Puerto Rico Al Día - No. 2, abril 2007

Iniciativas sobre Puerto Rico en Congreso de EU

Al presente, el Proyecto de Ley 1230 sobre el status políticos de Puerto Rico, radicado por los Congresistas Nydia Velásquez y Luis Gutiérrez, está ante el Sub-comité de Asuntos Insulares del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de E.U. El mismo plantea reconocer el derecho de libre determinación e independencia de Puerto Rico al igual que la celebración de una Asamblea Constitucional.

Por su parte, el sector independentista ha abogado por que la iniciativa para la solución del caso colonial de Puerto Rico, incluyendo la Asamblea Constitucional de Status, debe surgir originariamente del pueblo puertorriqueño. Al respecto, la resolución sobre Puerto Rico adoptada por el Comité de Descolonización de Naciones Unidas el pasado 12 de junio de 2006 plantea su conciencia “del principio de que toda iniciativa para la solución del estatus político de Puerto Rico debe tomarla originalmente el pueblo de Puerto Rico.

No obstante, sectores independentistas han reconocido el proyecto como un paso por parte del gobernante Partido Popular Democrático, favorecedor del Estado Libre Asociado no colonial ni territorial y principal promotor del proyecto. Es de notar que al presente, otro proyecto de ley, de corte anexionista, está también ante la consideración de dicho sub comité de la Cámara de Representante de E.U.) Por su parte Estados Unidos ha sostenido históricamente, y recientemente lo reafirmó en el Informe Comité de Trabajo Interagencial del Presidente, que Puerto Rico pertenece a, pero no es parte de, Estados Unidos.

Es de notar que los ocasionales informes, estudios y análisis sobre Puerto Rico realizados por instancias de su gobierno, como fueron los recientes Informe de Comité de Trabajo Interagencial y del G.A.O., y la legislación sobre el caso radicada por congresistas de Washington con sus correspondientes vistas públicas, en el pasado no han brindado resultados.

Hay Puertorriqueños muriendo en Irak

Yull Estrada Rodríguez, Jesús Montalvo Ortega, Carlos Díaz, y Ángel Mercado Velásquez, y otros 55 puertorriqueños miembros de la Guardia Nacional de Puerto Rico y del ejército estadounidense, todos fallecieron en la guerra de Irak. Esto sin contar los puertorriqueños provenientes de Estados Unidos que también han fallecido en Irak. Además, mil 200 soldados boricuas de la Reserva Nacional de Puerto Rico siguen destacados en Irak y mil 700 están en otras misiones militares de Estados Unidos alrededor del mundo.

A las alturas del siglo XXI en que los conceptos jurídicos universales en materia de autodeterminación, integridad territorial y derechos humanos han alcanzado nuevos niveles de reclamo, la presencia en Puerto Rico de agencias de reclutamiento de las fuerzas armadas de Estados Unidos responde a que la llamada “defensa común” es uno de los pilares del llamado Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Tal atadura constitucional convierte a la Guardia Nacional de Puerto Rico en un cuerpo militar adscrito al ejército estadounidense de la misma manera que las Guardias Nacionales de los 50 estados. A la vez que el Gobierno de Puerto Rico no puede adherirse a convenciones globales, firmar tratados internacionales o tener comercio libre con los países que le convenga, está obligado por el “pacto” con los Estados Unidos a la presencia de las fuerzas armadas de EU en Puerto Rico y al reclutamiento de los puertorriqueños a las mismas. En el siglo XX los boricuas han combatido en numerosas guerras de Estados Unidos contra otros países, incluso intervenciones en países vecinos han partido desde Puerto Rico.

Ante esa realidad en Puerto Rico se han realizado marchas y campañas de denuncia contra el reclutamiento militar. Entre otras organizaciones al presente se ha destacado la organización Madres Contra la Guerra la cual ha lanzado demostraciones y ofensivas en los medios de comunicación masiva y las escuelas publicas del país (con autorización del Departamento de Educación) para ampliar la base de resistencia contra el reclutamiento militar.

Los estudiantes de la Escuela de Derecho Eugenio María de Hostos y las Madres Contra la Guerra llevan a cabo protestas mensuales frente a las oficinas de reclutamiento del ejército norteamericano en Puerto Rico. El gobernador Aníbal Acevedo Vila, como administrador colonial, en algunas ocasiones se ha mostrado en contra de la guerra en Irak y en otras ha reaccionado ambivalente ante los pedidos de la Sociedad Civil y Madres Contra la Guerra a efectos de que no autorice la salida del país de las tropas de la Guardia Nacional y que le ordene a las restantes regresar. Las actividades de la Sociedad Civil han reafirmado la vigencia de la lucha contra el envío de boricuas a guerras ajenas y de la militarización en Puerto Rico.

La lucha en contra de la Marina de Guerra de los Estados Unidos en las islas de Culebra y Vieques que expulsó sus prácticas militares y todo su aparato militar del este de la Isla (considerado la segunda instalación militar más grande en el hemisferio) es una de las gestas de la Sociedad Civil. Igualmente, durante la guerra de Estados Unidos en Viet Nam el pueblo puertorriqueño luchó victoriosamente contra el servicio militar obligatorio de los puertorriqueños en el ejército de los Estados Unidos. Es decir, que la historia de Puerto Rico a favor de la paz y la desmilitarización es una extensa y con grandes logros.

Una nueva movida represiva del FBI en Puerto Rico

La realidad colonial de Puerto Rico incluye la presencia en su suelo de las agencias de gobierno de EU incluyendo el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés). En días recientes el gobernador de Puerto Rico, Aníbal Acevedo Vilá, del pro Estado Libre Asociado de Puerto Rico Partido Popular Democrático, reunió un grupo de trabajo inter-agencial con el fin de que elabore e implemente estrategias para combatir el vertiginoso aumento de asesinatos en la Isla. El director del FBI en Puerto Rico, Luis Fraticelli, presente en la reunión, le comunicó al Superintendente de la Policía de Puerto Rico, Pedro Toledo, que el FBI está dispuesto a intervenir las llamadas telefónicas de la ciudadanía con el propósito de combatir la criminalidad.

Inmediatamente, el Colegio de Abogados de Puerto Rico mostró su preocupación ante tales expresiones a través de su presidenta, Celina Romany Siaca, y de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de dicha institución, Nora Vargas Acosta. Ambas catalogaron las expresiones de Fraticelli como “un intento del FBI de rebasar los límites del ámbito jurisdiccional que le imponen a esa agencia las leyes federales”. Es de notar que dicha actividad está prohibida por la Constitución de Puerto Rico, en la Sección 10 del Artículo II.

Las declaraciones del FBI se tornan ominosas dado el historial de persecución política e ideológica que dicha agencia estadounidense ha protagonizado en Puerto Rico. Su reciente asesinato del líder independentista puertorriqueño, Filiberto Ojeda Ríos, en septiembre de 2005, aún no se ha esclarecido. El FBI también agredió con gas pimienta a varios periodistas puertorriqueños mientras reportaban el allanamiento de una residencia de activistas independentistas en febrero del año pasado.

Según Nora Acosta, estos hechos recientes “arrojan dudas sobre la capacidad del FBI para conducir investigaciones legítimas.” Por su parte, Romany Siaca expresó que, “el gobierno de Puerto Rico debe rechazar toda propuesta o medida que constituya una violación a los derechos constitucionales de nuestro pueblo. No hay seguridad real si a la ciudadanía no se le garantiza la protección de sus derechos civiles”. Hasta el momento, el Gobierno de Puerto Rico no ha reaccionado al particular.

Literatos se unen a causa independentista puertorriqueña

¿Qué tienen en común Ernesto Sábato, Gabriel García Márquez y Thiago de Mello? Que los tres, eminencias de las letras latinoamericanas y universales, firmaron la Proclama de Panamá aprobada por el Congreso Latinoamericano y Caribeño por la Independencia de Puerto Rico, un evento histórico celebrado en noviembre de 2006 en la Ciudad de Panamá a partir de la convocatoria del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

La lista de firmantes del ambiente artístico latinoamericano también incluye a los puertorriqueños Luis Rafael Sánchez, Mayra Montero y Ana Lydia Vega; a los cubanos Pablo Milanés y Pablo Armando Fernández; al periodista y ensayista mexicano Carlos Monsiváis; a los uruguayos Mario Benedetti y Eduardo Galeano; y al novelista y diplomático ecuatoriano Jorge Enrique Adoum.

La vicepresidenta del PIP, María de Lourdes Santiago, se refirió a este acontecimiento como un paso importante para sacar “del entorno estrictamente político el apoyo a la independencia de Puerto Rico para llevarlo al campo de la intelectualidad, de la cultura, del arte.”

En comentarios a Radio Universidad de Puerto Rico el Dr. Héctor Pesquera, co-presidente del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH), dio la bienvenida a la firma de los artistas e intelectuales a la Proclama de Panamá, comentando a su vez que “es necesaria más educación a nivel nacional e internacional” y que “es de suma importancia que todos estos países, que son miembros de la ONU, endosen la petición para que se incluya la discusión del caso de Puerto Rico en la próxima agenda”.

Representación colonial y de segunda clase

Los demócratas, actualmente en control del Congreso estadounidense, aprobaron recientemente una medida para que el voto de los representantes de territorios y posesiones norteamericanas en la Cámara Baja estadounidense, el Comisionado Residente, Luis Fortuño en el caso de Puerto Rico, se utilice solo en votaciones no decisivas. Es decir, el voto está condicionado.

En la Cámara, demócratas y republicanos permanecieron divididos a la hora de apoyar el proyecto, presentado recientemente por el Rep. Steny Hoyer de Maryland. El mismo fue aprobado en votación 226-191 y sirvió para que se avivara la discusión sobre el estatus político de la Isla en Washington, D.C., según Fortuño, quien en dos intervenciones ante la Cámara pidió a los congresistas que habilitaran un proceso de libre determinación para Puerto Rico.

Por su parte, el Secretario General del Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Dalmau dijo que “la única utilidad de todo esto es que generó un debate sobre el tema de los territorios estadounidenses” El debate, añadió, “sirvió de recordatorio de que seguir posponiendo atender el problema colonial de Puerto Rico fomenta un ambiente anexionista que es contrario a los intereses de los Estados Unidos y de Puerto Rico. Sólo la independencia detiene la anexión.”

El coloniaje y la falta de voluntad política

En un reciente artículo sobre la adicción a las drogas y la criminalidad, el humanista Ángel Collado Schwarz nos recuerda que “durante casi sesenta años, Puerto Rico ha tenido ocho gobernadores electos. Todos han fracasado en controlar efectivamente el problema del crimen y la droga. ¿No nos debe dar esto un indicio de que las estrategias utilizadas para combatir el crimen y la droga no han sido las correctas?”

Muchas de las estrategias utilizadas son las que imponen a los cuerpos del orden público puertorriqueño las agencias estadounidenses como el FBI, la Agencia del Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Seguridad Nacional, mejor conocido como “Homeland Security”. Las mismas se caracterizan por la reticencia política de proponer nuevas e innovadoras medidas para combatir el tráfico de drogas.

“Cada vez que la Policía incauta un cargamento de drogas”, continúa Collado Schwarz, “disminuye la oferta, lo cual sube el precio de la droga. El aumento obliga al adicto a aumentar la comisión de actos delictivos para costear el precio mayor de la droga. Es el principio económico de demanda y oferta: mientras menor es la oferta, mayor es el precio.”

Lo que se vive en Puerto Rico es, en efecto, una guerra no declarada. A tres días de acabar el primer mes del año se habían registrado 64 asesinatos, 24 más que el año 2006 para esta misma fecha. La Policía de Puerto Rico ha asociado a la mayor parte de estas muertes (el 68% según las cifras oficiales) al tráfico ilegal de drogas.

Para atajar el problema del tráfico de drogas y la violencia que esta engendra, en Puerto Rico el independentismo tradicionalmente ha propuesto el tratamiento al adicto como enfermo y la medicación de la droga. Los demás sectores públicos electos nunca han tenido la voluntad política para contravenir las erradas políticas norteamericanas y buscar nuevas alternativas para combatir el problema de la droga.