pueblo siempre ha rechazado este tipo de medida punitiva por considerarlo inhumano e innecesario y contrario a los valores de convivencia pacifica tan enraizados en la identidad de la nación puertorriqueña.
VI. Puerto Rico: cultura que se reafirma en la resistencia
Edgardo Díaz Díaz
COPRONU
A la altura de hoy, pocos lugares hay en el mundo, subyugados política y económicamente como Puerto Rico, una isla de las Antillas, cuyos habitantes se han valido de todo recurso para dar a valer su presencia y dignidad como pueblo ante la agobiante influencia económica de los Estados Unidos de Norteamérica, país que invadió la isla en 1898 y se apropió de ella sin consultar a sus habitantes, un año después mediante el Tratado de París de 1898. Entre esos valiosos recursos está su cultura, que se manifiesta a través de su música, sus bailes, su literatura y poesía, además de su cultura legal y política . El idioma que articula buena parte de estas expresiones es el español. Desde el primer día de la invasión, los norteamericanos se propusieron "americanizar" a los puertorriqueños imponiendo el inglés en el sistema educativo sin establecer un adecuado proceso de transición lingüística. Esta imposición resultó ser traumática para la población, forzada a resolver los aspectos más urgentes de su vida diaria, e incluso legales, en una lengua que no les era familiar. Al trauma lingüístico le añadimos el proyecto para desarticular los estilos de convivencia, así como el imaginario en torno a los grandes logros culturales de los puertorriqueños antes de la invasión. Por ejemplo, los educadores norteamericanos transmitían la idea de Puerto Rico como un pueblo de "cultura inferior," donde era necesario "civilizar," a su gente como lo aseguro el Nelson Miles, oficial norteamericano conocido por su rol en la masacres de los indios en Wounded Knee. Esos "educadores" se dirigían a los niños puertorriqueños, refiriéndose a Puerto Rico como un pueblo "sin historia" y “sin cultura.”
Lo cierto es que antes y después de la intervención norteamericana de 1898, hasta nuestros días, la contribución cultural de los puertorriqueños al mundo -- sin hablar solo de su resistencia cultural -- fue, y sigue siendo, enorme. Si, antes de 1898, el mundo latinoamericano bailaba al ritmo y acordes de la danza puertorriqueña, hoy el mundo entero canta sus boleros por Pedro Flores y Rafael Hernández, y disfruta de su salsa y reggaetón. Si de Puerto Rico salieron con esa danza virtuosos como Ana Otero y Gonzalo Núñez, que conquistaron el mundo conciertos en centros culturales “más” avanzados como París, Londres y Nueva York, hoy la isla sigue ofreciendo intérpretes de la valía de Sanromá, y las Figueroa y los Morales. Y ni hablar de intérpretes populares como Juan Tizol, Tito Puente, o de la nuestra contribución en el jazz durante la Primera Guerra Mundial
A Manuel Zeno Gandía hacia 1890 se tiene como uno de los precedentes más notables del modernismo literario en toda la América; así, en nuestros días Luis Rafael Sánchez constituye una de las máximas figuras del mundo literario hispanoamericano de hoy. No es “gracias” a la condición colonial de Puerto Rico sino, a pesar de ella, que los puertorriqueños han dado de lo mejor de su cultura para decir “presente” en una “asamblea general” de que destaca el postergado espíritu de la libertad sostenido por el pueblo boricua.
No es a través de los medios de comunicación norteamericanas, indiferentes a todo lo que les sea distinto, que Puerto Rico da testimonio inequívoco de su presencia en los Estados Unidos y el mundo, sino a fuerza de su acción social, que grupos como los Young Lords y sus alianzas con organizaciones de avanzada han generado a pasos agigantados la fuerza para el cambio que beneficie a la población marginada de esa nación. Ya esto conlleva alianzas inter-étnicas estratégicas que han redundado en expresiones como el “bugalú” y el “rap” latino.
Pero, más allá de esa fuerza social, la energía cultural y el acto de existencia misma de los puertorriqueños se ha transmitido primordialmente a través de las redes culturales de la América Latina. Una vez la América Latina se hizo sede del espíritu de "Nuestra América" promulgada por Betances y Hostos y seguido por Marti; hoy Juan Mari Brás y Rubén Berríos constituyen sólo dos de los muchos puertorriqueños que promulgan el irreductible carácter de una cultura política común con la América Latina, porque es que somos latinoamericanos. Por eso, no tiene sentido alguno que se nos siga llamando "norteamericanos," especialmente cuando es de sus círculos más poderosos, que proviene la negativa a aceptar la valía cultural y existencia de los puertorriqueños como pueblo.
Por Julio Ortiz
COPRONU
No se puede explicar cómo ha permanecido el colonialismo en Puerto Rico por los últimos 108 años sin mencionar las acciones represivas del FBI en la Isla desde la década de los treinta. El Buró Federal de Investigaciones trabajó mano a mano durante más de cuarenta años con la Policía de Puerto Rico dejando un bochornoso historial de persecución, muertes y represión. Con la eliminación de la división de inteligencia de la Policía de Puerto Rico en la década del ochenta, el FBI ha tenido que incursionar directamente en asuntos domésticos puertorriqueños revelando de esta manera la funesta cara que escondía mientras la Policía de Puerto Rico ejecutaba sus intervenciones cuasi militares. El trabajo paramilitar ejecutado por el FBI en la Isla pone a flor de piel el carácter colonial, represor e intervencionista de la presencia estadounidense en las Islas de Puerto Rico. La mano perversa del FBI ha estado presente desde el 1935 en aquellos momentos en que el pueblo puertorriqueño ha sido hostigado y masacrado, también ha estado directamente implicados en atentados terroristas y en asesinatos de líderes políticos. Todas estas acciones han tenido como propósito el debilitamiento y el desbande de las fuerzas políticas que históricamente han exigido la libre determinación e independencia de esta nación caribeña y latinoamericana.
La reciente manifestación de esta represión directa a la altura del Siglo XXI fue el asesinato de Filiberto Ojeda Ríos el 23 de septiembre 2005 en el municipio de Hormigueros. Durante dos días se mantuvo un país de 3.8 millones de habitantes en vilo y confundido por medio de la desinformación respecto a lo que estaba sucediendo en este operativo totalmente ejecutado por mas de 200 agentes federales del Estado de la Florida. Durante todo el 2006 el pueblo puertorriqueño, su gobierno, y sus fuerzas de seguridad pública han tenido que presenciar como simples espectadores el asalto y la intervención indiscriminada del FBI en hogares, en edificios públicos e instituciones gubernamentales (en los municipios de San Juan, Aguadilla, Hormigueros, Mayagüez). La represión abierta del FBI a partir del año pasado, junto al hecho de que los grupos armados han estado ausentes de la vida publica durante la década del noventa, han levantado el disgusto popular que se expresa en todas las esferas de la sociedad puertorriqueña. Ejemplo de esto es la investigación sobre el asesinato de Ojeda Ríos y la demanda incoada por el Departamento de Justicia de Puerto Rico en contra del Departamento de Justicia de los Estados Unidos por su negativa a colaborar con la investigación independiente del Gobierno de Puerto Rico.
Frente al rechazo y el descrédito que sufre el FBI ante la opinión publica y el gobierno de Puerto Rico, el Buró diseñó nuevas y osadas formas de represión e intervención. La oficina del FBI en San Juan ha comenzado una campaña de entrenamiento de civiles que busca preparar empresarios, empleados públicos, escolares y ciudadanos en general en técnicas antiterroristas y de inteligencia. Al igual que en los últimos setenta años, el FBI esta recurriendo al fanatismo y al sectarismo político de algunos puertorriqueños para frustrar e intervenir en transformaciones políticas de la Isla.
La incursión del FBI en la vida política y pública de Puerto Rico tuvo su primer resultado un 24 de octubre 1935, fecha en que asesinan cuatro jóvenes universitarios independentistas cerca de la Universidad de Puerto Rico en un acontecimiento conocido en la historia de Puerto Rico como “ La masacre de Río Piedras”. Se conoce que el plan fue diseñado por el Gobernador Winship, el Coronel Riggs, y el “Attorney General” Lic. Benigno Fernández García. Estos mismos personajes también estuvieron involucrados en la masacre de 19 puertorriqueños nacionalistas en medio de una manifestación política pacifica en la ciudad de Ponce. Este episodio triste para la memoria colectiva puertorriqueña es conocida como “La Masacre de Ponce”.
El movimiento independentista puertorriqueño fue el segundo gran objetivo de la iniciativa del FBI llamada “Counter Intelligence Program” (COINTELPRO) durante la Guerra Fría. Esta campaña se dedicó a perseguir y desarticular organizaciones políticas que buscaban provocar cambios políticos dentro de territorio estadounidense por medio del activismo comunitario. Los documentos desclasificados conocidos demuestran que en 1960 se iniciaron operativos contra el Movimiento Pro Independencia y organizaciones puertorriqueñas en Nueva York y Chicago. Estos operativos, según se desprende de fuentes oficiales del Buró, buscaban interferir con las actividades normales de las organizaciones puertorriqueñas independentistas y soberanistas y desarticular sus funciones y actividades.
En 1967 el FBI intervino en el referendo sobre el estatus político de Puerto Rico, que no solo fue promovido por la clase política isleña si no también por las recién independizadas naciones africanas dentro del seno de la Asamblea General. Las intervenciones indebidas siguieron hasta las elecciones del 1968, en que un partido soberanista (el Partido del Pueblo) intentó conciliar las demandas del independentismo y el autonomismo dentro de su agenda política.
En esa misma década el FBI interviene en los medios de comunicación colocando artículos y editoriales por medio de escritores o suministrando el borrador de ciertos artículos a los medios de comunicación masiva. Ciertos medios publicaban estos artículos enviados por el FBI para tergiversar informaciones sobre ciertos temas decisivos o conflictivos para el País, para desinformar maliciosamente y para desacreditar organizaciones y personas afiliadas a organización o partidos políticos que demandaban la soberanía de la Isla. Una actividad bastante conocida por los puertorriqueños era la infiltración de agentes federales en organizaciones independentista o la creación de seudo grupos independentistas.
Actividades que buscaban aterrorizar la población y causar daños a la propiedad pública y privada fueron comunes durante la década del setenta. Ejemplo de esto fueron las siguientes acciones: la explosión de bombas en periódicos, comercios y en comités políticos de grupos que impulsaban la independencia de Puerto Rico, atentados armados contra residencia de independentistas y preparación de carpetas a personas independentistas o que de alguna manera buscaban cambiar el status quo.
El asesinato de Santiago "Chagui" Mari Pesquera, hijo del líder independentista Juan Mari Brás, del empresario cubano Carlos Muñiz Varela y de los jóvenes independentistas Arnaldo Darío Rosado y Carlos Soto Arrivi levanta desconfianza y sospecha sobre las acciones y operaciones del FBI y sobre el alcance de las acciones de COINTELPRO durante la década del setenta y el ochenta. Grupos del exilio cubano activos políticamente en Puerto Rico y el FBI son los señalados constantemente por la opinión pública como los responsables de estos crímenes políticos. En el caso de Darío Rosado y Soto Arrivi, agentes de la policía de Puerto Rico y de su división de Inteligencia fueron procesados y juzgados por estos crímenes. La repugna popular a este ultimo caso obligó al gobierno de Puerto Rico a desmantelar la División de Inteligencia de la Policía. Actualmente el Departamento de Justicia lleva a cabo una investigación que busca encontrar los culpables del asesinato de Mari Pesquera y Muñiz Varela.
El arresto masivo en 1985 de alegados miembros de grupos armados por parte de 300 agentes del FBI. En este episodio el FBI entró a casa de familiares de los arrestados y de vecinos buscando evidencia y destruyendo propiedad privada.
Esta agencia federal históricamente ha tenido la función de hostigar y amedrentar el pueblo puertorriqueño con la única intención de obstruir su natural derecho a la libre autodeterminación tal y como lo ha reconocido las Naciones Unidas en 24 ocasiones desde 1973 de acorde a la Resolución 1514(XV) de su Asamblea General. La última resolución aprobada por el Comité de Descolonización en junio del 2006 afirma que los Estados Unidos debe honrar un proceso que permita al pueblo de Puerto Rico ejercitar sus derechos inalienables. La continuación de esta oleada represiva intervencionista que se extiende intermitentemente por más de 40 años, no abona, si no más bien frustra y enajena este pueblo caribeño del ejercicio de sus derechos naturales.
V. La Pena de Muerte en Puerto Rico
Por Julio Ortiz
COPRONU
El debate de la pena de muerte pone de relieve la condición colonial del Estado Libre Asociado y las divergencias entre el sistema legal puertorriqueño y el estadounidense. La Corte Suprema de Puerto Rico determinó en el 2000 que la pena de muerte violaba la Constitución de Puerto Rico ya que va en contra de la Ley de Relaciones Federales y la Constitución del Estado Libre Asociado. Un año después el Tribunal Federal de Apelaciones de Estados Unidos en Boston revocó la sentencia aduciendo que Puerto Rico esta sujeto a la imposición de leyes federales como territorio de los EE.UU. Esta decisión de la Corte de Boston fue ratificada tiempo después.
Puerto Rico abolió la pena de muerte en 1929 y la Constitución de Puerto Rico en 1952 prohibió la aplicación de la pena capital. El articulo II, sección VII de la Carta de Derechos de la Constitución afirma: “Se reconoce como derecho fundamental del ser humano el derecho a la vida, a la libertad y al disfrute de la propiedad. No existirá la pena de muerte”.
Este punto contencioso es efecto directo del “Pacto” que se estableció en 1952 por medio del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En el año 1950 el Congreso de los EE.UU. aprobó la Ley 600 que autorizaba al pueblo de Puerto Rico para constituir un gobierno constitucional. Tal ley fue aceptada por el pueblo por medio de un referendo, acto seguido se eligieron los delegados y estos redactaron la Constitución. Una vez redactada la Constitución fue editada, alterada y aprobada por el Congreso como parte de un proceso de aprobación que duró meses. La enmienda que es clave para entender todo este entuerto es la que determina que cualquier cambio, revisión o enmienda de la Constitución tenía y tiene que pasar por el cedazo del Congreso estadounidense. El Congreso, sin embargo, no eliminó la prohibición de la pena de muerte de la Carta Magna puertorriqueña. La imposición de la pena de muerte es un conflicto entre el gobierno de Puerto Rico y los Estados Unidos que pone en entredicho la legalidad de esta relación en cuanto y en tanto una constitución soberana de un país esta supeditada a las prerrogativas soberanas de un segundo estado.
Si la Corta Suprema de los Estados Unidos logra imponer la pena de muerte a los ciudadanos puertorriqueños no solo se violaría su Carta Magna, si no también la validez de su llamado “autogobierno”, la dignidad el pueblo boricua y todas las convenciones internacionales que ilegalizan internacionalmente tal barbarie. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, Art.3, garantiza el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal. La penal capital es prohibida como garantía de los derechos humanos y la dignidad del individuo por el Protocolo Num.2 del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles aprobado por la A.G. de la ONU en su resolución 44/128 del 15 de diciembre de 1989. El artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce el derecho a la vida y restringe la aplicación de la pena de muerte.
En la justicia estadounidense existen 38 delitos que acarrean pena de muerte.
Entre ellos están los delitos de traición, espionaje, tráfico de drogas, aconsejar o autorizar el asesinato de un funcionario publico, jurado o testigo en ciertos casos. El caso contra el joven Carlos Ayala López por asesinato de un guardia federal fue decidido el 18 de septiembre 2006 por medio de una sentencia de cárcel perpetua impuesta por un jurado puertorriqueño. La Coalición en Contra de la Pena de Muerte es la organización no gubernamental en Puerto Rico que lidera la ofensiva en contra de que esta imposición imperial tenga éxito en esta isla caribeña. Nuestro pueblo siempre ha rechazado este tipo de medida punitiva por considerarlo inhumano e innecesario y contrario a los valores de convivencia pacifica tan enraizados en la identidad de la nación puertorriqueña.
VI. Puerto Rico: cultura que se reafirma en la resistencia
Edgardo Díaz Díaz
COPRONU
A la altura de hoy, pocos lugares hay en el mundo, subyugados política y económicamente como Puerto Rico, una isla de las Antillas, cuyos habitantes se han valido de todo recurso para dar a valer su presencia y dignidad como pueblo ante la agobiante influencia económica de los Estados Unidos de Norteamérica, país que invadió la isla en 1898 y se apropió de ella sin consultar a sus habitantes, un año después mediante el Tratado de París de 1898. Entre esos valiosos recursos está su cultura, que se manifiesta a través de su música, sus bailes, su literatura y poesía, además de su cultura legal y política . El idioma que articula buena parte de estas expresiones es el español. Desde el primer día de la invasión, los norteamericanos se propusieron "americanizar" a los puertorriqueños imponiendo el inglés en el sistema educativo sin establecer un adecuado proceso de transición lingüística. Esta imposición resultó ser traumática para la población, forzada a resolver los aspectos más urgentes de su vida diaria, e incluso legales, en una lengua que no les era familiar. Al trauma lingüístico le añadimos el proyecto para desarticular los estilos de convivencia, así como el imaginario en torno a los grandes logros culturales de los puertorriqueños antes de la invasión. Por ejemplo, los educadores norteamericanos transmitían la idea de Puerto Rico como un pueblo de "cultura inferior," donde era necesario "civilizar," a su gente como lo aseguro el Nelson Miles, oficial norteamericano conocido por su rol en la masacres de los indios en Wounded Knee. Esos "educadores" se dirigían a los niños puertorriqueños, refiriéndose a Puerto Rico como un pueblo "sin historia" y “sin cultura.”
Lo cierto es que antes y después de la intervención norteamericana de 1898, hasta nuestros días, la contribución cultural de los puertorriqueños al mundo -- sin hablar solo de su resistencia cultural -- fue, y sigue siendo, enorme. Si, antes de 1898, el mundo latinoamericano bailaba al ritmo y acordes de la danza puertorriqueña, hoy el mundo entero canta sus boleros por Pedro Flores y Rafael Hernández, y disfruta de su salsa y reggaetón. Si de Puerto Rico salieron con esa danza virtuosos como Ana Otero y Gonzalo Núñez, que conquistaron el mundo conciertos en centros culturales “más” avanzados como París, Londres y Nueva York, hoy la isla sigue ofreciendo intérpretes de la valía de Sanromá, y las Figueroa y los Morales. Y ni hablar de intérpretes populares como Juan Tizol, Tito Puente, o de la nuestra contribución en el jazz durante la Primera Guerra Mundial
A Manuel Zeno Gandía hacia 1890 se tiene como uno de los precedentes más notables del modernismo literario en toda la América; así, en nuestros días Luis Rafael Sánchez constituye una de las máximas figuras del mundo literario hispanoamericano de hoy. No es “gracias” a la condición colonial de Puerto Rico sino, a pesar de ella, que los puertorriqueños han dado de lo mejor de su cultura para decir “presente” en una “asamblea general” de que destaca el postergado espíritu de la libertad sostenido por el pueblo boricua.
No es a través de los medios de comunicación norteamericanas, indiferentes a todo lo que les sea distinto, que Puerto Rico da testimonio inequívoco de su presencia en los Estados Unidos y el mundo, sino a fuerza de su acción social, que grupos como los Young Lords y sus alianzas con organizaciones de avanzada han generado a pasos agigantados la fuerza para el cambio que beneficie a la población marginada de esa nación. Ya esto conlleva alianzas inter-étnicas estratégicas que han redundado en expresiones como el “bugalú” y el “rap” latino.
Pero, más allá de esa fuerza social, la energía cultural y el acto de existencia misma de los puertorriqueños se ha transmitido primordialmente a través de las redes culturales de la América Latina. Una vez la América Latina se hizo sede del espíritu de "Nuestra América" promulgada por Betances y Hostos y seguido por Marti; hoy Juan Mari Brás y Rubén Berríos constituyen sólo dos de los muchos puertorriqueños que promulgan el irreductible carácter de una cultura política común con la América Latina, porque es que somos latinoamericanos. Por eso, no tiene sentido alguno que se nos siga llamando "norteamericanos," especialmente cuando es de sus círculos más poderosos, que proviene la negativa a aceptar la valía cultural y existencia de los puertorriqueños como pueblo.
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