Por respeto a nuestra bandera, No más colonia, Fuera Federales

11 de diciembre de 2007

Marcha próximo 22 de diciembre - MINH

Convocamos al pueblo puertorriqueño y a todas las organizaciones, grupos y personas que defienden los derechos y la integridad de nuestra Nación, a participar en la marcha que llevaremos a cabo el próximo sábado 22 de diciembre, en repudio a la indeseable ingerencia de las autoridades federales estadounidenses en nuestra Patria. Esta marcha estará presidida por la consigna, Por respeto a nuestra bandera, No más colonia, Fuera Federales. Ese día se conmemora el aniversario 112 de la creación de la bandera puertorriqueña. La marcha se iniciará desde frente al Ateneo Puertorriqueño, inmediatamente después de que finalice la tradicional celebración del Día de la Bandera que auspicia esa institución patriótica, desde el medio día del día 22 de diciembre. Marcharemos desde el Ateneo hasta el edificio federal en el Viejo San Juan. De esa forma, activa y militante, demostraremos nuestro repudio a los abusos y arbitrariedades de las diversas instituciones del gobierno federal de Estados Unidos contra nuestro pueblo.

Durante los pasados años abundan los ejemplos de arbitrariedad y abusos de los federales contra los puertorriqueños.
Entre estos:
-en noviembre de 2004 la corte federal secuestró el resultado de las elecciones generales y tuvo que recurrirse al tribunal estadounidense en Boston y luego al Tribunal Supremo de Puerto Rico para resolver la situación;
-el 23 de septiembre de 2005 fue vilmente asesinado el patriota Filiberto Ojeda Ríos por agentes del FBI, asesinato que hasta el día de hoy ha quedado impune;
-en febrero de 2006 numerosos periodistas y ciudadanos fueron agredidos por agentes del FBI mientras estos sujetos realizaban un allanamiento contra la residencia de una militante independentista
-durante los pasados meses se ha hecho evidente el intento de federalizar prácticamente todos los órdenes de la vida de nuestro País. La mano de los federales aparece en operativos contra la Policía, en el secuestro de yacimientos arqueológicos, en la determinación del precio de la leche y en el caso que se sigue contra el Gobernador Aníbal Acevedo Vilá y sus allegados.

Para colmo de la afrenta, ahora aparece el Comisionado Residente Luis Fortuño, quien sin ruborizarse ha propuesto que se le entregue a los federales el Fortín de San Jerónimo—aledaño al controversial Paseo Caribe— alegando que los puertorriqueños somos incapaces de proteger y mantener ese patrimonio histórico.

El pueblo puertorriqueño, más allá de consideraciones partidistas e ideológicas— está indignado—con toda razón y justeza— por los abusos de los federales, por su omnipresencia y control de nuestras vidas.

Esta situación indeseable es fruto directo de la condición colonial de Puerto Rico y de la ausencia de poderes para que nuestro pueblo pueda decidir libremente su destino.Por eso, ante el abuso de los federales y la falta de poderes, la consigna tiene que ser en rechazo a la colonia y por la salida de los federales de nuestro suelo. Es el mejor homenaje que podremos brindar a nuestra bandera. Reiteramos nuestra invitación a todos los hombres y mujeres de buena voluntad de nuestra Patria, a que nos unamos como una sola fuerza y marchemos este 22 de diciembre, desde el Ateneo hasta el edificio federal en el Viejo San Juan: Por respeto a nuestra bandera, No más colonia, Fuera federales.

10 de diciembre de 2007.

Hacia la Asamblea General

Lean el artículo del Lcdo. Noel Colón Martínez en Claridad.

Pulsen aquí.

Resolución sobre Puerto Rico del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas

Decisión del Comité Especial de 14 de junio de 2007 relativa a Puerto Rico

El Comité Especial,

Teniendo presente la Declaración sobre la concesión de la independencia de los países y pueblos coloniales, contenida en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1960, así como las resoluciones y decisiones del Comité Especial relativas a Puerto Rico,

Considerando que la Asamblea General, en su resolución 43/47, de 22 de noviembre de 1988, declaró el período 1990-2000 Decenio Internacional para la Eliminación del Colonialismo, y que en virtud de la resolución 55/146, de 8 de diciembre de 2000, declaró el período 2001-2010 Segundo Decenio Internacional para la Eliminación del Colonialismo,

Teniendo presentes las veinticinco resoluciones y decisiones aprobadas por el Comité Especial sobre la cuestión de Puerto Rico, contenidas en los informes del Comité Especial a la Asamblea General, en particular aquellas aprobadas en los últimos años sin votación,

Recordando que el 25 de julio de 2007 se cumplen ciento nueve años de la intervención de los Estados Unidos de América en Puerto Rico,Recordando también las diversas iniciativas emprendidas en años recientes por los representantes políticos de Puerto Rico y los Estados Unidos, sin que se haya logrado hasta el momento poner en marcha un proceso de descolonización para Puerto Rico,

Enfatizando la necesidad de que los Estados Unidos propicien las condiciones necesarias para la plena aplicación de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General y las resoluciones y decisiones del Comité Especial relativas a Puerto Rico,

Tomando nota de que el Grupo Interagencial de Trabajo sobre el Estatus de Puerto Rico designado por el Presidente de los Estados Unidos, el cual presentó su informe el 22 de diciembre de 2005, afirmó que Puerto Rico es un territorio sujeto a la autoridad congresional de los Estados Unidos, y de que en el Congreso de los Estados Unidos se han presentado posteriormente iniciativas con relación al estatus de Puerto Rico,

Tomando nota también de la “Proclama de Panamá”, adoptada en el Congreso Latinoamericano y Caribeño por la Independencia de Puerto Rico, que con la presencia de treinta y tres partidos políticos de veintidós países de la región sesionó del 17 al 19 de noviembre de 2006, en Panamá,

Tomando nota además del debate que existe en Puerto Rico sobre la búsqueda de un procedimiento que permita iniciar el proceso de descolonización de Puerto Rico, y consciente del principio de que toda iniciativa para la solución del estatus político de Puerto Rico debe tomarla originalmente el pueblo de Puerto Rico,

Consciente de que la isla de Vieques, Puerto Rico, fue utilizada durante más de sesenta años por la infantería de marina de los Estados Unidos para llevar a cabo maniobras militares, con las correspondientes consecuencias negativas para la salud de la población, el medio ambiente y el desarrollo económico y social de ese municipio puertorriqueño,

Recordando la decisión del Gobierno de los Estados Unidos de poner fin al bombardeo y las maniobras militares en la isla de Vieques desde el 1ro de mayo de 2003, adoptada como resultado de un largo proceso desarrollado durante años de protestas pacíficas por parte del pueblo puertorriqueño y de una amplia campaña de solidaridad internacional, que ha sido oportunamente reflejada en los trabajos y los documentos del Comité Especial,

Tomando nota del consenso que existe en el pueblo y Gobierno de Puerto Rico sobre la necesidad de que se produzca la limpieza, descontaminación y devolución al pueblo de Puerto Rico de todas la tierras anteriormente utilizadas para maniobras e instalaciones y su utilización para el desarrollo social y económico de Puerto Rico,

Tomando nota también de las denuncias hechas por los habitantes de Vieques sobre la continuación de la detonación de bombas y quema abierta como método de limpieza, agravando así los problemas de salud y contaminación ya existentes y poniendo en riesgo la vida de civiles,

Tomando nota además del consenso que existe en el pueblo de Puerto Rico a favor de que se ponga en libertad a los presos políticos puertorriqueños que por más de veintiséis años han cumplido condenas en prisiones de los Estados Unidos por causas relacionadas con la lucha por la independencia de Puerto Rico, así como a aquéllos que guardan prisión por causas relacionadas con la lucha por la paz en Vieques,

Tomando nota de la preocupación existente en el pueblo de Puerto Rico con relación a las acciones violentas, incluidas la represión e intimidación, contra independentistas puertorriqueños en Puerto Rico, incluyendo las que se han conocido recientemente a partir de documentos desclasificados por agencias federales de los Estados Unidos,

Tomando nota también de que en el Documento Final de la Decimocuarta Conferencia Cumbre del Movimiento de Países No Alineados, celebrada en La Habana, del 11 al 16 de septiembre de 2006, y en otras reuniones del movimiento, se reafirma el derecho del pueblo de Puerto Rico a la libre determinación e independencia, de conformidad con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, se exhorta al Gobierno de los Estados Unidos a asumir su responsabilidad de acelerar un proceso que permita que el pueblo de Puerto Rico ejerza plenamente su derecho inalienable a la libre determinación y la independencia, y se insta al Gobierno de los Estados Unidos a devolver el territorio y las instalaciones ocupados en la isla de Vieques y en la Estación Naval de Roosevelt Roads al pueblo puertorriqueño, que constituye una nación latinoamericana y caribeña, y se insta a la Asamblea General a examinar activamente la cuestión de Puerto Rico en todos sus aspectos,

Habiendo oído declaraciones y testimonios representativos de diversas tendencias del pueblo puertorriqueño y sus instituciones sociales 1,

Habiendo examinado el informe del Relator del Comité Especial sobre la aplicación de las resoluciones relativas a Puerto Rico,

1. Reafirma el derecho inalienable del pueblo puertorriqueño a la libre determinación e independencia, de conformidad con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, y la aplicabilidad de los principios fundamentales de dicha resolución a la cuestión de Puerto Rico;

2. Reitera que el pueblo puertorriqueño constituye una nación latinoamericana y caribeña que tiene su propia e inconfundible identidad nacional;

3. Llama al Gobierno de los Estados Unidos de América a asumir su responsabilidad de propiciar un proceso que permita que el pueblo de Puerto Rico ejerza plenamente su derecho inalienable a la libre determinación y la independencia, de conformidad con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General y las resoluciones y decisiones del Comité Especial relativas a Puerto Rico;

4. Toma nota del amplio apoyo de personalidades, Gobiernos y fuerzas políticas e América Latina y el Caribe a la independencia de Puerto Rico;

5. Toma nota también del debate que existe en Puerto Rico sobre la implementación de un mecanismo que pueda asegurar la plena participación de todos los sectores de opinión puertorriqueños, consciente del principio de que toda iniciativa para la solución del estatus político de Puerto Rico debe tomarla originalmente el pueblo de Puerto Rico;

6. Expresa profunda preocupación en relación con las acciones llevadas a cabo contra luchadores independentistas en los últimos meses y alienta a que se lleven a cabo una investigación sobre esas acciones, con el rigor necesario ya la cooperación de las autoridades pertinentes;

7. Solicita a la Asamblea General que examine de manera amplia y en todos los aspectos la cuestión de Puerto Rico;

8. Insta al Gobierno de los Estados Unidos, en consonancia con la necesidad de garantizar al pueblo puertorriqueño su legítimo derecho para la libre determinación y la protección de sus derechos humanos, a que termine la devolución de toda la tierra antes ocupada y las instalaciones en Vieques y Ceiba al pueblo de Puerto Rico, atienda a los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la salud y al desarrollo económico, y acelere la ejecución y asuma los costos del proceso de limpieza y descontaminación de las áreas de impacto anteriormente utilizadas en las maniobras militares mediante métodos que no continúen agravando las serias consecuencias de su actividad militar para la salud de los habitantes de la isla de Vieques y el medio ambiente;

9. Pide al Presidente de los Estados Unidos que ponga en libertad a todos los presos políticos puertorriqueños que por más de veintiséis años han cumplido condenas en prisiones de los Estados Unidos por causas relacionadas con la lucha por la independencia de Puerto Rico, así como a aquellos que guardan prisión por causas relacionadas con la lucha por la paz en Vieques;

10. Toma nota con satisfacción del informe preparado por el Relator del Comité Especial1, en cumplimiento de lo dispuesto en su resolución de 12 de junio de 2006;

11. Solicita al Relator que informe al Comité Especial en el año 2008 sobre la aplicación de la presente resolución;

12. Decide mantener la cuestión de Puerto Rico bajo examen continuo.

1. A/AC.109/12007/L.3.

PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE DESCOLONIZACION

Por: Wilma E. Reverón Collazo
Comité Puerto Rico en la ONU
14 de junio 2007

Señora Margaret Hughes Ferrari, Presidente del Comité Especial de Descolonización: le saludo y felicito por dos importantes razones – por la presidencia de San Vicente de este importante Comité y porque es la primera vez que adviene a la presidencia del mismo una mujer.

Señores delegados del Comité:

A nombre del Comité Puerto Rico en la ONU les saludo y agradezco la atención que sé van a dedicar a este tema en que le va la vida a nuestro pueblo.

Desde su creación, la Organización de Naciones Unidas incorporó en sus estatutos el reconocimiento del derecho de los pueblos a la libre determinación[1], a desarrollar el gobierno propio[2]; a establecer libremente su condición política y proveer asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.[3] El derecho a la libre determinación es un derecho fundamental sin el cual no es posible el disfrute pleno de otros derechos[4].

El derecho de descolonización vigente hoy se encuentra plasmado en la Carta de las Naciones Unidas, en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, en múltiples y reiteradas resoluciones de la Asamblea General de la ONU, siendo la ley especializada la Carta Magna de la Descolonización, la Resolución 1514(XV). Todos estos instrumentos reiteran como principio la inadmisibilidad de la intervención de los estados en la soberanía de los pueblos y la protección de los pueblos sometidos al colonialismo para garantizar el ejercicio pleno de su derecho a la libre determinación e independencia.[5]

Gross Espiell señala que para el derecho internacional actual el colonialismo es un crimen, un delito internacional, tipificado como tal. Por lo tanto, debe destacarse que a partir de la aprobación de la Resolución 1514(XV), todos los títulos en los que se fundó o se pretendió fundar la soberanía o el dominio sobre un territorio, han caducado en cuanto violan el principio de la libre determinación de los pueblos sometidos a la dominación colonial y extranjera. En virtud del nuevo decreto internacional aplicable, todos los antiguos títulos coloniales resultantes del viejo y caducado derecho internacional, han dejado de existir.

En el caso de Puerto Rico la “legalidad” la cual invoca la potencia interventora, Estados Unidos de América, para justificar su sujeción del territorio y el pueblo puertorriqueño, se ampara en la Resolución 748(VIII) de la Asamblea General de la ONU, adoptada el 27 de noviembre de 1953. La posición de Estados Unidos es que el pueblo de Puerto Rico ya ejerció su derecho a la libre determinación, mediante la adopción de una constitución propia y la organización de un gobierno propio. Sin embargo, según surge del Informe del Grupo Interagencial Sobre Puerto Rico, adoptado en abril de 2007 por la Casa Blanca del Presidente George W. Bush como política oficial, Estados Unidos reitera que Puerto Rico es un territorio que pertenece a, pero no forma parte de Estados Unidos, que como tal está sujeto a los poderes plenarios del Congreso de Estados Unidos, y que podrían disponer de él inclusive cediéndolo a otro estado. Dicha declaración política del Presidente de Estados Unidos demuestra, que lo acontecido en 1953 con la adopción de la Resolución 748(VIII), fue meramente una acción de relaciones públicas internacionales sin ningún propósito de cumplimiento con el derecho internacional sobre descolonización, situación que los puertorriqueños hemos denunciados año tras año ante este Comité de Descolonización.

El Grupo Interagencial fue constituido por una Orden Ejecutiva del entonces Presidente de Estados Unidos, William J. Clinton, en diciembre de 2000. En dicha Orden Ejecutiva Clinton estableció, como política pública de la Rama Ejecutiva, cito del inglés: “to help answer the question that the people of Puerto Rico have asked for years regarding the options for the Islands’ future status and the process of realizing an option.” La Orden Ejecutiva del presidente Clinton, le dá un mandato al Grupo Interagencial de implantar dicha política de la siguiente forma: “to consider and develop position on proposals, without preference among the options, for the Commonwealth’s future status.” Pero según señaló el señor Kevin Marshall el pasado 25 de abril de 2007 ante el Subcomité de Asuntos Insulares de la Cámara de Representantes de Estados Unidos[6], dichas recomendaciones quedan limitadas a opciones que no sean incompatibles con la Constitución, las leyes y la política de Estados Unidos.

Dicha declaración política del Presidente de Estados Unidos evidencia una vez más que lo acontecido en 1953 con la adopción de la Resolución 748(VIII) fue meramente una acción de relaciones públicas internacionales sin ningún propósito de cumplimiento con el derecho internacional sobre descolonización entonces vigente.

El 28 de agosto de 1972[7] se logra por primera vez que el Comité se exprese mediante una resolución sobre la aplicación de la Resolución 1514(XV) al caso de Puerto Rico, “Reconociendo el derecho inalienable del pueblo de Puerto Rico a la libre determinación y a la independencia de conformidad con la resolución 1514(XV) de la Asamblea General de 14 de diciembre de 1960.” Han pasado treinta y cinco (35) años y veinte cinco (25) resoluciones sin que Estados Unidos sin que Estados Unidos haya cumplido con sus obligaciones con la comunidad internacional ni con el pueblo de Puerto Rico.

El Comité Especial se expresó en su resolución[8] de 2006 sobre lo que espera de Estados Unidos en términos del derecho aplicable al caso colonial de Puerto Rico: “Tomando Nota de que el Grupo Interagencial de Trabajo sobre el Estatuto de Puerto Rico designado por el Presidente de Estados Unidos, afirmó que Puerto Rico es un territorio sujeto a la autoridad congresional de los Estados Unidos; Tomando nota del debate que existe en Puerto Rico sobre la búsqueda de un procedimiento que permita iniciar el proceso de descolonización de Puerto Rico y consciente de que toda iniciativa para la solución del status político de Puerto Rico debe tomarla originalmente el pueblo de Puerto Rico; 1.Reafirma el derecho inalienable del pueblo puertorriqueño a la libre determinación e independencia, de conformidad con la resolución 1514(XV) de la Asamblea General, y la aplicabilidad de los principios fundamentales de dicha resolución a la cuestión de Puerto Rico” y “2. Llama al gobierno de Estados Unidos de América a asumir su responsabilidad de propiciar un proceso que permita que el pueblo de Puerto Rico ejerza plenamente su derecho inalienable a su libre determinación e independencia, de conformidad con la resolución 1514(XV) de la asamblea general y las resoluciones y decisiones del Comité Especial relativas a Puerto Rico”

El Comité de Descolonización ha reconocido los esfuerzos que realiza el pueblo de Puerto Rico para identificar mecanismos que aseguren la plena participación de todos los puertorriqueños, como lo sería a través de una asamblea constitucional de status[9]. Estamos hablando de una asamblea constitucional de status, que tiene que cumplir con el requisito de que la iniciativa nazca del pueblo de Puerto Rico; que en esa deliberación de los puertorriqueños, haya una política de mano fuera por parte de Estados Unidos; que tiene que haber un compromiso del gobierno de Estados Unidos de que van a respetar el resultado de esa deliberación; que tiene que garantizarse que el pueblo de Puerto Rico va a estar libre de las presiones económicas y políticas de parte de Estados Unidos en ese proceso; y que lo que se decida en Puerto Rico sobre su soberanía no esté sujeto a la aprobación de Estados Unidos.

Resulta necesario llevar la discusión sobre el caso de Puerto Rico al pleno de la Asamblea General, donde están plenamente representados los países en desarrollo, que saben por experiencia propia, que la lucha en estos momentos por la soberanía política es importante para lograr también la soberanía económica y el control de su medio ambiente y sus recursos naturales, que es uno de los grandes problemas que Puerto Rico y los pueblos pobres del mundo confrontan en la actualidad.

El Comité Puerto Rico en la ONU se une a las denuncias que aquí se escucharán sobre los actos de expropiación y control que ejerce Estados Unidos sobre nuestro medio ambiente y recursos naturales, sobre todo los recursos de agua. Apoyamos los reclamos del heroico pueblo de Vieques para que se limpie y descontamine sus tierras y cese la detonación a cielo abierto de las bombas dejadas atrás por la Marina de Guerra de Estados Unidos. Apoyamos la solicitud por la excarcelación de los patriotas puertorriqueños, Oscar López Rivera, Carlos Alberto Torres y Haydée Beltrán, que cumplen condenas de cárcel por sus luchas por nuestra independencia por más de veinte seis (26) años.

Mientras nuestros patriotas cumplen cárcel por luchar contra el colonialismo, los criminales colonialista, Estados Unidos de América, gozan de impunidad en la comunidad internacional. Pregunto yo, hasta cuándo haremos un llamado para que la comunidad internacional exija enérgicamente que Estados Unidos respete el derecho del pueblo de Puerto Rico a su libre determinación e independencia antes que concluya el segundo decenio contra el colonialismo o de lo contrario se le juzgue por el crimen de 109 años de colonialismo del Pueblo de Puerto Rico.

Muchas gracias.

[1] Artículo I, párrafo 2, Carta de las Naciones Unidas
[2] Artículo 73b, Carta de las Naciones Unidas, Capítulo XI
[3] Artículo I, Convención Internacional de Derechos Humanos y Artículo I Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
[4] Mills, supra, citando de la obra de Aureliu Cristecu, “The Rigth to Self Determination: Historical and Current Development on the Basis of United nations Instruments”, Special Rapporteur of the Sub-Commission on Prevention on discrimination ans protection of Minorities, (New York: United Nations, 1981):pp. 8-9, 119.
[5] Gross Espiell, Hector: “El Derecho a la Libre Determinación de la Naciones Unidas” (New York: ONU 1979)
[6] Statement of Kevin C. Marhall, Deputy Assistant Attorney General, Office of Legal Counsel, U.S. Department of Justice, Before the Subcommittee on Insular Affairs of the Committee on Natural Resources, United States House of Representatives, Hearing on H.R. 900, “The Puerto Rico Democracy Act of 2007”, and H.R. 1230, “The Puerto Rico Self Determination Act of 2007”, April 25, 2007.
[7] A/AC.109/419
[8] A/AC.109/2006/L.7
[9] A/AC.109/2000/24, A/AC.109/2001/22, , A/AC.109/2002/22, A, A/AC.109/2003/22/AC.109/2004/22,

En la ONU hoy...Resolución aprobada por Consenso

Ciudad de Nueva York - En las audiencias del Comité de Descolonización sobre el caso de Puerto Rico celebrada hoy, 14 de junio, se aprobó por consenso, sin objeciones y sin votación la resolución presentada por las delegaciones de Cuba y la República Bolivariana de Venezuela. La resolución aprobada hoy abre la puerta para que la Asamblea General retome como tema separado en su agenda el caso de la libre determinación de Puerto Rico. La claúsula resolutiva número siete lee así: "Solicita a la Asamblea General que examine de manera amplia y en todos los aspectos la cuestión de Puerto Rico". El lenguaje utilizado en esta ocasión es más directo y proactivo que el de ocasiones pasadas.

Antes de la aprobación de la resolución, las delegaciones de Santa Lucía (a nombre del Movimiento de los No Alineados), la República Bolivariana de Venezuela, la República Arabe Siria y la República Islámica de Irán intervinieron a favor de la aprobación del documento. Una vez aprobado, Cuba y Nicaragua proveyeron un recuento histórico, cultural y político sobre la relación entre sus países y Puerto Rico, y su satisfacción con el resultado de la jornada de ponencias.

Próximamente verán las textos íntegros de las ponencias de las organizaciones puertorriqueñas que depusieron ante la ONU, además del texto de la resolución A/AC. 109/2007/L.7 aprobada hoy.

Hoy en El Nuevo Día

La sesión de la ONU

Por José A. Delgado/ Desde Washington

Es la oportunidad para que se considere el caso de Puerto Rico por separado.

El próximo día 14 el Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) retomará el debate en torno a la situación política de Puerto Rico.

Para esa ocasión, la misión de Cuba en Naciones Unidas tiene previsto presentar una nueva resolución en apoyo al derecho de Puerto Rico a su libre determinación e independencia, en la que advertirá con mayor claridad que la propia administración de George W. Bush ha aceptado que la Isla sigue siendo una colonia (un territorio sujeto a los poderes plenarios del Congreso, le llaman aquí).

Para sectores independentistas, como el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH), la sesión puede sentar las bases para que la Asamblea General de la ONU retome la discusión del caso político boricua, como un tema separado, lo que no sucede desde 1953.

Fernando Martín, presidente ejecutivo del PIP, considera que ese debate puede ocurrir tan pronto como en 2008, 55 años después de que la asamblea de la ONU excluyó a Puerto Rico del listado de territorios sin gobierno propio.

“Lo importante es que este proceso siga avanzando”, dijo Martín, quien tiene previsto declarar ante la comisión internacional y cuyo partido ha avivado su campaña por Latinoamérica.

Para Héctor Pesquera, portavoz del MINH, el debate de la semana próxima le permitirá al Comité de Descolonización tomar nota de que el gobierno de Bush, después de más de 16 meses de silencio, acogió en abril el informe del grupo interagencial de la Casa Blanca en el que se describe a Puerto Rico como una colonia y se le adscribe tanto poder a Estados Unidos como para regalarle la Isla -con sus 4 millones de habitantes- a otra nación.

“Es anacrónico ese argumento pero no deja de ser importante que reconozcan la relación colonial”, sostuvo Pesquera, cuyo movimiento estará representado por el profesor Julio Muriente.

Martín no espera diferencias internas entre los sectores independentistas y otros grupos –como el Colegio de Abogados- que suelen llevar la voz cantante en el impulso a la resolución que históricamente ha presentado Cuba. Pero, el borrador de la resolución todavía no ha sido circulado.

Anteriormente han surgido fricciones entre el PIP y el MINH por el lenguaje en torno a la posibilidad de convocar a una Asamblea Constitucional de Status.

Pero, Martín no cree que esas rencillas resurjan, pues no espera ninguna referencia al tema de la Asamblea Constitucional de Status. “No creo que sea un asunto que esté sobre la mesa”, dijo Martín, cuyo partido favorece celebrar la primera consulta “territorio sí o no” que propone el informe de la Casa Blanca.

La aprobación de la resolución ocurrirá antes de que el Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja federal legisle sobre este tema. Y si se cumplen los pronósticos independentistas, será la antesala a una amplia discusión internacional sobre un asunto que Estados Unidos ha querido manejar exclusivamente como una simple disputa doméstica.

Asociación Americana de Juristas

Capítulo de Puerto Rico, Inc.

José “abi” lugo

CONFERENCIA DE PRENSA

DE LA ASOCIACIÓN AMERICANA DE JURISTAS

CAPÍTULO DE PUERTO RICO

Lunes, 28 de mayo de 2007, 11:00 a.m.

En la Unión de Empleados No Docentes, Pto. Nuevo.

JURISTAS AMERICANOS RATIFICAN RESOLUCIONES SOBRE AUTODETERMINACIÓN Y SOBERANÍA DE LOS RECURSOS NATURALES DEL PUEBLO DE PUERTO RICO

La Asociación Americana de Juristas (AAJ), Capitulo de Puerto Rico, José “Abi” Lugo, participó de la XIVta. Conferencia Intercontinental de dicha Asociación, celebrada en La Paz, Bolivia del 17 al 19 de mayo de 2007. Como parte de esta Conferencia, el Capítulo de Puerto Rico tuvo una participación activa mediante 3 delegados y delegadas. Aclaramos que el término “americanos” incluye a juristas, no sólo de los Estados Unidos, así como también de Norte, Centro y Sur América, quienes estuvieron presentes.

La Asociación Americana de Juristas, es una organización no gubernamental- fundada en 1975- dedicada a velar por la protección de los derechos humanos en cualquier lugar del mundo. Dentro de ese marco y a tenor con sus Principios y Objetivos se manifestó institucionalmente a favor del derecho inalienable del Pueblo puertorriqueño a su autodeterminación y a defender la soberanía de sus recursos naturales.

Los licenciados Hiram Lozada Pérez, Livia Rosado Bermúdez y Aleida Centeno Rodríguez, miembros del Capítulo de Puerto Rico, participaron con ponencias bajo los temarios de Militarismo y Soberanía de los Recursos Naturales en esta XIVta. Conferencia.

El Lcdo. Lozada Pérez hizo un análisis sobre la importancia de la Isla como bastión militar estratégico y la participación de los puertorriqueños en las guerras de los Estados Unidos. Por su parte, la Lcda. Centeno Rodríguez, con un lleno total, disertó sobre los recursos naturales y las leyes estadounidenses, específicamente, las consecuencias que tiene esta legislación sobre el agua, la madera, los minerales, el gas, el petróleo, y la posibilidad de que la legislación congresional autorice la ubicación en Puerto Rico de una facilidad para producir armas nucleares.

Los juristas participantes de Norte, Centro y Sur América, así como del Caribe y de España, aprobaron 2 Resoluciones, presentadas por los delegados de Puerto Rico. Con esta aprobación se logró un mandato para incluir a Puerto Rico como tema principalísimo en la agenda de la AAJ. Los delegados participantes en la Conferencia se comprometieron a solicitar a sus gobiernos, cancillerías y congresos la aprobación de resoluciones y declaraciones en apoyo al Pueblo de Puerto Rico y a su derecho a la autodeterminación, según lo dispone la Resolución de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, 1514 (XV), y a trabajar en conjunto con el Capítulo de Puerto Rico para lograr que el caso de Puerto Rico se incluya en la agenda de la Asamblea General de la ONU.

En Bolivia se obtuvieron también otros logros significativos: el nombramiento de una presidenta puertorriqueña quien es abogada practicante en Nueva York, la Lcda. Vanessa Ramos, además del reconocimiento del trabajo del Capítulo de Puerto Rico. Se reconoció, además, el trabajo internacional de la presidenta de dicho Capítulo, la Profra. Dinorah La Luz Feliciano, con un nombramiento para que forme parte del Comité Consultivo de la AAJ Continental. Por primera vez, estos 2 nombramientos recaen, en abogadas puertorriqueñas, quienes han sobresalido por su trabajo internacional a favor de los derechos humanos.

Como metas futuras inmediatas, el 14 de junio, la Asociación Americana de Juristas se propone presentar una ponencia, relativa al caso de Puerto Rico, como parte de su función consultiva y de organización acreditada ante la ONU, esta vez ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas en Nueva York.

La AAJ es una organización no gubernamental con estatuto consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y con representación permanente ante la ONU

en Ginebra y en Nueva York

Página Web AAJ Continental: http://www.aaj.org.br

Presidencia, AAJ Continental, Vanessa Ramos: Vramos1565@aol.com

Presidencia, AAJ Puerto Rico: <aajuristaspr@gmail.com>

RESOLUCIÓN DEL CAPÍTULO DE PUERTO RICO A LA XIVta. CONFERENCIA CONTINENTAL DE LA ASOCIACIÓN AMERICANA DE JURISTAS SOBRE LA SOBERANÍA DE LOS RECURSOS NATURALES

CONSIDERANDO: Que la nación de Puerto Rico se mantiene como una colonia de los Estados Unidos de América en contra de la Resolución 1514(XV) de la Organización de las Naciones Unidas, sin personalidad internacional ni poderes soberanos.

CONSIDERANDO: Que los Estados Unidos de América mantiene una política de legislar sobre el territorio nacional de Puerto Rico a espaldas del pueblo puertorriqueño.

CONSIDERANDO: Que parte de esa legislación ya aprobada le confiere a los Estados Unidos derechos sobre las aguas, los minerales, la madera, el petróleo, el gas natural y la realización de experimentos en la Reserva Forestal “El Yunque”, en contravención del derecho natural a la libertad, al desarrollo y al disfrute pleno de los recursos naturales de los puertorriqueños.

CONSIDERANDO: La existencia de legislación adicional propuesta, y pendiente de aprobarse, la cual le conferirá derechos adicionales sobre otras áreas geográficas que incluyen, sin limitarse a, la explotación de minerales, petróleo, gas, agua, madera y en el caso de la región del carso de Puerto Rico, la facultad de utilizar el área para producir armas nucleares.

CONSIDERANDO: Que una autorización para producir armas nucleares está en contravención con los Tratados internacionales, especialmente el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares del 5 de marzo de 1970 y de otras autoridades que tienen ingerencia en la producción de energía nuclear, en específico la producción de armas nucleares para fines militares, como lo es el Organismo Internacional de Energía Atómica (O. I. E. A.)

EXIGIMOS:

Del Gobierno de los Estados Unidos de América a reconocer el derecho de Puerto Rico al disfrute soberano de sus recursos naturales y a cesar inmediatamente su política de legislar sobre los recursos naturales de otra nación.

De la Asamblea General de las Naciones Unidas a intervenir y discutir el caso de Puerto Rico haciendo hincapié en las autorizaciones que se están incorporando que tienen el efecto presente y futuro de arrebatar de forma perpetua, irrevocable y exclusiva los recursos naturales de Puerto Rico.

De la Asamblea General de las Naciones Unidas a intervenir sobre las autorizaciones que tengan el efecto de permitir que operen en Puerto Rico entidades encargadas de la producción de armas nucleares en violación al Tratado de No Proliferación, Artículos I, II, III(1), III(2), III(3), IV y, especialmente, el Artículo VI que exige que los Estados Unidos, como miembro de dicho Tratado, cumpla con las medidas necesarias para cesar la carrera armamentista.

De la O. I. E. A., que exija la información pertinente para investigar, analizar y adjudicar responsabilidades a los Estados Unidos de América por intentar imponer en Puerto Rico una estructura legal que le permite violar el Tratado de No Proliferación sin tener que dar cuentas internacionalmente.

SOLICITAMOS:

A la Asamblea de la XIVta. Conferencia de la Asociación Americana de Juristas:

1. Notificar al Presidente de los Estados Unidos de América, con copia al Comité de Descolonización de la ONU sobre esta Resolución, con la exigencia de cesar inmediatamente la legislación pendiente, así como derogar la existente.

2. Que los representantes permanentes de la AAJ ante la ONU en Ginebra y Nueva York presenten esta Resolución ante la Asamblea General, así como al organismo encargado ante la O. I. E. A.

3. Que los representantes de la AAJ den seguimiento de su ejecución por parte del organismo encargado, informando periódicamente del estado del trámite ante la AAJ Intercontinental y al Capítulo de Puerto Rico.

19 de mayo de 2007.

RESOLUCIÓN DEL CAPÍTULO DE PUERTO RICO A LA XIVta. CONFERENCIA CONTINENTAL DE LA ASOCIACIÓN AMERICANA DE JURISTAS

CONSIDERANDO:

La Resolución de la Asamblea General de la ONU 1514(XV) de 1960 sobre la autodeterminación de los Pueblos, la Res. 1205(XX) del 1965 y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en las cuales se prohíbe la continuación del colonialismo y el racismo, clasificándolos como amenazas contra la paz.

La Res. 41/128 de 1986 sobre el Derecho al Desarrollo en su artículo primero, el cual señala que el desarrollo es un derecho inalienable del ser humano, reafirmando el derecho de autodeterminación de los Pueblos y la soberanía sobre sus riquezas y recursos naturales, según lo dispone el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en sus artículos 1 y 2 sobre el derecho a la autodeterminación de los Pueblos, la prohibición del discrimen racial y las creencias políticas.

Los derechos humanos contenidos en la Declaración Universal, en el Convenio contra la Tortura y Otros Tratos o Castigos Crueles, Inhumanos o Degradantes, y los enumerados en el artículo 4(2) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos sobre la vida e integridad del ser humano, los cuales no permiten derogación.

EXIGIMOS:

A la comunidad internacional que se intensifique el apoyo y se mantenga bajo observación el caso de Puerto Rico, para que la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas lo incluya en su agenda.

Al gobierno de los EE.UU., cese de intervenir en las decisiones básicas del Pueblo de Puerto Rico, a saber, que no insista en imponer la pena de muerte prohibida por la Constitución de Puerto Rico, ni siga “federalizando” desde el ambiente hasta la seguridad del Pueblo otorgándolas a agencias federales como el FBI, el cual ha sido responsable de la persecución de independentistas en la Isla.

A la Marina de Guerra y al gobierno de EE.UU., descontamine y devuelva las tierras en Vieques, Culebra y Ceiba, y divulgue la información sobre la contaminación por tóxicos y metales pesados que se depositaron en el ecosistema de Vieques y en el resto de las bases militares en Puerto Rico y aguas del Caribe.

Se otorgue una compensación y reparación adecuadas para las víctimas de la contaminación por los tóxicos depositados en Vieques.

Se libere a los presos políticos puertorriqueños quienes cumplen condenas desproporcionadas por más de 25 años, en cárceles de los EE.UU., debido a sus creencias políticas.

Se divulgue, se juzgue o extradite a los culpables de la muerte del luchador independentista, Filiberto Ojeda Ríos, por haber sido una ejecución sumaria y arbitraria, contraria a los Principios para la Prevención e Investigación de Ejecuciones Ilegales, Sumarias y Arbitrarias, adoptados por el Comité de Prevención y Control de la Criminalidad (Res. 1989/65), y reafirmados en la Resolución de la Comisión (Consejo) de Derechos Humanos 2005/34 sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias (E/CN.4/2005/L.10/Add.11).

SOLICITAMOS:

A la Asamblea de la XIVta. Conferencia de la Asociación Americana de Juristas que recomiende a los representantes permanentes de la AAJ ante la ONU en Ginebra y Nueva York la presentación de esta Resolución, y el seguimiento de su tratamiento por parte del organismo encargado, informando periódicamente del estado del trámite ante la AAJ Intercontinental y al Capítulo de Puerto Rico.

19 de mayo de 2007.

Puerto Rico Al Día - No. 2, abril 2007

Iniciativas sobre Puerto Rico en Congreso de EU

Al presente, el Proyecto de Ley 1230 sobre el status políticos de Puerto Rico, radicado por los Congresistas Nydia Velásquez y Luis Gutiérrez, está ante el Sub-comité de Asuntos Insulares del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de E.U. El mismo plantea reconocer el derecho de libre determinación e independencia de Puerto Rico al igual que la celebración de una Asamblea Constitucional.

Por su parte, el sector independentista ha abogado por que la iniciativa para la solución del caso colonial de Puerto Rico, incluyendo la Asamblea Constitucional de Status, debe surgir originariamente del pueblo puertorriqueño. Al respecto, la resolución sobre Puerto Rico adoptada por el Comité de Descolonización de Naciones Unidas el pasado 12 de junio de 2006 plantea su conciencia “del principio de que toda iniciativa para la solución del estatus político de Puerto Rico debe tomarla originalmente el pueblo de Puerto Rico.

No obstante, sectores independentistas han reconocido el proyecto como un paso por parte del gobernante Partido Popular Democrático, favorecedor del Estado Libre Asociado no colonial ni territorial y principal promotor del proyecto. Es de notar que al presente, otro proyecto de ley, de corte anexionista, está también ante la consideración de dicho sub comité de la Cámara de Representante de E.U.) Por su parte Estados Unidos ha sostenido históricamente, y recientemente lo reafirmó en el Informe Comité de Trabajo Interagencial del Presidente, que Puerto Rico pertenece a, pero no es parte de, Estados Unidos.

Es de notar que los ocasionales informes, estudios y análisis sobre Puerto Rico realizados por instancias de su gobierno, como fueron los recientes Informe de Comité de Trabajo Interagencial y del G.A.O., y la legislación sobre el caso radicada por congresistas de Washington con sus correspondientes vistas públicas, en el pasado no han brindado resultados.

Hay Puertorriqueños muriendo en Irak

Yull Estrada Rodríguez, Jesús Montalvo Ortega, Carlos Díaz, y Ángel Mercado Velásquez, y otros 55 puertorriqueños miembros de la Guardia Nacional de Puerto Rico y del ejército estadounidense, todos fallecieron en la guerra de Irak. Esto sin contar los puertorriqueños provenientes de Estados Unidos que también han fallecido en Irak. Además, mil 200 soldados boricuas de la Reserva Nacional de Puerto Rico siguen destacados en Irak y mil 700 están en otras misiones militares de Estados Unidos alrededor del mundo.

A las alturas del siglo XXI en que los conceptos jurídicos universales en materia de autodeterminación, integridad territorial y derechos humanos han alcanzado nuevos niveles de reclamo, la presencia en Puerto Rico de agencias de reclutamiento de las fuerzas armadas de Estados Unidos responde a que la llamada “defensa común” es uno de los pilares del llamado Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Tal atadura constitucional convierte a la Guardia Nacional de Puerto Rico en un cuerpo militar adscrito al ejército estadounidense de la misma manera que las Guardias Nacionales de los 50 estados. A la vez que el Gobierno de Puerto Rico no puede adherirse a convenciones globales, firmar tratados internacionales o tener comercio libre con los países que le convenga, está obligado por el “pacto” con los Estados Unidos a la presencia de las fuerzas armadas de EU en Puerto Rico y al reclutamiento de los puertorriqueños a las mismas. En el siglo XX los boricuas han combatido en numerosas guerras de Estados Unidos contra otros países, incluso intervenciones en países vecinos han partido desde Puerto Rico.

Ante esa realidad en Puerto Rico se han realizado marchas y campañas de denuncia contra el reclutamiento militar. Entre otras organizaciones al presente se ha destacado la organización Madres Contra la Guerra la cual ha lanzado demostraciones y ofensivas en los medios de comunicación masiva y las escuelas publicas del país (con autorización del Departamento de Educación) para ampliar la base de resistencia contra el reclutamiento militar.

Los estudiantes de la Escuela de Derecho Eugenio María de Hostos y las Madres Contra la Guerra llevan a cabo protestas mensuales frente a las oficinas de reclutamiento del ejército norteamericano en Puerto Rico. El gobernador Aníbal Acevedo Vila, como administrador colonial, en algunas ocasiones se ha mostrado en contra de la guerra en Irak y en otras ha reaccionado ambivalente ante los pedidos de la Sociedad Civil y Madres Contra la Guerra a efectos de que no autorice la salida del país de las tropas de la Guardia Nacional y que le ordene a las restantes regresar. Las actividades de la Sociedad Civil han reafirmado la vigencia de la lucha contra el envío de boricuas a guerras ajenas y de la militarización en Puerto Rico.

La lucha en contra de la Marina de Guerra de los Estados Unidos en las islas de Culebra y Vieques que expulsó sus prácticas militares y todo su aparato militar del este de la Isla (considerado la segunda instalación militar más grande en el hemisferio) es una de las gestas de la Sociedad Civil. Igualmente, durante la guerra de Estados Unidos en Viet Nam el pueblo puertorriqueño luchó victoriosamente contra el servicio militar obligatorio de los puertorriqueños en el ejército de los Estados Unidos. Es decir, que la historia de Puerto Rico a favor de la paz y la desmilitarización es una extensa y con grandes logros.

Una nueva movida represiva del FBI en Puerto Rico

La realidad colonial de Puerto Rico incluye la presencia en su suelo de las agencias de gobierno de EU incluyendo el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés). En días recientes el gobernador de Puerto Rico, Aníbal Acevedo Vilá, del pro Estado Libre Asociado de Puerto Rico Partido Popular Democrático, reunió un grupo de trabajo inter-agencial con el fin de que elabore e implemente estrategias para combatir el vertiginoso aumento de asesinatos en la Isla. El director del FBI en Puerto Rico, Luis Fraticelli, presente en la reunión, le comunicó al Superintendente de la Policía de Puerto Rico, Pedro Toledo, que el FBI está dispuesto a intervenir las llamadas telefónicas de la ciudadanía con el propósito de combatir la criminalidad.

Inmediatamente, el Colegio de Abogados de Puerto Rico mostró su preocupación ante tales expresiones a través de su presidenta, Celina Romany Siaca, y de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de dicha institución, Nora Vargas Acosta. Ambas catalogaron las expresiones de Fraticelli como “un intento del FBI de rebasar los límites del ámbito jurisdiccional que le imponen a esa agencia las leyes federales”. Es de notar que dicha actividad está prohibida por la Constitución de Puerto Rico, en la Sección 10 del Artículo II.

Las declaraciones del FBI se tornan ominosas dado el historial de persecución política e ideológica que dicha agencia estadounidense ha protagonizado en Puerto Rico. Su reciente asesinato del líder independentista puertorriqueño, Filiberto Ojeda Ríos, en septiembre de 2005, aún no se ha esclarecido. El FBI también agredió con gas pimienta a varios periodistas puertorriqueños mientras reportaban el allanamiento de una residencia de activistas independentistas en febrero del año pasado.

Según Nora Acosta, estos hechos recientes “arrojan dudas sobre la capacidad del FBI para conducir investigaciones legítimas.” Por su parte, Romany Siaca expresó que, “el gobierno de Puerto Rico debe rechazar toda propuesta o medida que constituya una violación a los derechos constitucionales de nuestro pueblo. No hay seguridad real si a la ciudadanía no se le garantiza la protección de sus derechos civiles”. Hasta el momento, el Gobierno de Puerto Rico no ha reaccionado al particular.

Literatos se unen a causa independentista puertorriqueña

¿Qué tienen en común Ernesto Sábato, Gabriel García Márquez y Thiago de Mello? Que los tres, eminencias de las letras latinoamericanas y universales, firmaron la Proclama de Panamá aprobada por el Congreso Latinoamericano y Caribeño por la Independencia de Puerto Rico, un evento histórico celebrado en noviembre de 2006 en la Ciudad de Panamá a partir de la convocatoria del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

La lista de firmantes del ambiente artístico latinoamericano también incluye a los puertorriqueños Luis Rafael Sánchez, Mayra Montero y Ana Lydia Vega; a los cubanos Pablo Milanés y Pablo Armando Fernández; al periodista y ensayista mexicano Carlos Monsiváis; a los uruguayos Mario Benedetti y Eduardo Galeano; y al novelista y diplomático ecuatoriano Jorge Enrique Adoum.

La vicepresidenta del PIP, María de Lourdes Santiago, se refirió a este acontecimiento como un paso importante para sacar “del entorno estrictamente político el apoyo a la independencia de Puerto Rico para llevarlo al campo de la intelectualidad, de la cultura, del arte.”

En comentarios a Radio Universidad de Puerto Rico el Dr. Héctor Pesquera, co-presidente del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH), dio la bienvenida a la firma de los artistas e intelectuales a la Proclama de Panamá, comentando a su vez que “es necesaria más educación a nivel nacional e internacional” y que “es de suma importancia que todos estos países, que son miembros de la ONU, endosen la petición para que se incluya la discusión del caso de Puerto Rico en la próxima agenda”.

Representación colonial y de segunda clase

Los demócratas, actualmente en control del Congreso estadounidense, aprobaron recientemente una medida para que el voto de los representantes de territorios y posesiones norteamericanas en la Cámara Baja estadounidense, el Comisionado Residente, Luis Fortuño en el caso de Puerto Rico, se utilice solo en votaciones no decisivas. Es decir, el voto está condicionado.

En la Cámara, demócratas y republicanos permanecieron divididos a la hora de apoyar el proyecto, presentado recientemente por el Rep. Steny Hoyer de Maryland. El mismo fue aprobado en votación 226-191 y sirvió para que se avivara la discusión sobre el estatus político de la Isla en Washington, D.C., según Fortuño, quien en dos intervenciones ante la Cámara pidió a los congresistas que habilitaran un proceso de libre determinación para Puerto Rico.

Por su parte, el Secretario General del Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Dalmau dijo que “la única utilidad de todo esto es que generó un debate sobre el tema de los territorios estadounidenses” El debate, añadió, “sirvió de recordatorio de que seguir posponiendo atender el problema colonial de Puerto Rico fomenta un ambiente anexionista que es contrario a los intereses de los Estados Unidos y de Puerto Rico. Sólo la independencia detiene la anexión.”

El coloniaje y la falta de voluntad política

En un reciente artículo sobre la adicción a las drogas y la criminalidad, el humanista Ángel Collado Schwarz nos recuerda que “durante casi sesenta años, Puerto Rico ha tenido ocho gobernadores electos. Todos han fracasado en controlar efectivamente el problema del crimen y la droga. ¿No nos debe dar esto un indicio de que las estrategias utilizadas para combatir el crimen y la droga no han sido las correctas?”

Muchas de las estrategias utilizadas son las que imponen a los cuerpos del orden público puertorriqueño las agencias estadounidenses como el FBI, la Agencia del Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Seguridad Nacional, mejor conocido como “Homeland Security”. Las mismas se caracterizan por la reticencia política de proponer nuevas e innovadoras medidas para combatir el tráfico de drogas.

“Cada vez que la Policía incauta un cargamento de drogas”, continúa Collado Schwarz, “disminuye la oferta, lo cual sube el precio de la droga. El aumento obliga al adicto a aumentar la comisión de actos delictivos para costear el precio mayor de la droga. Es el principio económico de demanda y oferta: mientras menor es la oferta, mayor es el precio.”

Lo que se vive en Puerto Rico es, en efecto, una guerra no declarada. A tres días de acabar el primer mes del año se habían registrado 64 asesinatos, 24 más que el año 2006 para esta misma fecha. La Policía de Puerto Rico ha asociado a la mayor parte de estas muertes (el 68% según las cifras oficiales) al tráfico ilegal de drogas.

Para atajar el problema del tráfico de drogas y la violencia que esta engendra, en Puerto Rico el independentismo tradicionalmente ha propuesto el tratamiento al adicto como enfermo y la medicación de la droga. Los demás sectores públicos electos nunca han tenido la voluntad política para contravenir las erradas políticas norteamericanas y buscar nuevas alternativas para combatir el problema de la droga.

Asociación Americana de Juristas, Cáp. de PR, rumbo a La Paz

ASOCIACIÓN AMERICANA DE JURISTAS

Capítulo de Puerto Rico, José "Abi" Lugo

COMUNICADO DE PRENSA

Tres juristas puertorriqueños asistirán a la XIV Conferencia Continental Americana de Juristas, que se celebrará en La Paz, Bolivia, del 17 al 19 de mayo de 2007.

Las licenciadas Aleida Centeno y Livia Rosado y el Licenciado Hiram Lozada Pérez representarán a Puerto Rico en dicho encuentro de juristas de Norte, Centro y Sur América.

La Lcda. Centeno presentará su ponencia sobre los intentos del Congreso federal de asumir el control exclusivo y perpetuo de la zona cársica de Puerto Rico que comprende más de 100,000 acres de bosques, playas y cuerpos de agua.

El Lcdo. Lozada disertará sobre la nueva situación política del país ante la salida de la Marina de Ceiba y Vieques, que sugiere que Puerto Rico ya no es necesario como base militar estratégica y puede significar que haya cambios en el status político.

Los tres juristas, además, cabildearán ante el gobierno bolivariano para confirmar su apoyo a la campaña por incluir el caso colonial de Puerto Rico ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El encuentro de juristas en Bolivia tiene como objetivo general un análisis profundo de la función de los juristas en la defensa de los derechos humanos, en su plenitud e interrelación, en el momento en que ocurren y se debaten transformaciones importantes en el país sede y otros del continente americano, en medio de la problemática creada por la globalización económica mundial y los diversos y complejos procesos de integración regional. "Además, será una gran oportunidad para intercambiar experiencias, desarrollar contactos y establecer relaciones fraternales y de colaboración", expresó el abogado Lozada.

El temario de la XIV Conferencia Continental es:

1. Los Derechos Humanos. Su protección en el Derecho nacional e internacional. Acciones contra la discriminación y la xenofobia. Proyecto de convención sobre desaparición forzada.

2. Democracia y participación popular. El derecho de resistencia a la opresión. Contenido y alcance en la actualidad.

3. Soberanía del Estado sobre las riquezas y recursos naturales.

4. Derechos de los pueblos originarios. Análisis del proyecto de convención internacional.

5. La propiedad de la tierra. Reforma agraria.

6. Democratización de las Naciones Unidas. La doctrina de las intervenciones humanitarias, las guerras preventivas y la soberanía limitada, como expresión del dominio imperial.

7. El Sistema Interamericano. Crisis y Alternativas.

8. La lucha contra el terrorismo y la protección de los derechos y garantías constitucionales.

9. Experiencias y perspectivas de los procesos de integración en América Latina y el Caribe. La Unión Sudamericana. El Proyecto de la Alternativa Bolivariana para la América (ALBA) frente al Tratado de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

10. El Derecho Laboral y la Seguridad Social frente a la Globalización Neoliberal.

11. El papel de los juristas frente a la corrupción.

Para más información, puede llamar al Lcdo. Hiram Lozada (Comité Consultivo) al (787)640-8867; o mediante este correo electrónico: aajuristaspr@gmail.com (Att. Presidencia, Profra. Dinorah La Luz).

La AAJ es una ONG con estatuto consultivo ante el Consejo Económico y Social de la ONU que, además, cuenta con representación permanente ante la ONU en Ginebra y Nueva York.
La AAJ tiene ramas en casi todos los países de Norte, Centro y Sur América, cuyos miembros son juristas y estudiantes de Derecho comprometidos(as) con la defensa y protección de los derechos humanos.

Piden apoyo para derrumbar muro de silencio sobre colonialismo en Puerto Rico

La vicepresidenta del Comité de Puerto Rico en la ONU explica la situación que vive su país

03:06h. del Viernes, 13 de abril.
ABN /http://www.larepublica.es/spip.php?article4945#forum9018

La vicepresidenta del Comité de Puerto Rico en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Wilma Reverón Collazo, pidió este miércoles apoyo internacional para derrumbar el muro de silencio que existe sobre la situación de colonialismo que vive ese pueblo.
La delegada puertorriqueña ofreció detalles sobre dicha situación durante el desarrollo del XIV Congreso de la Federación Democrática Internacional de Mujeres (FDIM) que realiza en Caracas del 9 al 16 de abril.

«Pedimos que nos ayuden a derrumbar el muro de silencio que existe alrededor de Puerto Rico, porque nuestros hermanos latinoamericanos no reciben noticias nuestras y piensan que allí se encuentra un pueblo que no está luchando por su independencia, y desconocen que nuestro pueblo, durante 109 años, nunca ha dejado de luchar», aseguró Wilma Reverón.
Asimismo, refirió que dicho país ha sufrido por parte de Estados Unidos (EEUU) «una de las represiones más cruentas y sofisticadas, donde ha habido asesinatos políticos, desapariciones, encarcelamiento y acusaciones falsas contra el pueblo y líderes nacionalistas, comunistas e independentistas».

Indicó que el Comité de Puerto Rico en la ONU solicitará a los presidentes y presidentas latinoamericanos que incluyan en sus discursos ante la plenaria de dicho organismo multilateral el tema de la descolonización de Puerto Rico.

Wilma Reverón recordó que Estados Unidos ocupó a Puerto Rico en 1898 y estableció un gobierno militar hasta 1917. «Luego, hasta 1947, los gobernadores y los ministros de dicho país fueron nombrados por el Presidente estadounidense. En 1947, tuvimos el primer gobernador puertorriqueño, pero designado por Estados Unidos», comentó.

Igualmente, resaltó: «Hasta 1952, con el establecimiento del denominado Estado Libre Asociado, que no es estado ni es libre ni es asociado sino una reformulación del poder colonial, los puertorriqueños eligen a su gobernador y a los asambleístas de su legislatura, un modelo igual al de EEUU, el cual consiste en dos cámaras, un senado y una cámara de representantes».

Del mismo modo, dijo que la mujer puertorriqueña es la principal víctima del colonialismo, «porque la economía está estructurada bajo la forma de la dependencia, donde al sector femenino le resulta más lucrativo quedarse en su casa y recibir ayudas económicas del Gobierno de Estados Unidos».

Explicó que la mujer que decide salir al campo laboral se encuentra con una situación de subempleo y con la falta de beneficios socioeconómicos. «Es una sociedad conformada por menos de cuatro millones de personas, en la cual existen los índices de drogadicción y alcoholismo más altos del mundo y cada año más de 60 mujeres son asesinadas por hombres en casos de violencia doméstica», señaló.

¿Y quién podría creer esto?

El peligro del calentamiento global y sus efectos adversos a la naturaleza y a la humanidad no es un problema que se verá en años venideros. Las consecuencias se están observando hoy en todo el mundo. En nuestra Latinoamérica los glaciales de los Andes están desapareciendo. En Centroamérica, los bosques tropicales están perdiendo su biodiversidad a una velocidad preocupante y en Puerto Rico tanto el gobierno como la población (exceptuando algunos valientes grupos ambientalistas) pareciera olvidarse que vivimos en una isla y que la estamos destruyendo con una rapidez vertiginosa.

La revista británica The Economist se ha preocupado por la destrucción del ambiente porque ya no le quedaba más remedio. Pero lo ha hecho muy inteligentemente, siempre argumentando que hacer algo por el ambiente hoy replicaría en ganancias económicas posteriores. Tal razonamiento ha llevado a sus editorialistas ha darle la razón al presidente cubano Fidel Castro en un artículo que él escribiera la semana pasada en la prensa cubana. ¿Alguien lo puede creer?

Aquí está el artículo íntegro:

Ethanol

Castro was right

Apr 4th 2007
From The Economist print edition

As a green fuel, ethanol is a good idea, but the sort that America produces is bad

FLPA

IT IS not often that this newspaper finds itself in agreement with Fidel Castro, Cuba's tottering Communist dictator. But when he roused himself from his sickbed last week to write an article criticising George Bush's unhealthy enthusiasm for ethanol, he had a point. Along with other critics of America's ethanol drive, Mr Castro warned against the “sinister idea of converting food into fuel”. America's use of corn (maize) to make ethanol biofuel, which can then be blended with petrol to reduce the country's dependence on foreign oil, has already driven up the price of corn. As more land is used to grow corn rather than other food crops, such as soy, their prices also rise. And since corn is used as animal feed, the price of meat goes up, too. The food supply, in other words, is being diverted to feed America's hungry cars.

Ethanol is not much used in Europe, but it is a fuel additive in America, and a growing number of cars can use either gasoline or ethanol. It accounted for only around 3.5% of American fuel consumption last year, but production is growing by 25% a year. That's because the government both subsidises domestic production and penalises imports. As a result, refineries are popping up like mushrooms all over the midwest, which now sees itself as the Texas of green fuel.

Why is the government so generous? Because ethanol is just about the only alternative-energy initiative that has broad political support. Farmers love it because it provides a new source of subsidy. Hawks love it because it offers the possibility that America may wean itself off Middle Eastern oil. The automotive industry loves it, because it reckons that switching to a green fuel will take the global-warming heat off cars. The oil industry loves it because the use of ethanol as a fuel additive means it is business as usual, at least for the time being. Politicians love it because by subsidising it they can please all those constituencies. Taxpayers seem not to have noticed that they are footing the bill.

Bad, good and best

But corn-based ethanol, the sort produced in America, is neither cheap nor green. It requires almost as much energy to produce (more, say some studies) as it releases when it is burned. And the subsidies on it cost taxpayers, according to the International Institute for Sustainable Development, somewhere between $5.5 billion and $7.3 billion a year.

Ethanol made from sugar cane, by contrast, is good. It produces far more energy than is needed to grow it, and Brazil—the main producer of sugar ethanol—has plenty of land available on which to grow sugar without necessarily reducing food production or encroaching on rainforests. Other developing countries with tropical climates, such as India, the Philippines and even Cuba, could prosper by producing sugar ethanol and selling it to rich Americans to fuel their cars.

There is a brighter prospect still out there: cellulosic ethanol. It is made from feedstocks rich in cellulose, such as wood, various grasses and shrubs, and agricultural wastes. Turning it into ethanol requires expensive enzymes, but much research is under way to make the process cheaper. Cellulosic ethanol would be even more energy-efficient to produce than sugar ethanol and would not impinge at all upon food production. Eventually, it might even allow countries with lots of trees and relatively few people, such as Sweden and New Zealand, to grow their own fuel rather than import oil.

That is still some way off. In the meantime, America should bin its silly policy. If it stopped taxing good ethanol and subsidising bad ethanol, the former would flourish, the latter would wither, the world would be greener and the American taxpayer would be richer.

Ethanol is not going to solve the world's energy problems on its own. But its proponents do not claim that it would. Ethanol is just one of a portfolio of new energy technologies that will be needed over the coming years. Good ethanol, that is—not the bad stuff America is so keen on.

Para leer...

Ayer en la prensa del país publicaron dos excelentes artículos sobre el estatus de Puerto Rico y las huellas que dejaron dos grandes puertorriqueños en dos capitales europeas.

Uno escrito por el compañero Noel Colón Martínez en Claridad sobre las recientes audiencias celebradas en Wáshington, DC en torno a los dos proyectos de status sometidos en el Congreso de la metrópoli.

El segundo fue escrito por Ángel Collado Schwarz en El Nuevo Día. El mismo provee datos interesantes sobre el rol de Ramón Emeterio Betances como embajador por la causa indpendentista de Puerto Rico en París y el reconocimiento por parte del gobierno francés. También habla sobre el homenaje que la ciudad de Madrid da a la Carta Autonómica y el gobierno inaugurado por Luis Muñoz Rivera en la Isla a través de una tarja en la calle Mayor.

¡No Faltes! - Seminario de COPRONU - sábado, 31 de marzo

A : MIEMBROS DE COPRONU

DE : WILMA E REVERÓN COLLAZO - Presidenta

ASUNTO: RECORDATORIO SEMINARIO 31 DE MARZO

FECHA: DOMINGO 25 DE MARZO

Sólo quiero recordarles que el sábado, 31 de marzo se llevará a cabo el seminario sobre Puerto Rico hacia la Asamblea General 2007. El mismo se llevará a cabo de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. en el local del MINH.

En el transcurso de la semana les enviaré el programa. Los materiales estarán disponibles para los que les interese recogerlos en mi oficina. No se pueden enviar por correo por el tiempo y el costo. Son muchas páginas.

Saludos,
Wilma

El caso colonial de Puerto Rico en la ONU [1]

Por José R. Bas – 28 de enero de 2005
(Tomado del Portal del PIP, www.independencia.net)
[Hagan click en los enlaces que aparecen en el texto para que accedan a los documentos en formato PDF].

La Organización de las Naciones Unidas se fundó en 1945. Fue un importante esfuerzo de los países para organizarse. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos quedó en una posición ventajosa frente a los países europeos, que habían sido destruidos en la guerra, y frente a la Unión Soviética, que también se vio afectada. Fue esta la época en que dio comienzo el bipolarismo internacional y lo que se conoce como la “guerra fría” entre los bloques de países capitalistas y los comunistas.

Durante los años iniciales de la ONU, Estados Unidos tenía preponderancia en las decisiones que tomaba esa organización. Es por eso que, entre otras tantas medidas, la ONU aprobó por 26 votos, contra 16 y 18 abstenidos, la Resolución 748 (VIII) que reconoció “la condición de gobierno propio del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” a pesar de las dudas y reservas de los representantes de muchos países importantes.

Luego de la admisión de 24 nuevos países miembros de la ONU en 1955 y la de 16 países africanos en 1960, la situación de control absoluto de EEUU disminuyó. Estos países pobres y subdesarrollados tenían empeño en lograr mejoras económicas y políticas. Por tanto, impulsaron los procesos de descolonización en todo el mundo. Es así como se lograron resoluciones tan importantes como la 1514 XV y la 1541 XV en el 1960.

En este lugar usted podrá descargar algunos de los documentos más importantes de la ONU relacionados con el caso colonial de Puerto Rico. La Resolución 1514 XV es la “Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales”. Esta resolución es la que declara el coloniaje como una violación de derechos humanos y, además, establece que todos los pueblos tienen el derecho inalienable a la libertad absoluta, al ejercicio de la soberanía y a la libre determinación.

En la Resolución 1541 XV se establecen los “Principios que deben servir de guía a los Estados miembros para determinar si existe o no la obligación de transmitir la información que pide en el inciso E del Artículo 73 de la Carta” de la ONU. Esta establece tres condiciones bajo las cuales se entiende que un territorio ha alcanzado un grado de gobierno propio que amerita que el país administrador suspenda o no tenga que informar sobre el estado de progreso de su colonia.
Estas tres condiciones son: cuando el territorio se convierte en un estado independiente; cuando se establece una Libre Asociación; o cuando se integra a un estado independiente.

La Resolución 742 VIII de 1953 contiene y declara los “Factores que deben ser tenido en cuenta para decidir si un territorio es o no es un territorio cuyo pueblo no ha alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio”. Esta resolución toma como base otra similar que se había aprobado en el año anterior, 1952. Tal como su título sugiere, describe las condiciones que deben cumplirse para que se pueda considerar que un territorio ha dejado de ser una colonia y se ha convertido en un territorio libre o con un sistema separado de gobierno propio. Debe señalarse aquí que las resoluciones 742 VIII y la 748 VIII fueron aprobadas el mismo día. Sin embargo, se aprobó primero la 748, que afirma que Puerto Rico había obtenido un grado de gobierno propio. Luego se procedió a aprobar la 742, que hemos descrito. La razón para aprobar en este orden es que ya se sabía que el establecimiento del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en el 1952 no cumplía con ninguno de los criterios que establece la Resolución 742 VIII, ni la 648 VII, que sí estaba vigente. Había que aprobar primero la resolución del ELA para no caer en la contradicción de aprobar algo contrario a disposiciones de la misma Asamblea General de la ONU.

Finalmente, hemos publicado un documento preparado y presentado en la ONU en agosto de 1972 conjuntamente por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Partido Socialista Puertorriqueño (PSP). Este extenso documento analiza toda la situación de la relación de Puerto Rico y los Estados Unidos hasta esa fecha. Demuestra detalladamente y concluye que el reconocimiento dado a Puerto Rico por la Resolución 748 VIII fue un error ya que la isla continuó siendo una colonia de Estados Unidos.

Ya desde mucho antes, el Partido Independentista Puertorriqueño había dejado sentir su voz de protesta por el sin igual engaño al pueblo de Puerto Rico y al mundo. En agosto de 1952 el entonces presidente del PIP, Dr. Gilberto Concepción de Gracia le escribió a la delegación de Estados Unidos en la ONU diciendo:

“Que una aplicación de los factores enumerados por el Comité Ad Hoc de la Organización de Naciones Unidas como indicativo de que un territorio ha alcanzado la independencia o sistema separado de gobierno propio, o de una libre asociación del territorio con los Estados Unidos, demostrará que Puerto Rico no ha alcanzado una plena medida de gobierno propio”[2].

Hemos incorporado estos documentos al Portal del PIP por entender que son vitales para comprender la naturaleza de la relación colonial de Puerto Rico con Estados Unidos, porque explican la razón de ser de la lucha por la independencia y porque dan un trasfondo histórico de la participación y aportación del Partido Independentista Puertorriqueño a esta lucha. Los factores y razones que se esbozan en estos documentos aún están vigentes. Puerto Rico sigue siendo una colonia de Estados Unidos. Esta vez, en el 1996, fue el Congreso de ese país quien lo confirmó cuando declaró que en el 1953 pudo haber un “mal entendido” en la ONU con respecto a Puerto Rico. La lucha para que se nos reconozca y se nos permita ejercer nuestro derecho a la plena soberanía e independencia continúa.

Esperamos que puedan aprovechar el valor incalculable de estos documentos.


[1] Estas notas están basadas en la obra de Carmen Gautier Mayoral y María del Pilar Argüelles, Puerto Rico y la ONU (Editorial Edil, Río Piedras:1978)
[2] Según citado en Ibid., pág. 53

Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países

Cuba: proyecto de resolución

Decisión del Comité Especial de 13 de junio de 2005 relativa a Puerto Rico


El Comité Especial,

Teniendo presente la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, contenida en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1960, así como las resoluciones y decisiones del Comité Especial relativas a Puerto Rico,

Considerando que la Asamblea General, en su resolución 43/47, de 22 de noviembre de 1988, declaró el período 1990-2000 Decenio Internacional para la Eliminación del Colonialismo, y que en virtud de la resolución 55/146, de 8 de diciembre de 2000, declaró el período 2001-2010 Segundo Decenio Internacional para la Eliminación del Colonialismo,

Teniendo presentes las veinticuatro resoluciones y decisiones aprobadas por el Comité Especial sobre la cuestión de Puerto Rico, contenidas en los informes del Comité Especial a la Asamblea General, en particular aquellas aprobadas en los últimos años sin votación,

Recordando que el 25 de julio de 2006 se cumplen ciento ocho años de la intervención de los Estados Unidos de América en Puerto Rico,

Recordando también las diversas iniciativas emprendidas en años recientes por los representantes políticos de Puerto Rico y los Estados Unidos, sin que se haya logrado hasta el momento poner en marcha un proceso de descolonización para Puerto Rico,

Enfatizando la necesidad de que los Estados Unidos propicien las condiciones necesarias para la plena aplicación de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General y las resoluciones y decisiones del Comité Especial relativas a Puerto Rico,

Tomando nota de que el Grupo Interagencial de Trabajo sobre el Estatus de Puerto Rico designado por el Presidente de los Estados Unidos, el cual presentó su informe el 22 de diciembre de 2005, afirmó que Puerto Rico es un territorio sujeto a la autoridad congresional de los Estados Unidos,

Tomando nota también del debate que existe en Puerto Rico sobre la búsqueda de un procedimiento que permita iniciar el proceso de descolonización de Puerto Rico, y consciente del principio de que toda iniciativa para la solución del estatus político de Puerto Rico debe tomarla originalmente el pueblo de Puerto Rico,

Consciente de que la isla de Vieques, Puerto Rico, fue utilizada durante más de sesenta años por la infantería de marina de los Estados Unidos para llevar a cabo maniobras militares, con las correspondientes consecuencias negativas para la salud de la población, el medio ambiente y el desarrollo económico y social de ese municipio puertorriqueño,

Recordando la decisión del Gobierno de los Estados Unidos de poner fin al bombardeo y las maniobras militares en la isla de Vieques desde el 1° de mayo de 2003, adoptada como resultado de un largo proceso desarrollado durante años de protestas pacíficas por parte del pueblo puertorriqueño y de una amplia campaña de solidaridad internacional, que ha sido oportunamente reflejada en los trabajos y los documentos del Comité Especial,

Tomando nota del consenso que existe en el pueblo y Gobierno de Puerto Rico sobre la necesidad de que se produzca la limpieza, descontaminación y devolución al pueblo de Puerto Rico de todas las tierras anteriormente utilizadas para maniobras e instalaciones y su utilización para el desarrollo social y económico de Puerto Rico,

Recordando la liberación de algunos presos políticos puertorriqueños en los últimos años,

Tomando nota del consenso que existe en el pueblo de Puerto Rico a favor de que se ponga en libertad a los presos políticos puertorriqueños que por más de veinticinco años han cumplido condenas en prisiones de los Estados Unidos por causas relacionadas con la lucha por la independencia de Puerto Rico, así como a aquellos que guardan prisión por causas relacionadas con la lucha por la paz en Vieques,

Tomando nota también de la preocupación existente en el pueblo de Puerto Rico con relación a las acciones violentas, incluidas la represión e intimidación, llevadas a cabo en los últimos meses contra independentistas puertorriqueños en Puerto Rico,

Tomando nota además de que en el Documento Final de la Reunión Ministerial del Buró de Coordinación del Movimiento de Países No Alineados, celebrada en Putrajaya, Malasia, del 27 al 30 mayo de 2006, se reafirma el derecho del pueblo de Puerto Rico a la libre determinación e independencia, de conformidad con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, se llama al Gobierno de los Estados Unidos a asumir su responsabilidad de propiciar un proceso que permita que el pueblo de Puerto Rico ejerza plenamente su derecho inalienable a la libre determinación y la independencia, y se insta al Gobierno de los Estados Unidos a devolver toda la tierra ocupada y las instalaciones en la isla de Vieques y en la Estación Naval de Roosevelt Roads al pueblo puertorriqueño, que constituye una nación latinoamericana y caribeña,

Habiendo oído declaraciones y testimonios representativos de diversas tendencias del pueblo puertorriqueño y sus instituciones sociales,

Habiendo examinado el informe del Relator del Comité Especial sobre la aplicación de las resoluciones relativas a Puerto Rico[1],

1. Reafirma el derecho inalienable del pueblo puertorriqueño a la libre determinación e independencia, de conformidad con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, y la aplicabilidad de los principios fundamentales de dicha resolución a la cuestión de Puerto Rico;

2. Reitera que el pueblo puertorriqueño constituye una nación latinoamericana y caribeña que tiene su propia e inconfundible identidad nacional;

3. Llama al Gobierno de los Estados Unidos de América a asumir su responsabilidad de propiciar un proceso que permita que el pueblo de Puerto Rico ejerza plenamente su derecho inalienable a la libre determinación y la independencia, de conformidad con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General y las resoluciones y decisiones del Comité Especial relativas a Puerto Rico;

4. Toma nota del debate que existe en Puerto Rico sobre la implementación de un mecanismo que pueda asegurar la plena participación de todos los sectores de opinión puertorriqueños, consciente del principio de que toda iniciativa para la solución del estatus político de Puerto Rico debe tomarla originalmente el pueblo de Puerto Rico;

5. Expresa profunda preocupación en relación con las acciones llevadas a cabo contra luchadores independentistas en los últimos meses y alienta a que se lleve a cabo una investigación sobre esas acciones;

6. Reitera una vez más la esperanza de que la Asamblea General examine de manera amplia y en todos los aspectos la cuestión de Puerto Rico;

7. Insta al Gobierno de los Estados Unidos, en consonancia con la necesidad de garantizar al pueblo puertorriqueño su legítimo derecho para la libre determinación y la protección de sus derechos humanos, a que devuelva toda la tierra antes ocupada y las instalaciones en Vieques y Ceiba al pueblo de Puerto Rico, atienda a los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la salud y al desarrollo económico, asuma la ejecución y los costos del proceso de limpieza y descontaminación de las áreas de impacto anteriormente utilizadas en las maniobras militares y atienda a las serias consecuencias de su actividad militar para la salud de los habitantes de la isla de Vieques y el medio ambiente;

8. Pide al Presidente de los Estados Unidos que ponga en libertad a todos los presos políticos puertorriqueños que por más de veinticinco años han cumplido condenas en prisiones de los Estados Unidos por causas relacionadas con la lucha por la independencia de Puerto Rico, así como a aquellos que guardan prisión por causas relacionadas con la lucha por la paz en Vieques;

9. Toma nota con satisfacción del informe preparado por el Relator del Comité Especial, en cumplimiento de lo dispuesto en su resolución de 14 de junio de 2005;

10. Solicita al Relator que informe al Comité Especial en el año 2007 sobre la aplicación de la presente resolución;

11. Decide mantener la cuestión de Puerto Rico bajo examen continuo.

[1] A/AC.109/2006/L.3.